El abogado de la mujer del presidente solicita el archivo de la causa principal contra ella y el resto de investigados y recuerda al juez que la Ley obliga a concretar la acusación y no a exponer vagamente «condicionales» para pasar a la vía del tribunal del jurado
Begoña Gómez pide al juez Peinado que recabe información sobre los asistentes de todas las parejas de los presidentes
La defensa de Begoña Gómez, así como las de su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron en la tarde de este lunes al juez Juan Carlos Peinado que archive la parte principal de la investigación abierta contra la esposa del presidente del Gobierno, en la que indaga en su actividad en la Universidad Complutense y sus relaciones con Barrabés. Así se pronunciaron las tres partes durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación del procedimiento por la Ley del Tribunal del Jurado.
Antonio Camacho, abogado de Gómez, destacó que ni el juez en su auto de transformación del procedimiento en tribunal del jurado ni las acusaciones populares en la vista que se celebró este lunes han presentado un solo indicio contra su clienta. “La Ley del Jurado no ampara condicionales. Lo que pretendía el legislador era, evidentemente, la concreción de los indicios, y no la utilización de fórmulas estereotipadas y vacías de cualquier contenido”, trasladó Camacho dentro de la sala, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración. De las acusaciones populares Camacho dijo que relataron “una novela”, añaden estas mismas fuentes.
En su intervención, el letrado fue repasando cada uno de delitos de los que se acusa a la mujer del presidente del Gobierno. Destaca la mención a la acusación por tráfico de influencias por firmar dos cartas tipo, en representación de la Complutense, respaldando que aplicaría un software que el empresario Barrabés, también imputado, presentaba a un concurso. Camacho recordó que las cartas “no están en el procedimiento” y que quien acusa a Gómez también debería hacerlo contra “una institución tan seria” como es el Ayuntamiento de Madrid, de la que salieron misivas en el mismo sentido.
“Que Begoña Gómez sea la mujer del presidente no justifica una investigación universal como la que se está haciendo de su vida personal, profesional, de todas sus actividades, de su formación académica…”, continuó Camacho, de acuerdo a las citadas fuentes, que relatan que el letrado insistió después: “No existen indicios, no existían en el auto que nos convocó y no se han puesto de manifiesto en la intervención de la acusación popular. No se puede hablar de la verosimilitud de aquello que no existe”.
El abogado se refirió a la conexión entre delitos que, según Peinado, justificaría un segundo juicio por el tribunal del jurado. El juez hizo un “corta y pega” de un artículo en una revista jurídica para trasladar esa teoría y después trató de encajar en esa tesis la actuación del presidente del Gobierno. Otra vez Camacho se refirió a la falta de fundamentación del juez. “No hay una delimitación de qué delitos se imputan a unas personas y cuáles a otras [además de Gómez están imputados en esta pieza principal Barrabés y la asistente Cristina Álvarez]”, se quejó el letrado.
Y, a continuación, siguió: “Supongo que nadie sostendrá en este acto que al señor Barrabés se le está imputando un delito de intrusismo o que la señora Álvarez se le está imputando un delito de intrusismo. Que el señor Barrabés es responsable también de la apropiación indebida o la señora Álvarez”. “Es obvio que existen conductas que se desarrollan en el objeto de este procedimiento en la Universidad Complutense y otras que se desarrollan en la administración pública”, continuó el abogado para argumentar la imposibilidad de conectar todos los delitos y a los tres imputados en un procedimiento, según exige la Ley del Jurado.
Cuatro delitos
El magistrado citó este lunes a la esposa del presidente del Gobierno, a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y a Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los cuatro delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si es o no culpable. El pasado 23 de septiembre, el magistrado había decidido dirigir hacia esta misma vía la parte de la causa centrada en la supuesta malversación por las labores realizadas por la asesora de la Moncloa que asiste a la mujer del presidente del Gobierno. Si los procedimientos siguen adelante, la mujer del jefe del Ejecutivo se enfrentará a dos juicios con jurado popular.
Hace casi un año y medio, el juez Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez a raíz de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias, basada en informaciones de prensa, algunas de ellas directamente falsas. Desde entonces, la investigación principal acumula varias ramificaciones, aunque hasta ahora no se han aportado pruebas de los delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida o intrusismo que indaga el magistrado.
En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una. Después de que la Fiscalía Europea asumiera esta parte de la causa debido a que los contratos habían sido financiados con fondos comunitarios, Peinado optó por investigar si Begoña Gómez podría haber tenido algún tipo de influencia en los otros contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. Por el momento, no ha aflorado ningún indicio de que la esposa del presidente interviniera en esas licitaciones.
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Asimismo, el juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el delito de intrusismo por firmar un pliego en una licitación de la Complutense, donde codirigía la citada cátedra; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.
