El juicio a Ábalos revela el nepotismo en Transportes y apunta a que la trama no logró enraizar en otros ministerios 2026

El juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor Gonzalo de Aldama empieza a dibujar en sus primeras jornadas un boceto del alcance real de la trama que llevó la corrupción al corazón del Gobierno. A la espera de abordar los contratos de mascarillas, en las tres primeras sesiones celebradas esta semana se han acumulado testimonios que apuntalan las tesis de las acusaciones sobre el nepotismo ejercido en las empresas de la órbita del Ministerio de Transportes. De forma paralela, sin embargo, la declaración de otros testigos ha apuntado las dificultades que tuvo la presunta organización criminal para desplegar su influencia en otros departamentos estratégicos de la Administración. 

Los intentos de la red por extender su esfera de favores a otros ministerios fracasaron al toparse con los procedimientos burocráticos que, en algunos casos, sí funcionaron. El primer ejemplo de este bloqueo afectó directamente a los intereses económicos de Aldama. La investigación detalla cómo Koldo García utilizó sus contactos para conseguir que el empresario se reuniera en junio de 2020 con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo del encuentro era de máxima urgencia para Aldama: lograr el aplazamiento de una deuda tributaria que asfixiaba a una de sus sociedades, Pilot Real Estate. 

Moreno se reunió con el comisionista, pero no tenía competencias directas sobre expedientes de la Agencia Tributaria, así que derivó el asunto a un asesor técnico de su gabinete, el inspector de Hacienda Ignacio Granado. El pasado jueves, en su declaración ante un tribunal de siete magistrados, Granado reconoció que trasladó a la Agencia Tributaria la consulta sobre si esa deuda podía ser aplazada. Pero la presión de la trama fue estéril: no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna en favor de la sociedad, tal y como ha reconocido la Fiscalía en el escrito en el que pide 24 años de cárcel para Ábalos. 

Según Granado, él procedió como en otras ocasiones ante este tipo de peticiones “no habituales, pero tampoco infrecuentes” porque la competencia para esos asuntos no es del Gabinete del Ministerio de Hacienda sino del Gabinete de la Agencia Tributaria. “Me limité a trasladar [el asunto concreto] y al cabo de unos días, cuando desde la Agencia Tributaria me respondieron, yo se lo trasladé a mi superior jerárquico”. Y ahí acabó su gestión sobre el asunto, según el testimonio que prestó bajo la promesa de decir verdad. 

El asunto del aplazamiento de esta deuda evidencia los vaivenes de Aldama en su estrategia de colaborar con la Justicia. En la declaración en la Audiencia Nacional que le permitió salir de prisión en noviembre de 2024 —adonde había entrado por un grave caso de fraude en el sector de los hidrocarburos—, afirmó que Hacienda le concedió el aplazamiento tras la “gestión” con el jefe de Gabinete de la ministra. E incluso fue más allá al afirmar que “al mes o dos meses” acabó dando al alto cargo Carlos Moreno, a través de Koldo García, un sobre con 25.000 euros en una reunión que mantuvieron los tres en un bar de “debajo” del Ministerio de Hacienda. Carlos Moreno, que también declarará como testigo en el juicio, negó en su interrogatorio durante la investigación haber recibido ese dinero. 

El comisionista repitió esta misma versión en un escrito remitido un mes después al Tribunal Supremo y que lleva la firma de su abogado, José Antonio Choclán. “Podrá obtenerse de la Agencia Tributaria el expediente tributario completo relativo a esta mercantil, donde podrá comprobarse la concesión del aplazamiento y su fecha, y su cotejo con las fechas en las que se mantuvieron aquellas comunicaciones”, puede leerse en el escrito, en el que el comisionista trató de reforzar su acusación y aportó como prueba un pantallazo que acreditaría que tiene su número de teléfono guardado en la lista de contactos de su teléfono y su tarjeta de visita. 

Sin embargo, un año después, en su escrito de defensa, el letrado del comisionista mostraba su conformidad con el relato plasmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su escrito de acusación. En ese escrito, el representante del Ministerio Público destaca que Aldama no logró el aplazamiento de la deuda con Hacienda a pesar de las maniobras de la trama. 

El abogado del empresario añadió sobre ese episodio parte de lo recogido en el escrito de la acusación popular, dirigida por el letrado del PP: que Koldo García intermedió con Moreno por esa deuda que había pretendido aplazar previamente sin éxito Aldama por falta de avales. Y que el entonces asesor le habría indicado que debía tener un detalle —25.000 euros— con el jefe de gabinete de Montero por la gestión. 

Pero el letrado de Aldama nada dice en su escrito de lo que sí incluye el del PP, que ese aplazamiento sí habría sido concedido y que “la citada mercantil no figuró en la lista de deudores cerrada a 31 de diciembre de 2020”. Según la acusación popular, la empresa no figuró como morosa “hasta la lista de diciembre de 2021, que recogía las deudas hasta agosto de ese mismo año y en la que figuraba ya la citada sociedad”, Pilot Real Estate. 

Las gestiones equivocadas para Villafuel

El segundo fracaso se evidenció en los intentos de la trama por adentrarse en el sector de los hidrocarburos. Nuevamente, Koldo García orquestó reuniones al más alto nivel, aunque en la ventanilla equivocada. En enero de 2021, el entonces asesor promovió un encuentro entre Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto, y los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, quienes buscaban desesperadamente una licencia de operador al por mayor para la empresa Villafuel. 

Carmen Pano, que compareció esta semana como testigo en el juicio, dijo que fue Aldama quien facilitó que se produjera esa reunión gracias a sus “relaciones” en el Gobierno. Y que Claudio Rivas quedó “encantado” con la cita, en la que llegó a estar en algún momento Koldo García. Esa misma mañana, su hija Leonor González Pano puso cifras al precio que Claudio Rivas había puesto a las gestiones de Aldama. Según ella, abonó al comisionista un millón de euros con contraprestación por sus movimientos en relación con la licencia. 

No obstante, las promesas de la trama chocaron con la realidad administrativa: el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que evaluó la solicitud basándose en criterios técnicos y económicos y que llegó a denegar la licencia formalmente en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera exigida.

En paralelo a esas gestiones y, según el escrito del fiscal, Aldama, que ya hacía meses que buscaba premiar a Ábalos con un chalé por los contratos de las mascarillas, encontró la ocasión ideal para que su socio en el sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas, corriera con la compra de esa nueva dádiva. La fórmula fue la de adquirir el inmueble a través de una sociedad vinculada a Rivas, Have Got Time, de la que era testaferro Leonor González Pano. Y canalizar el disfrute de la vivienda para el entonces ministro por medio de un contrato de alquiler con opción a compra. 

En julio de 2021, Ábalos abonó 7.500 euros como fianza y pago de un primer mes de alquiler. No hizo ningún abono más hasta que en noviembre de ese mismo año y, según la versión ofrecida por la empresaria Carmen Pano en el juicio, madre de la testaferro de Have Got Time, Claudio Rivas se hartó de ver cómo pagaba y pagaba sobornos a cambio de nada y decidió dejar a Ábalos sin chalé.

Villafuel solo logró obtener el título de operador casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos con su propio equipo de auditores y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno de España.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al caso en el que están investigados Aldama y Claudio Rivas por el fraude en los hidrocarburos cifra un millón de euros el dinero invertido por ambos para “comprar la voluntad” de Ábalos. Gran parte de esos fondos se habrían dedicado a la compra del chalé de La Alcaidesa.  

Los enchufes de la ‘sobrina’ y de la amiga militante 

Con todo, y a pesar de que esos intentos de la trama por penetrar en otros ministerios que no fueran el de Ábalos no fueron efectivos, lo que sí ha quedado acreditado a lo largo de las tres sesiones del juicio es que tanto Ábalos como Koldo García pudieron implicarse en la contratación de dos mujeres vinculadas al ministro en empresas públicas que dependían en última instancia de Transportes. Es el caso de Jésica Rodríguez, con quien Ábalos mantuvo una relación sentimental durante meses. La joven disfrutó de un sueldo de mileurista primero en Ineco y luego en Tragsatec —ambas subcontratadas por Adif— sin tener que trabajar. 

Durante la vista, Joseba García, hermano de Koldo, afirmó que ella se quejaba de una gran carga de trabajo. Sin embargo, la joven declaró que no tuvo que trabajar nada y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y, cuando dejamos de ser pareja, seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.

Claudia Montes, la segunda mujer presuntamente ‘enchufada’, esta vez en Logirail, sostuvo que sí trabajó en la compañía dependiente de Renfe, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo. 

Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Enrique Martínez Torres, quien fue director gerente de Logirail para la zona norte, declaró que cuando denunció ante sus superiores que Montes no iba a trabajar a su puesto en Oviedo recibió hasta dos llamadas de Koldo García en las que le “amenazó”, tanto a él como a la directiva de esa filial de Renfe, con que si “se trataba mal a esta señora y que iban a rodar cabezas”.

Por su parte, Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública, explicó que cuando se percató de que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Y afirmó que Ignacio Zaldivar, el responsable de Adif (para el que trabajaba Tragsatec) le indicó que era una orden de la entonces presidenta de ese ente público, Isabel Pardo de Vera, porque había recibido una llamada del ministro Ábalos. Ese extremo fue confirmado por el propio Zaldivar, que apuntó que llegó a recibir hasta dos apercibimientos sobre el asunto Jésica Rodríguez por parte de Pardo de Vera. 

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