Feijóo promete aprobar una ley del concebido no nacido si gobierna, desmontar el calendario de cierre nuclear y blindar la concertada
Feijóo dice que no usará “la herencia recibida” de Sánchez “como coartada” para incumplir su programa
El PP incluye en su programa electoral para el 29 de noviembre la prioridad nacional que Feijóo y Vox han pactado, y puesto en marcha, en cuatro comunidades autónomas. “Estableceremos criterios de prioridad en el acceso a determinadas ayudas, prestaciones y recursos públicos para procurar la asignación prioritaria a quienes mantengan un arraigo real, duradero y verificable con España”, dice.
Se tendrán en cuenta, entre otros elementos, el empadronamiento, la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema. Estos criterios se aplicarán “dentro de los límites constitucionales y europeos, por lo que no podrán basarse exclusivamente en la nacionalidad”.
Fin a la autodeterminación de género y la Ley de Memoria
Como ya prometiera Alberto Nuñez Feijóo cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso aprobó la ley del concebido no nacido en Madrid, el PP incluye esta misma legislación a nivel estatal. De esta forma, el embrión “computará para determinar las ayudas y beneficios que correspondan a la familia”, una medida que entronca con la estrategia que el movimiento antiabortista lleva algunos años ensayando a nivel global, especialmente en EEUU.
El programa promete que España “será el mejor país de Europa para formar una familia”, un epígrafe en el que también incluye la ampliación de permisos por nacimiento o afirma que “facilitará la congelación de óvulos para mujeres jóvenes”. “Cualquier mujer que quiera ser madre será ayudada”, afirman los populares, que establecerán “incentivos” para empresas que contraten a trabajadores con hijos pequeños.
Dentro del apartado de la seguridad y sin nombrar ni una vez en todo el programa la palabra “machismo”, el PP se compromete a “garantizar la fiabilidad” de las pulseras antimaltrato y aumentar los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los juzgados. Además, promete ampliar la prisión permanente revisable “a quien haga desaparecer a su víctima” y a los “depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes”.
Los de Feijóo también prometen “revisar las normas que hayan generado inseguridad jurídica en nombre de la igualdad” y ejemplifican con la Ley Trans, sobre la que se comprometen a eliminar la autodeterminación de género “para proteger a los menores”. Además, afirman que garantizarán que el “sexo biológico sea el criterio para las categorías deportivas femeninas”. Sobre el colectivo LGTBI, solo mencionan de forma abstracta “continuaremos luchando contra la LGTBIfobia”. Y aseguran que prohibirán el uso del burka y el niqab en los espacios públicos porque “ninguna costumbre ni creencia justificará la subordinación de la mujer ni la discriminación de nadie”.
Siguiendo el camino que ha abierto junto a Vox en las comunidades autónomas, el PP quiere derogar la Ley de Memoria Democrática vigente desde 2022 y sustituirla por una Ley de Concordia. Para justificar la decisión, la formación conservadora agita el mantra de que fue una norma “corredactada” por Bildu y mezcla una vez más con ETA al acusar al Gobierno de pactar “con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir la historia desde la manipulación y el enfrentamiento”.
Los populares aseguran que la ley de concordia, que en su versión autonómica suele difundir un mensaje revisionista de la dictadura franquista, “protegerá la investigación histórica, la reconciliación y el legado de la Transición”, apunta el programa sin mencionar el franquismo o el golpe de Estado de 1936. Lo que sí promete es mantener “con carácter humanitario” la exhumación de fosas. En esta línea, apuesta por que los currículos de Historia se elaboren “con las Reales Academias y las sociedades científicas” para que el alumnado “estudie la Constitución, la Transición y el daño causado por el terrorismo”.
“Atajar el absentismo injustificado” y cambios en el IMV
En materia laboral, el PP promete “atajar el absentismo injustificado” para lo que avanza que reforzará “el papel de las mutuas para agilizar la gestión de la incapacidad temporal”, como avanzó Feijóo que permitiría a estas organizaciones empresariales dar el alta en enfermedad común. “Premiará” a las empresas que “mejor gestionen la incapacidad temporal” y perseguirá “el fraude de quienes se aprovechan del sistema”, apuntan. En materia de permisos por nacimiento, el PP apunta que se ampliarán, aunque no concreta a cuánto, y sí habla de una mayor flexibilidad en las semanas no obligatorias en las que introducirán “reglas de preaviso que faciliten la planificación de las empresas”. En cuanto a los empleados públicos, el PP plantea ante las jubilaciones masivas de los próximos años “repensar qué debemos hacer con cada servicio, cómo reforzar su neutralidad e imparcialidad” y prevé que la tecnología “libere” a los empleados públicos de tareas repetitivas.
En pensiones, el PP afirma que garantizarán que las pensiones “mantengan su poder adquisitivo y suban cada año con el IPC” y que “asegurarán” a los más jóvenes “que también mantendrán su poder adquisitivo”, aunque aquí no aparece la referencia al IPC. El programa omite cualquier referencia al ingreso mínimo vital (IMV) y en el PP explican que se modificará: se creará “una renta de activación”, que reúna el ingreso mínimo vital y los diferentes subsidios en un solo “camino hacia el empleo”. En este, cada beneficiario “firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo” y rechazar empleos “de forma reiterada y sin causa” supondrá la pérdida de la ayuda.
Vivienda: avales hasta los 50 años
En materia de vivienda, el asunto que ha provocado el adelanto electoral, el PP se compromete a derogar la Ley de Vivienda de 2023 y a construir un millón de casas, abriendo la puerta a “construir vivienda social en suelo dotacional y se permitirá el cambio de uso en suelo de oficinas y locales para transformarlo en vivienda asequible”. Promete extender los avales públicos del 20% para personas hasta 50 años y crear una suerte de cuenta de ahorro para que las personas de hasta 40 años puedan aportar 2.000 euros al año para comprar una casa.
El programa del PP se compromete a hacer “transparentes” los compromisos internacionales en materia de Defensa y, sin señalar si aumentarán el gasto al 3,5% o el 5% del producto interior bruto (PIB) ni cómo se financiará, aseguran que “será una verdadera política de Estado y contará con una inversión plurianual que permita conocer fehacientemente y cumplir nuestros compromisos internacionales”. “España volverá a ser un socio fiable y todo compromiso será respaldado por las Cortes”, dicen.
De las cuentas públicas, Feijóo se compromete a una “auditoría” de todo el gasto público y señala que la segunda prórroga de un Presupuesto General del Estado obligará a disolver las Cortes. “El primer presupuesto tendrá en cuenta las conclusiones de esta auditoría: qué gastos se suprimen, qué estructuras se reducen y qué servicios necesitan más recursos”, recoge.
Sobre la financiación de las comunidades autónomas, cuya reforma saltó por los aires con la convocatoria electoral tras 12 años con un modelo caducado, el PP dice que una Conferencia de Presidentes sentará las bases de un modelo que se negociará, de manera multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El PP dejó caducar el modelo con una mayoría absoluta (2011-2015), entre otras razones, porque las posturas de las regiones que lideran los populares tienen intereses contrapuestos en cómo repartir los recursos. Sí fijan que ninguna comunidad saldrá del régimen común y que todas responderán de sus deudas, cerrando la puerta a la condonación que beneficiaba mayoritariamente a sus gobiernos.
En el ámbito fiscal, el programa recoge una enorme rebaja impositiva al tiempo que promete gastar más en ámbitos como las infraestructuras. Así, propone actualizar los tramos del IRPF y que un joven (entre 18 y 35 años) no pagará IRPF durante su primer año trabajando, y se verá reducido los tres siguientes. También propone eliminar los impuestos que frenen a la inversión. Entre ellos, como ha señalado Feijóo en una entrevista en Expansión, el de la banca o para las grandes fortunas.
Desmonta el calendario de cierre nuclear
El capítulo energético del programa del PP se abre con la nuclear y su promesa de eliminar el calendario de cierre de Almaraz, Ascó, Vandellós, Cofrentes y Trillo. Plantean reformular “con realismo” y “neutralidad tecnológica” el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), aprobar “una estrategia nacional de energía nuclear” y participar “en las iniciativas europeas de reactores avanzados y de pequeños reactores modulares”.
Además, proponen eliminar el bono social de la luz y el gas sustituyéndolo por una “Tarifa Social Única” que lo “mejorará”, sin detallarla. Proponen “un plan de choque para abaratar los servicios que ajustan la producción al consumo y mantienen estable el sistema eléctrico, cuyos costes se han multiplicado por ocho en los últimos años”. “Quien se quede sin luz por un fallo del sistema recibirá una compensación automática, sin tener que reclamarla”, plantean. Junto a la ya anunciada promesa de desbloquear “en 18 meses” el acceso a la red eléctrica de, entre otros, los centros de datos, plantean actualizar “en seis meses” las reglas del funcionamiento del sistema eléctrico “para evitar otro apagón”. Plantean afrontar el cambio climático “desde la ciencia y sin dogmatismos”, “pero ha llegado el momento de revisar los ritmos de cada sector” y “sin calendarios imposibles”.
Nueva ley educativa y blindaje de la concertada
Blindaje de la concertada, nota mínima para la carrera de Magisterio y derogar la Lomloe para lograr una supuesta vuelta a la excelencia son los tres pilares sobre los que se asienta el programa educativo del PP, que cuenta en total con diez propuestas (una de ellas sin desvelar). Excepto en la parte de la escuela privada subvencionada, las ideas educativas del PP contradicen casi todo lo que hizo el partido en sus anteriores etapas en el Gobierno.
El partido de Feijóo arranca explicando que sustituirá la Lomloe por un “nuevo marco educativo” que pactará con los agentes educativos, justo lo contrario de cuando impuso la Lomce, una ley que nadie quería y que fue de las primeras en caer cuando el PP dejó el Ejecutivo.
El partido mantiene su apuesta por la “libertad de elección” de centros para las familias y la defensa de la escuela concertada, siempre que haya “demanda” de las familias, un concepto que no se sabe cómo se mide. También propone eliminar la asignación de escuelas por proximidad y establecer el distrito único a nivel de municipio, una medida que se ha aplicado muchos años en Madrid y que favorece la segregación social.
Además, el PP anuncia que recuperará “la exigencia para pasar de etapa” y que nadie lo hará con asignaturas suspendidas. La frase es ambigua porque sostiene que “en la ESO se pasará de curso con las asignaturas aprobadas”. Más allá de que parezca faltar un “todas”, eso nunca ha pasado: en 2017, el último año de Gobierno popular y cuando su ley educativa ya llevaba cuatro años vigente, entre un 20% y un 26% del alumnado pasó de curso con materias suspendidas.
Un plan contra las listas de espera médicas
Feijóo quiere ser “referente mundial en sanidad y cuidados”. Para ello, el PP se compromete a poner en marcha “un plan urgente de reducción de listas de espera para asegurar una atención ágil y de calidad”. Eso pese a que el programa electoral reconoce las “competencias de gestión” de las comunidades autónomas, la mayoría, actualmente, con Gobiernos del propio Partido Popular. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, en 2025, de las cuatro comunidades con más lista de espera quirúrgica, tres son ‘populares’: Andalucía (173 días), Extremadura (135) y Aragón (132). La segunda con más retrasos es Catalunya (PSOE), con 142 días.
Entre las promesas electorales del PP está la mejora de las condiciones de los profesionales sanitarios y el compromiso de reforzar las plantillas. En las últimas semanas, ha habido huelgas autonómicas en varias comunidades autónomas, varias del PP, como Madrid, Andalucía y Valencia, con reclamaciones concretas, en materia de jornada laboral, el fin de las guardias de 24 horas y una mesa de negociación propia. Es este último punto en el que concreta el programa electoral: “Atenderemos la singularidad de los médicos reconociendo un ámbito de negociación propio”. Sin embargo, no cuantifica otras mejoras, más allá de que se compromete a “abordar” la reducción de las guardias médicas “mediante una planificación adecuada de los recursos humanos” o que se mejorarán “las condiciones de trabajo, la conciliación y la retribución de los médicos y demás profesionales”.
Lo que sí concreta es un aumento de, al menos, 4.500 médicos de Atención Primaria, a través del aumento de la oferta de formación sanitaria especializada. También señala la necesidad de aumentar el número de profesionales dedicados a la salud mental y la atención psicológica y psiquiátrica desde Atención Primaria y avanza que pondrá en marcha un Plan Nacional de Salud Mental 2027-2037 “con financiación garantizada”.
El PP se compromete ahora también a “fortalecer” la Agencia Estatal de Salud Pública “para anticipar amenazas sanitarias y responder con rapidez”, pese a que votó en dos ocasiones en contra de su creación en el Congreso —acabó dando su apoyo en el Senado—. Y a “aliviar el coste de la enfermedad para los pacientes y sus familias”. Lo hará con una deducción en el IRPF de “los gastos acreditados derivados del tratamiento y los cuidados” de familias con un enfermo de cáncer, ELA u “otra enfermedad grave”, y con una rebaja específica para las personas celíacas.
En cuanto a la investigación científica, el punto número 188 del programa promete que “los investigadores que se fueron podrán volver y los mejores querrán venir”. El PP promete agilizar la incorporación de investigadores y el reconocimiento de sus trayectorias, aunque fueron los gobiernos de Mariano Rajoy los que contribuyeron a la salida de miles de científicos al extranjero con una reducción drástica del presupuesto de I+D+i y la tasa de reposición cero en los organismos públicos de investigación. La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) documentó que la partida de I+D+i pasó de representar el 2,7% del presupuesto estatal en 2008 al 1,5% en 2018.
Cambio climático
El Partido Popular planea ralentizar la lucha contra el cambio climático. En su programa especifica que “ha llegado el momento de revisar los ritmos de cada sector. Pondremos freno a la imposición de calendarios imposibles”. En realidad, el ritmo a nivel global es lentísimo, como han atestiguado los cálculos científicos sobre emisiones de CO2. De hecho, el objetivo principal del Acuerdo de París —alcanzado con un Gobierno del PP en España— de limitar el calentamiento global a 1,5ºC extra es virtualmente imposible.
El programa plantea el falso dilema entre medio ambiente o economía al repetir que hará “compatible la protección del medioambiente con el crecimiento económico y el bienestar”. En realidad, el cambio climático es la mayor amenaza a la economía y el bienestar de las personas e incluso la propia alimentación.
A pesar de los cambios legislativos que han desprotegido a la especie en esta legislatura, el Partido Popular juega la baza del lobo al mencionar explícitamente al Canis lupus en su programa electoral: “Garantizaremos la protección de los ganaderos frente al lobo asegurando, al mismo tiempo, su conservación y equilibrio con criterios técnicos”. En realidad, los cambios actuales han permitido a algunas comunidades autónomas decretar la muerte de 100 lobos.
Menos inmersión lingüística y el Congreso solo en castellano
El PP se compromete a garantizar el “derecho a recibir enseñanza en castellano”, una fórmula con la que habitualmente se ha opuesto a modelos como la inmersión lingüística de Catalunya, donde se imparten más horas en catalán. “Garantizaremos el derecho constitucional de recibir enseñanza en castellano en todas las etapas del sistema educativo y en toda la Nación, desde el respeto a las lenguas cooficiales de cada una de las Comunidades y en cumplimiento de las sentencias judiciales”, afirma el programa.
En ese mismo texto también defienden revertir una de las medidas que fueron novedad en esta legislatura en el Congreso, cuando se autorizó por primera vez a que los diputados pudieran utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en territorios del Estado.
“Propondremos la reforma del Reglamento de la Cámara para que los debates parlamentarios se desarrollen en la lengua común de todos los españoles”, afirma la hoja de ruta de Feijóo. “Del mismo modo, el castellano será la lengua de trabajo en los órganos de máximo nivel de cooperación entre el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas”, añaden, dejando claro que se prohibirá el catalán y el resto de lenguas cooficiales en foros como la conferencia de presidentes autonómicos. El PP sí acepta, en cambio, que el catalán, euskera o gallego pueda hablarse en el Senado.
Con información de Aitor Riveiro, Marta Borraz, Antonio Martínez Ron, Daniel Sánchez Caballero, David Noriega, Raúl Rejón, Álvaro Celorio, Laura Olías, Antonio M. Vélez y Arturo Puente.
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