Las miradas en el juicio se vuelven hacia la Fiscalía de la Comunidad de Madrid 2025

En un juicio, no se desperdicia nada. Es posible que un trozo no muy atractivo de la pieza resulte ser muy apetitoso cuando cada parte elabore sus conclusiones finales. Eso no ocurre con frecuencia en la cocina, pero en la justicia es distinto. Claro que se pueden provocar más risas que interés. El abogado de la asociación de fiscales que pide la condena de Álvaro García Ortiz se decidió a hacer una pregunta un poco excéntrica a Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER. “¿Cuando usted le llama (al fiscal general), el Atlético de Madrid ha marcado ya”. Los hechos sobre los que preguntaba coincidieron con un partido de la Champions. Afortunadamente, no había sido necesario llamar a Simeone a que declarara en el juicio.

En realidad, todo era discutir a cuenta de la nada. Campos había telefoneado al fiscal general en una de las llamadas que hizo después de que apareciera la noticia (falsa) que había dado El Mundo minutos antes. La llamada duró cuatro segundos, porque, al no contestar García Ortiz, saltó al buzón del móvil. En ese momento, el reportero ya sabía que era el abogado de Alberto González Amador quien había propuesto llegar a un pacto con la Fiscalía, no al revés. “Llamo al fiscal general para intentar verificar que la información no es cierta. El fiscal general no es mi fuente”. Esto último es lo mismo que declaró la semana pasada José Precedo, periodista de elDiario.es.

Ese testimonio le causó un problema al presidente del tribunal. Andrés Martínez Arrieta reaccionó de forma destemplada y le advirtió a Precedo de que no podía “amenazar” al tribunal. Esta vez el magistrado Arrieta se lo tomó con más calma y no se molestó. Hasta le dejó a Campos explicar en detalle por qué el secreto profesional es esencial: “Garantiza el derecho de la sociedad a acceder a determinadas informaciones”. En definitiva, noticias que nadie podría conocer sin el compromiso de mantener secreta la identidad de la fuente.

Eso es algo que conocen todos los periodistas. En los últimos días, la invocación del secreto profesional ha hecho reaccionar a algunos jueces tuiteros y columnistas de la prensa de derecha, molestos con que esos testimonios hayan podido beneficiar a García Ortiz. Ni siquiera eso resulta evidente, porque son las acusaciones las que tienen que probar que el fiscal general cometió un delito de revelación de secretos, no al revés.

En su intento por desacreditar el testimonio de los periodistas, el abogado de González Amador, que ejerce la acusación particular, puso sobre la mesa tuits de Campos en los que se refería al novio de Isabel Díaz Ayuso como “defraudador confeso”. Campos no lo recordaba, pero no tuvo inconveniente en afirmar que podía ser cierto. Su argumento era que el abogado Carlos Neira había reconocido dos delitos fiscales en la comunicación con el fiscal. Quizá la intención de la pregunta era constatar el daño sufrido por la credibilidad de Amador a causa de la filtración de los documentos de su caso.

José Manuel Romero, periodista de elDiario.es y antes de El País en el momento de los hechos, escuchó la misma pregunta del abogado a cuenta de las palabras “defraudador confeso”. Respondió mencionando el expediente realizado por la Agencia Tributaria que contiene las pruebas obtenidas en la inspección fiscal de Amador, incluida la emisión de facturas falsas. Ese expediente fue enviado a la Fiscalía al superar con 350.000 euros la cantidad mínima que fija la ley para que el caso pase a la vía penal.

Amador intentó responder a esas acusaciones con varias demandas invocando el derecho al honor y amenazando con reclamar altas cantidades de dinero a políticos y periodistas. La que llegó más lejos fue la dirigida contra la vicepresidenta María Jesús Montero por ser aforada. El Tribunal Supremo la desestimó. Otras demandas se encuentran en fases iniciales en varios juzgados, sin que ninguna de ellas tenga mucho futuro después de la decisión del Supremo.

Tanto Campos como Romero no identificaron el nombre de sus fuentes y también negaron que García Ortiz fuera quien les suministró la información. Sin embargo, ofrecieron un dato revelador. Campos confirmó a preguntas de la fiscal que había ido a hablar con su fuente y que había sido rápido, ya que fue “lo que me cuesta subir a la tercera planta”, que es donde está la sede de la Fiscalía Superior de Madrid, que dirige Almudena Lastra.

Romero precisó que lo que conocía procedía “siempre de fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid”, el mismo organismo. “Quiero que quede esto claro desde el principio”, insistió.

La fiscal Lastra fue la testigo que con más dureza criticó los pasos dados por la Fiscalía General del Estado (FGE). Declaró que esa noche del 12 de marzo estaba convencida de que la FGE iba a filtrar los documentos del caso de Amador, aunque no aportó ninguna prueba concreta que el tribunal pueda valorar, más allá de su opinión.

Romero admitió que no tuvo en su poder el email del 2 de febrero que inició las comunicaciones entre el fiscal Salto y el abogado de Amador. Lo que sí tenía era información de su fuente que confirmaba que no era cierto lo que estaban diciendo Díaz Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez. “No sólo no es una cacería (de la que Ayuso acusaba al Gobierno), sino que el abogado de Amador ha presentado una oferta de conformidad por la cual reconoce los delitos, se apresta a pagar una multa y con eso reduce la pena de cárcel y evita entrar en prisión”, le dijo la fuente.

El testimonio de Campos y Romero coincidió con el de Precedo del pasado miércoles. Todos ellos, que trabajaban entonces para tres medios diferentes –a los que hay que sumar a Alfonso Pérez Medina, de La Sexta–, conocían el contenido de las comunicaciones entre fiscal y abogado desde horas o días antes de que llegaran a manos del fiscal general. Los documentos del caso ya no eran un secreto ni para esos periodistas ni para sus fuentes en la Fiscalía Superior de Madrid. Se escuchó una frase reveladora de Romero: “Si los hubiéramos publicado inmediatamente sin hacer nuestro trabajo, ahora no estaríamos aquí”.

Si los periodistas hubieran soltado rápidamente todo lo que sabían sin hacer ninguna comprobación, sin hacer llamadas para confirmar lo que sabían, sin moverse con cautela para no revelar la identidad de sus fuentes, todo ello en plan aquí te pillo y aquí te mato, no se habría celebrado este juicio. De entrada, la FGE no habría difundido un comunicado que por lo demás no es objeto de este juicio, porque el juez instructor no consideró que ahí hubiera ningún delito. Da que pensar sobre los límites del periodismo y del propio sistema de justicia.

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