El exjuez, que representa a tres afectados, presenta un incidente de nulidad que denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales
El Constitucional rechaza la petición del Defensor del Pueblo de reactivar el voto de 160.000 nacionalizados
El despacho del exjuez Baltasar Garzón, que representa a tres afectados por la suspensión del voto a miles de nacionalizados por la ley de nietos, busca ahora la vía para que el asunto regrese al Tribunal Constitucional tras su primera negativa a intervenir. El despacho ha presentado un incidente excepcional de nulidad de actuaciones en el que denuncia que se han vulnerado derechos fundamentales, según explica en una nota de prensa.
La presentación de un incidente de nulidad es un trámite previo y obligado para interponer un recurso de amparo ante el Constitucional. El despacho defiende que las cautelares del Supremo “no se pueden revocar una vez adoptadas” y confirmadas. En consecuencia, sólo cabe solicitar su nulidad para, después, poder acudir de nuevo al tribunal de garantías.
En el incidente de nulidad invoca la protección judicial del derecho fundamental de participación política. Argumenta el despacho que “la suspensión del derecho de sufragio activo (voto) está excluido de nuestro ordenamiento jurídico desde el año 1995, cuando tan sólo podía imponerse de forma individualizada y justificada, nunca en masa, por sentencia penal firme”.
Además de este derecho fundamental lesionado, se invocan otros tres. Se trata del principio de igualdad ante la ley y a no sufrir ningún tipo de discriminación, debido a que se ha suspendido el derecho a voto de extranjeros inscritos en el CERA, el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior, que adquirieron la nacionalidad por la condición de exiliados con motivo de la guerra Civil y el Franquismo, pero no de aquellos que la han adquirido por idéntica vía, pero viven en España.
Además, defienden que la decisión del Supremo vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva. Por un lado, debido a la indefensión padecida por los afectados, que solo fueron llamados a participar en el proceso cuando la resolución de las medidas cautelares fue firme. Y, por otro, debido a “la arbitrariedad de la decisión de adopción de las medidas, al tratarse la suspensión del sufragio activo de una medida contraria a la legalidad constitucional, no guardar relaciones con la cuestión del procedimiento principal y estar fuera de la competencia del Supremo”.
El pleno del Constitucional decidió esta semana, por diez votos contra dos, inadmitir la petición del Defensor del Pueblo para reactivar de forma urgente el voto de más de 160.000 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos. Los magistrados defendieron que el organismo presidido por Ángel Gabilondo pretendía intervenir de forma prematura en el proceso cuando todavía se está tramitando el caso ante el Supremo y no entraron a examinar el fondo del asunto.
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