El líder popular cae en diversas informaciones incorrectas para justificar su intención de derogar la ley que garantiza una muerte digna, a pesar de ser un derecho que ha sido avalado por el Tribunal Constitucional
El juzgado da vía libre a la eutanasia de Francesc Augé tras dos años en suspenso al renunciar su padre a impedirla
“La vida digna está por encima de la muerte digna”. Así lo ha afirmado Alberto Núñez Feijóo en una entrevista en La Ser que ha agitado el avispero respecto al debate sobre la eutanasia. El candidato del PP ha vuelto a poner sobre la mesa su intención de reformar la ley que garantiza la muerte asistida y lo ha hecho con un seguido de falsedades que no responden a la realidad.
La más evidente es su afirmación de que “el papel de los médicos, los especialistas, es secundario” en el proceso eutanásico. Eso es, directamente, falso. Los facultativos son quienes acompañan, deciden y, sobre todo, tienen la capacidad de revocar en cualquier momento la solicitud de muerte asistida de un ciudadano. “Es una ambigüedad médica clara”, apunta Fernando Marín, vicepresidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).
Actualmente, según la ley, el proceso para acceder a la eutanasia pasa por pedirlo al médico especialista o de cabecera, que debe rubricar la solicitud y consultar al llamado ‘médico consultor’, un facultativo sin relación previa con el paciente que verifica que se cumplen con los requisitos. Una vez aquí, la petición pasa a la Comisión de Garantía y Evaluación, formada por especialistas médicos y juristas, y que tiene la última decisión. En cualquiera de estos estadios, se puede revocar la petición.
“Es una ley tremendamente garantista en la que los médicos tienen un papel fundamental. Decir lo contrario es querer confundir a la población”, asegura Marín. Por ello, aunque Feijóo insista en que quiere “derogar” la ley de eutanasia, eso no es tan fácil, puesto que el Tribunal Constitucional avaló el derecho a morir dignamente.
Con todo, ante la dificultad de derogar la ley, el objetivo del PP es, realmente, reformarla mediante el “filtro paliativo”. Se trata de un requisito que quiere obligar a que los facultativos que participan del proceso de evaluación sean todos especialistas de paliativos. Eso supone un problema, porque reduciría bastante la lista de profesionales disponibles para participar en la evaluación, lo que acrecentaría muchísimo los plazos.
“Es una manera de aumentar las denegaciones de manera indirecta. Dificultar encontrar médicos responsables y consultores sólo conseguirá que la gente se muera ates de acceder a la eutanasia, no que se deje de solicitar”, insiste Marín.
Según el Ministerio de Sanidad, en 2025 se tramitaron 1.284 solicitudes para morir, un 31% más que el año anterior. De ellas, menos de la mitad (48%) acabaron recibiendo ayuda. Eso, según DMD, demuestra tanto que la ley es “muy garantista”, como que ya hay dificultades para conseguir acceder a la prestación. Esta afirmación se sustenta en otro dato: el 31,5% de solicitantes murieron durante el proceso de tramitación.
“Tenemos una cifra de muertes asistidas muy baja porque a la gente le cuesta encontrar médico responsable. La gente se muere antes, sobre todo las personas con cáncer”, explica Marín. De nuevo, los datos lo avalan. El cáncer supone casi el 40% de las solicitudes, pero las que reciben la prestación son menos del 30%. En cambio, estas cifras se invierten con las enfermedades neurológicas: suponen el 30% de las solicitudes y el 46% de las eutanasias realizadas.
Una de las maneras de entender la dificultad de encontrar médicos responsables y consultores es mirar los datos por comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en sanidad. Todas las regiones que se encuentran por debajo de la media en la realización de prestaciones (a excepción de Castilla-La Mancha) están gobernadas por el PP.
El motivo es que en estas comunidades suele haber más médicos objetores de conciencia. Eso significa que la solicitud debe ser trasladada al director del centro de salud que, si no encuentra a un facultativo entre su plantilla, debe preguntar al gobierno autonómico. “Se nota mucho que, según quien gobierne, cuesta más o menos encontrar profesionales”, insiste Marín.
A pesar de todas estas evidencias, Feijóo ha afirmado que está “de acuerdo” con la muerte digna, “pero antes de llegar ahí, hay que garantizar una vida digna”. Después de esta máxima, el líder popular ha aprovechado para volver a traer a colación el caso de Noelia, la joven que consiguió la eutanasia tras casi dos años de batalla legal con sus padres, que quisieron impedirle este derecho.
“El caso Noelia nos impactó. A mí me escribió su madre y me pidió que no volviera a pasar lo que le pasó a su hija”, ha asegurado Feijóo. Para DMD, que el líder del PP mencionara a la chica, es “un horror, una instrumentalización clara y gravísima”. Marín recuerda que a Noelia se le aplicó la eutanasia por la paraplegia que sufría, no por su depresión crónica. “Aun así, parece que hay quien quisiera que se volviera a intentar suicidar”, lamenta el vicepresidente de la entidad.
“Lo que hay que combatir es la desigualdad, las condiciones vitales que quitan la dignidad de las personas que sufren emocionalmente o por su situación socioeconómica. Eso es lo que hay que arreglar, no una ley de eutanasia que viene a dejar que la gente acabe su vida en dignidad y como decidan”, zanja Marín.
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