El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acuerda la medida cautelar solicitada por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley del aborto
El Gobierno da un mes a Madrid, Balears y Aragón para crear el registro de objetores antes de ir a los tribunales
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al gobierno de la Comunidad de Madrid que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. Lo hace en respuesta a la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional.
La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención.
El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. La consejera madrileña, Fátima Matute, no puso entonces ningún inconveniente: la objeción podía ser parcial o total, no necesitaba motivarse en ningún caso y los datos quedaban “especialmente protegidos”. Es decir, no es un registro público. Pese a ello, el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.
El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.
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