Sanidad afirma que tiene “instrumentos legales” si los pasajeros del barco del hantavirus se niegan a hacer cuarentena 2026

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este jueves al “sentido común y la responsabilidad” de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, para que asuman la cuarentena una vez que lleguen desde Canarias al Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’. “Estoy convencida de que van a ser responsables y van a querer estar vigilados en cuidado de su propia salud y de la salud pública”, ha dicho García en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha advertido que, de no hacerlo, tienen “instrumentos legales suficientes para proteger la salud pública”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, había anunciado a última hora del miércoles que la cuarentena en el hospital militar sería “voluntaria”. “Tiene que haber un consentimiento informado”, señaló Robles, “puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de cuarentena privado de libertad en una habitación”.

Desde Sanidad salieron al paso de estas declaraciones asegurando que, “en todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición, como no podría ser de otra manera”.

Pero este jueves, García sí ha mencionado ese consentimiento. “Cuando [los 14 españoles en el crucero] lleguen a Madrid, vamos a hacer una evaluación, que nos den el consentimiento y, posteriormente, tendremos que ir evaluando día a día cuál es la evolución. Les haremos PCR y todas las pruebas necesarias y evaluaremos con expertos internacionales cuál es la cuarentena”, señaló la ministra de Sanidad.

Desde este departamento, ha explicado, se han puesto ya en contacto con las familias. “Les hemos trasladado la necesidad de proteger su salud y la salud pública”, ha expresado García, que confía en la “responsabilidad” de los cruceristas. “Estoy convencida de que van a ser responsables”, ha insistido.

En caso de que se nieguen, García ha repetido que el Ejecutivo dispone de los “instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas suficientes para proteger a la población”. En concreto, la ministra ha mencionado las “medidas especiales en materia de salud pública” que recoge la ley.

La Ley General de Sanidad establece, en su artículo 26, que las autoridades sanitarias “adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes” cuando “exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud”.

Además, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública recoge que en su artículo segundo que “las autoridads sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento, tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas”. “Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible”, indica en su artículo 3.

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