La Corte Suprema permitió el lunes que el presidente de EE.UU. Donald Trump avanzara con un controvertido decreto dirigido contra los votos por correo, pero es casi seguro que la decisión no será la última palabra sobre si el Gobierno puede realmente implementar su plan de amplio alcance.
En el centro de la disputa se encuentra un decreto que Trump firmó en marzo y que otorga al Servicio Postal de EE.UU. un papel sin precedentes para decidir si envía los votos por correo, una medida que llega después de años en los que el presidente ha hecho afirmaciones infundadas sobre el voto ilegal por correo.
Pero la orden de la Corte Suprema, emitida con el desacuerdo de tres jueces liberales, no resuelve la legalidad de la propuesta de Trump. El plan del presidente para el USPS sigue bloqueado en todo el país. Y es casi seguro que nuevas acciones judiciales volverán a llevar el decreto de Trump ante los jueces, posiblemente dentro de unos días.
Por ahora, ningún votante que tenga previsto emitir su voto por correo en las elecciones de mitad de mandato necesita cambiar sus planes. Aun así, la decisión del máximo tribunal le dio al presidente una victoria procesal en un tema que ha sido clave en su discurso durante años. Y probablemente generará incertidumbre tanto para los votantes como para los funcionarios electorales estatales, que se apresuran a prepararse para las importantes elecciones de mitad de término de este año.
La decisión del tribunal del lunes no abordó la legalidad del decreto de Trump, sino el momento en que 23 estados demócratas presentaron una demanda para impugnarla. Los conservadores del tribunal concluyeron que la demanda se había presentado demasiado pronto porque el Gobierno de Trump aún no había tomado ninguna medida para implementar efectivamente sus planes.
“El decreto no impone ninguna exigencia a los estados”, escribió el máximo tribunal en una decisión sin firma que no reveló el resultado de la votación. Para suspender la directriz, escribió el tribunal, los tribunales inferiores tuvieron que “especular” sobre el posible daño que sufrirían los estados demandantes.
La decisión del lunes, indicó el tribunal, no significa que el presidente finalmente podrá implementar la disposición del decreto relacionada con el USPS.
“En ese aspecto”, escribió el tribunal, “el tiempo lo dirá”.
Trump sí obtuvo una victoria más clara en otra sección de su decreto. El Departamento de Seguridad Nacional podrá avanzar con un plan para crear listas de votantes de cada estado que, según ha determinado, son ciudadanos de EE.UU. y, por lo tanto, tienen derecho a votar. Pero el plan de Trump no exige que los estados hagan nada con esas listas.
La apelación de emergencia de Trump ante la Corte Suprema había estado pendiente durante casi un mes, un período inusualmente largo. En ese lapso, la disputa concreta sobre los votos por correo avanzó mucho más allá del caso que el máximo tribunal resolvió el lunes.
Uno de los principales argumentos del Departamento de Justicia para sostener que los estados presentaron su impugnación de forma prematura era que el Servicio Postal de EE.UU. aún no había adoptado formalmente una normativa obligatoria que detallara cómo implementaría el plan del presidente. Mientras el caso estaba pendiente ante el tribunal, el USPS emitió esa normativa, lo que aportó más claridad sobre cómo pretendía ejecutar la orden.
Mientras tanto, el mismo tribunal federal de distrito de Massachusetts que había frenado el plan de Trump para el USPS en la impugnación presentada por los estados demócratas emitió otra decisión en un caso separado promovido por grupos defensores del derecho al voto, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles. En esa decisión, la jueza Indira Talwani, designada para el cargo por el presidente Barack Obama, bloqueó las directrices del USPS en todo el país.
Esa decisión separada sigue vigente. Y por eso, pese a la decisión de la Corte Suprema del lunes, el decreto del presidente para el USPS continúa bloqueado.
Talwani ya está actuando con rapidez y ordenó una nueva ronda de escritos para el martes por la mañana. Podría emitir otra decisión tan pronto como el martes para volver a bloquear temporalmente el decreto de Trump, de una manera que prepararía la disputa para regresar por la vía rápida a la Corte Suprema.
Debido a las maniobras legales en curso, aún no está claro que la decisión de la Corte Suprema del lunes vaya a tener algún efecto en las elecciones de mitad de mandato de este año. Según la Constitución, los estados y el Congreso determinan los procedimientos de votación, no la Casa Blanca ni las agencias federales, un punto que casi con certeza se planteará en una etapa posterior del caso.
Dicho esto, tanto para Trump como para los grupos que lo impugnan, el tiempo es esencial.
Si los tribunales federales intentan frenar el decreto de Trump cuando se acerque noviembre, probablemente chocarán de frente con una compleja doctrina judicial conocida como el “principio Purcell”. Con base en una decisión de la Corte Suprema de 2006, el principio advierte a los tribunales federales de todos los niveles que no deben hacer cambios de último momento en las reglas de votación. Si el litigio se prolonga, es casi seguro que el Departamento de Justicia argumentará que ya es demasiado tarde para que los tribunales intervengan y detengan al Gobierno antes de las elecciones de mitad de término de este año.
La jueza Ketanji Brown Jackson, quien expresó su disenso el lunes, advirtió que el Gobierno podría “manipular el sistema”.
“Desde hace algún tiempo, la Corte sostiene que incluso las reclamaciones legales válidas relacionadas con las elecciones pueden presentarse demasiado tarde”, escribió el lunes Jackson, la jueza liberal de menor antigüedad en la Corte. “La revelación de hoy es que esas reclamaciones también pueden presentarse demasiado pronto, sin importar que se avecinen unas elecciones y que actualmente se estén produciendo perjuicios relacionados”.
Faltan menos de 80 días para las elecciones del 3 de noviembre.
Ell decreto del presidente de marzo puso en marcha dos cambios importantes.
En primer lugar, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) elaborar listas de ciudadanía estado por estado utilizando bases de datos federales, incluidos datos del Seguro Social y registros migratorios. El objetivo: identificar quiénes podrían ser elegibles para votar en elecciones federales y proporcionar a los estados datos para compararlos con sus padrones electorales. Por ahora, la decisión de la Corte Suprema permite que esa iniciativa siga adelante.
En segundo lugar, ordenó al Servicio Postal cambiar la forma en que gestiona la entrega de boletas electorales por correo.
Según una norma definitiva publicada la semana pasada por el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés), los funcionarios electorales estatales y locales tendrían que cargar los nombres y las direcciones de todos los destinatarios de boletas electorales por correo en un portal del Servicio Postal antes de que las boletas sean enviadas a los votantes. También tendrían que adoptar sobres estandarizados y códigos de barras únicos que puedan ser leídos por máquinas.
Las boletas que no se incorporen al portal serían rechazadas y devueltas a los funcionarios electorales. Los estados que se nieguen a cumplir perderían los servicios de entrega de boletas del USPS para las elecciones generales federales.
Esos datos se convertirían en una especie de “manifiesto” de boletas que se utilizaría para detectar anomalías y se compartiría con las autoridades federales y los funcionarios electorales para realizar auditorías e investigaciones. El DHS y el Departamento de Justicia podrían entonces utilizarlos para investigar presuntos casos de voto ilegal, una iniciativa que este Gobierno ha respaldado con todo el peso del Gobierno federal durante los últimos 18 meses.
Pero hay una salvedad crucial: el USPS afirma que no implementará la norma antes de las elecciones de mitad de término —ni en ningún momento— sin la aprobación de un tribunal federal. La Casa Blanca ha dejado claro que quiere que el sistema esté en funcionamiento para las elecciones de noviembre.
Más de 20 estados, líderes del Partido Demócrata y grupos no partidistas de defensa del derecho al voto han demandado al gobierno para detener la medida, con el argumento de que la Constitución no otorga a Trump la facultad unilateral de cambiar la forma en que los estados llevan a cabo sus programas de voto por correo.
Funcionarios electorales, incluidos algunos republicanos, advierten que la política podría ampliar enormemente las funciones del USPS y del DHS en la administración de las elecciones, crear graves problemas logísticos y alimentar la confusión entre los votantes. Temen que el caos resultante pueda dar a Trump y a sus aliados nuevos motivos para impugnar los resultados.
El “USPS ya no es simplemente un transportista de boletas electorales; en cambio, se transforma en un guardián de la elegibilidad de los votantes”, escribieron en uno de los casos los abogados que impugnan el decreto.
El USPS restó importancia a esas preocupaciones tras recibir más de 200.000 comentarios del público, incluidas advertencias sobre la privación del derecho al voto, errores y confusión.
“A pesar de las dificultades logísticas o financieras que los estados puedan enfrentar para cumplir con la norma, incluidas algunas afirmaciones de que su implementación inmediata resultaría imposible, los beneficios de la norma en materia de visibilidad y aplicación de la ley, incluso para este ciclo electoral, son tales que no existe ninguna razón de peso para retrasarla”, escribió la agencia en su norma final.
The-CNN-Wire
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