El pleno vota la propuesta del magistrado conservador Macías, apartado de otros recursos por su postura previa contra la amnistía, que avala al Tribunal Supremo y niega que las decisiones de la Justicia europea se puedan aplicar de forma „retrospectiva“ al caso de Jordi Turull
El Constitucional aborda los recursos para aplicar la amnistía a Puigdemont que negó el Supremo
El Tribunal Constitucional afronta esta semana el debate decisivo sobre la aplicación de la amnistía a los condenados del procés independentista catalán. Una deliberación del pleno en la que el conservador José María Macías defenderá una ponencia para rechazar las alegaciones del exconseller Jordi Turull y mantener su condena de inhabilitación por el delito de malversación que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar. Un borrador que, además de respaldar a la Sala de lo Penal, orilla el aval a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a la amnistía y sus argumentos sobre ese delito que, a día de hoy, impide el regreso de Carles Puigdemont a España sin riesgo de ser arrestado.
Jordi Turull, conseller del Govern de Carles Puigdemont, fue condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2019, la condena más alta del caso por detrás de Oriol Junqueras. Con su condena de prisión fuera de circulación tras el indulto parcial concedido por el Gobierno en 2021, la pelea del hoy secretario general de Junts per Catalunya se centró en que la amnistía se aplicara también a la condena de inhabilitación derivada del delito de malversación y que, en la práctica, le impide volver a la política. La respuesta no unánime del Tribunal Supremo –con una magistrada, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra– fue negativa: no tuvo que pagar el procés de su bolsillo y eso, según los jueces, equivale a un enriquecimiento ilegal proscrito en la amnistía.
Su recurso llega a pleno después de que la amnistía haya pasado todos los filtros: tanto el del propio Tribunal Constitucional como el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último contradijo al Tribunal Supremo en un punto ahora clave: el procés independentista de 2017 no afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para no aplicar la amnistía al delito de malversación. La ponencia que defenderá esta semana el magistrado conservador José María Macías priva de efectos a esta resolución europea al entender que no puede ser aplicada “retrospectivamente” a lo que antes dijo el Supremo.
El papel de Macías en los debates del Constitucional sobre la amnistía fue polémico desde su primera designación como ponente del recurso del Partido Popular contra la ley. Su pasado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y su activa oposición a la ley de perdón del procés determinaron que la mayoría progresista del pleno aceptara su exclusión de todos los debates después de ser recusado por la Fiscalía. Se mantuvo como ponente del recurso de Jordi Turull porque, tal y como constató el tribunal, el exconseller lo pidió fuera de plazo.
La ponencia de este magistrado, que ha podido examinar elDiario.es, propone rechazar todos los argumentos de Turull, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y respaldar al Tribunal Supremo en su negativa a amnistiar la malversación. El hecho de que la Sala de lo Penal dijera, por primera vez en el proceso judicial que arrancó en 2017, que los líderes del procés había tenido un “beneficio patrimonial”, no supone una “introducción sorpresiva de hechos o calificaciones” que haya vulnerado los derechos de Turull.
La negativa del Supremo a eliminar la condena de inhabilitación que le impide presentarse a unas elecciones, añade Macías, no vulnera sus derechos políticos. Eso lo hizo, en todo caso, la sentencia que le impuso 12 años de cárcel, pero como recuerda la ponencia ya fue avalada por el Tribunal Constitucional: “La negativa a aplicar la amnistía no introduce una nueva restricción sino que mantiene los efectos de una pena impuesta con todas las garantías, en virtud de un título judicial firme, que ya ha superado el correspondiente control constitucional”. Se apoya en otro caso ligado al procés donde el Constitucional argumentó lo mismo: la condena del expresident Joaquim Torra que le sacó de la presidencia de la Generalitat de Catalunya.
No hubo “animadversión” contra Turull
La ponencia de Macías, entre críticas formales al recurso del exconseller, también rechaza que se haya conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva y descarta que el Supremo interpretara erróneamente la voluntad del legislador en la amnistía. “Ha desarrollado una respuesta razonada, completa y estructurada”, dice el borrador de sentencia. “Solicitar que interpretemos la Ley sin otra referencia que la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”, dijo entonces el Tribunal Supremo.
La interpretación del Supremo sobre la malversación y el procés, añade Macías, “no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión” hacia Turull. La doctrina establecida en casos de malversación como Emarsa –el saqueo millonario de la depuradora de València– apoya, según Macías, que el “beneficio” de un condenado por malversar no consista solo en quedarse el dinero: “También puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles”.
El magistrado del bloque conservador dedica las últimas páginas de su borrador a uno de los grandes hitos del tránsito judicial de la amnistía: la sentencia del TJUE que avaló la ley de perdón el pasado mes de julio. El tribunal europeo, reconoce Macías, “se ha pronunciado sobre esta cuestión en un sentido distinto al sostenido por la Sala Segunda”. Pero eso, añade, no cambia nada en el caso de Turull: “No permite proyectar retrospectivamente su contenido sobre el juicio de razonabilidad que ahora nos corresponde realizar, referido a la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo en el contexto normativo y jurisprudencial existente en el momento en que adoptó las resoluciones impugnadas”.
El caso de Turull marcará el camino al resto de políticos catalanes, entre ellos a Carles Puigdemont, que espera un aval del Constitucional para ver desaparecer su orden de detención y poder regresar a España sin miedo a ser arrestado. Pero no será una decisión inmediata. La ponencia de Macías será analizada por una mayoría progresista que, hasta ahora, ha deliberado y votado en sentido contrario. Eso llevaría a un cambio de ponente y a una nueva deliberación en las semanas siguientes.
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