Peramato releva a la fiscal que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo de la pareja de Ayuso 2026

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, no ha revalidado en el cargo de fiscal superior de la Comunidad de Madrid a Almudena Lastra, la fiscal que apuntaló con su declaración en el juicio la condena de Álvaro García Ortiz. Tras oír al Consejo Fiscal este jueves, la máxima representante del Ministerio Público ha optado por que ese puesto lo ocupe a partir ahora la otra aspirante, la fiscal Isabel Martín, quien forma parte de la Secretaría Técnica, la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado, desde 2018. 

Peramato, que llegó a la institución afirmando que contaría con “todos” para tratar de “sanar” la “profunda herida” generada por la condena a su predecesor por la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha optado por no mantener en su puesto a una fiscal que tuvo un papel relevante en los acontecimientos que tuvieron lugar los días 13 y 14 de marzo de 2023 después de que elDiario.es revelara que la Fiscalía había denunciado a Alberto González Amador por fraude fiscal. 

En el juicio celebrado en el Tribunal Supremo, Lastra fue considerada la testigo más valiosa de las acusaciones por haber intuido que la filtración procedía de la Fiscalía General. Ante los magistrados, relató cómo en esas horas frenéticas sospechó claramente que la filtración procedía del organismo que dirigía García Ortiz: “Le dije: ¿has filtrado los correos?”. Después, reprochó a sus colaboradores que enviaran los correos al fiscal general: “¡Los van a filtrar!”. Explicó que era su sospecha, pero también reconoció que hablaba por intuición y sin pruebas al admitir que lo dijo “sin saber si lo habían filtrado o no”. 

No obstante, el tribunal utilizó su testimonio como un indicio incriminatorio. Los magistrados argumentaron que sus palabras demostraban que los propios subordinados del entonces fiscal general expresaron “recelos” a su actuación, advirtieron del peligro de revelar los datos y le reprocharon la filtración. Lastra fue afiliada a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que Peramato fue presidenta, aunque se dio de baja hace algunos años por su desacuerdo con algunos nombramientos. También fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y estuvo en la Secretaría Técnica cuando Cándido Conde Pumpido era fiscal general del Estado durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Cambios en Madrid y el Supremo

En su lugar, Peramato ha optado por colocar al frente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid a la fiscal Isabel Martín, que tiene un puesto mucho menos antiguo que Lastra en el escalafón. Hasta ahora, Martín era responsable de formación de la carrera fiscal. Estuvo afiliada a la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales, aunque se dio de baja en 2025, explican fuentes fiscales. Antes de llegar a Madrid, Martín fue fiscal jefe de área de Melilla, entre otros destinos.

Peramato ha destacado su “alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales”. También ha puesto en valor “su plan de actuación para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público”.

Por otro lado, la fiscal general ha optado por ascender al Tribunal Supremo a otra antigua colaboradora de su predecesor, Pilar Rodríguez, que era hasta ahora la fiscal provincial de Madrid. Rodríguez llegó a estar imputada en la causa contra García Ortiz, aunque la Sala de Apelación del Supremo archivó la causa contra ella. Sí declaró como testigo en el juicio, cuando se puso de manifiesto la tensa relación que mantiene con Lastra. 

Rodríguez defendió que “no hubo clandestinidad” al rendir cuentas a sus superiores sobre los correos que centraban la acusación contra el fiscal general. Y calificó de “exabrupto” la acusación de Lastra de una supuesta filtración. “Jamás me represento que nadie del Ministerio Fiscal vaya a proceder a hacer una filtración”, añadió. 

Tras la decisión tomada por Peramato, Rodríguez recalará ahora en la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, donde también tiene ahora su puesto García Ortiz. Rodríguez, que estaba en el cargo desde 2018, fue fiscal adscrita de Criminalidad Informática y entre 2004 y 2009 fue asesora en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, durante el Ejecutivo de Zapatero. 

La nueva fiscal de sala jefa de la Inspección Fiscal será María José Osuna, que en la actualidad era fiscal jefa de la Fiscalía de Tarragona. Los nombramientos también mantienen a Pilar Martín Nájera como fiscal de Sala jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y a Pedro Crespo como fiscal de sala jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

De Martín Nájera, Peramato ha destacado su “constante voluntad de mejora y evolución y su plan de actuación, en el que propone varias medidas para colocar a la Fiscalía del Tribunal Supremo como referente doctrinal nacional en el ámbito civil”. Y de Crespo, la fiscal señala su “profundo conocimiento de la Fiscalía” del Constitucional y de las materias de las que se ocupa. Además, “ha valorado su plan de actuación, en que propone cambios para la adecuación de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional al siglo XXI, con modificaciones encaminadas a la transparencia y pluralidad del órgano y a potenciar la especialización de sus miembros”.

Entre la batería de nombramientos de este jueves está también el de la fiscal Pilar Fernández como ‘número dos’ de la Fiscalía de Galicia. Fernández, que estaba destinada en la Fiscalía Provincial de Madrid en el área de Menores, es la mujer de García Ortiz. 

Fuentes de su equipo explican que, con esta nueva ronda de nombramientos, Peramato acaba de conformar su equipo de confianza tras los nombramientos de Julio Cano como fiscal jefe de la Secretaría Técnica y de Víctor Pillado como teniente fiscal de este mismo órgano. En la primera batería de designaciones optó por ascender a antiguos colaboradores de su predecesor, aunque también nombró a perfiles no asociados o próximos a la asociación conservadora. 

De los 22 nombramientos realizados este jueves seis son afiliados a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), según fuentes fiscales. Estas mismas fuentes afirman que la fiscal general ha tratado de mantener un equilibrio en los nombramientos que se han basado en criterios de mérito y capacidad y que se ha buscado garantizar la paridad en las tenencias de las fiscalías de las comunidades autónomas.

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