
La sociedad de los Alonso se define como «una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión», de inmobiliario a farmacias
Todo lo que ha fallado hasta desahuciar a Maricarmen: de una sentencia del Supremo a la intransigencia de Urbagestion
Una plantilla que en 2025 no llegaba a los siete empleados, una facturación de 586.450 euros el pasado ejercicio, un beneficio declarado que no alcanzó ni los 3.000 euros, con activos que superaban los 600.000 euros.
Son algunas de las cifras recogidas en las últimas cuentas presentadas por Urbagesa (Urbagestión Desarrollo e Inversión SL), la empresa que ha forzado el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años en silla de ruedas que ha sido desalojada este miércoles de su vivienda de toda la vida en Madrid al cuarto intento. Vivía allí desde 1956.
La empresa que reclamaba la vivienda de Maricarmen, decisión a la que ha dado su visto bueno la jueza Elena Cortina, se define en su rudimentaria web como “una plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión (Inmobiliario, Farmacias)”. Sus administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que aparecen vinculados a negocios variopintos, del alimentario al ladrillo y financiero.
3,1 millones en los últimos cinco años
Urbagesa ha facturado en los últimos cinco años unos 3,1 millones. Como es conocido, compró el inmueble en el que vivía Maricarmen a Renta Corporación, inmobiliaria que hace casi ocho años adquirió por algo más de 240.000 euros la casa y que ha vendido al fondo varias propiedades en los últimos años, tal y como reflejan diferentes procedimientos judiciales en los que se ha visto inmersa esta firma.
Se hicieron con el piso después de que la anciana, que entonces ya rondaba los ochenta años, no pudiera hacer frente a esa compra con su pensión de 1.450 euros. En estos años, el piso, ubicado en la calle Sainz de Baranda, cerca del parque del Retiro de Madrid, ha multiplicado su valor por cuatro.
Cuando Urbagestión compró la vivienda, ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas”, contaba Maricarmen en una entrevista con elDiario.es. En mayo de 2024, Maricarmen recibió una carta de la propiedad informándole de que debía abandonar la casa. Cuando el caso saltó a los medios, el Gobierno contactó con la empresa para que accediera a vender la vivienda a través de la oferta pública de compra lanzada por Casa 47. La respuesta también fue negativa.
Querella contra el Sindicato de Inquilinas y advertencias
Los Alonso se han empleado a fondo para expulsar a Maricarmen de su vivienda e impedir que se califique a su empresa de “fondo buitre”. Se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y han enviado avisos a los medios de comunicación para que no se utilice esa expresión. “No somos propietarios de ninguna otra vivienda. Como bien sabe la parte ejecutada, no se trata ni de un fondo de inversión ni de un fondo buitre, sino de una sencilla pyme”, sostienen en sus comunicados.
Con oficinas en Valladolid y en la calle Zurbano de Madrid, en una zona noble de la capital, Urbagesa se constituyó en octubre de 2004. Pocos meses después, en el ejercicio 2006, ya declaraba un beneficio de más de 148.000 euros, aunque en ejercicios posteriores, y tras el estallido de la anterior burbuja inmobiliaria, sus resultados se hundieron.
La empresa se dedica al “estudio, desarrollo y elaboración de toda clase de proyectos y promociones urbanísticas”, en su propio nombre o para terceros. También a “la intermediación en el mercado inmobiliario así como la prestación de servicios de administración y gestión de activos inmobiliarios, bien por sí, o a través de otros profesionales cualificados y en la forma en que la vigente en cada momento obligue”; o a “negocios inmobiliarios de toda índole y, consiguientemente la adquisición, enajenación, gravamen, por cualquier título legítimo, de bienes inmuebles, rústicos o urbanos”, entre otras actividades vinculadas a ese negocio.
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