
Los jueces, a petición de Vox, trasladan a la Junta Electoral Central y al INE que la suspensión cautelar no solo opera en el censo exterior, sino que impide votar el 29-N a los afectados aunque estén empadronados en municipios españoles
Las claves del voto exterior del 29N: cómo se apartarán las papeletas de los ‘nietos’ en los consulados y en el escrutinio
El Tribunal Supremo cierra definitivamente la puerta a que más de 160.000 descendientes de represaliados del franquismo que accedieron a la nacionalidad a través de la ley de nietos puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, incluso si residen y están empadronados en municipios españoles.
En una providencia dictada este viernes, los jueces de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo trasladan a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral (OCE) que la suspensión cautelar acordada no se limita al voto en el extranjero, sino que obliga a garantizar que ninguna de las 163.355 personas que accedieron a la nacionalidad por esta vía “puedan figurar como electores en el Censo Electoral, sea en el de electores residentes-ausentes que viven en el extranjero, sea en el de electores residentes en España”.
Así, solo podrán votar las 901 personas que han conseguido que el consulado emita un certificado que demuestre que sus antepasados sufrieron persecución política. En sus autos, el Alto Tribunal distingue entre dos formas de acceso a la nacionalidad. Por un lado, quienes aportaron documentos del exilio de sus antepasados. Y, por otro, quienes se acogieron a la instrucción que daba por exiliado a cualquiera que hubiera salido de España entre 1936 y 1955 y sobre la que el Supremo ha lanzado sospechas de que puede ser irregular.
De acuerdo a esos autos, el primer grupo sí puede votar. Pero la decisión que han tomado los jueces es suspender preventivamente el sufragio de todos. Y dejar en manos de cada afectado la tarea de conseguir que el consulado acredite si cuentan con esa documentación y les proporcione el preceptivo certificado, algo que solo han logrado las citadas 901 personas.
Esta nueva resolución judicial atiende las demandas de Vox, que había reclamado a los jueces que precisaran el alcance de las medidas para evitar que los empadronados en territorio nacional acudieran a las urnas a través del censo ordinario (CER). En la providencia, los magistrados reprochan la falta de claridad en las explicaciones de la Administración y censuran que los últimos informes remitidos por la Abogacía del Estado y por la Oficina del Censo Electoral resultan “de difícil comprensión, como atinadamente señala el Ministerio Fiscal”.
En sus escritos, la Abogacía del Estado había alertado de que las medidas cautelares del Supremo colocaban en desventaja a los ciudadanos que han adquirido la nacionalidad española en el extranjero al amparo de la ley de nietos respecto a quienes residen en España. Según los autos dictados hasta ahora, un nacionalizado que vive en España conservaba su derecho al voto al figurar en el censo de residentes (CER), pero una persona con su mismo título, obtenido por el mismo procedimiento y en la misma fecha, lo veía congelado por residir en el extranjero. El Supremo acuerda ahora suspender el voto en ambos supuestos.
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