El juicio al fiscal general encara su recta final con el foco en la UCO y más periodistas que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso 2025

El juicio al fiscal general encara su recta final con el foco en la UCO y más periodistas que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso

Los siguientes días del juicio incluirán las declaraciones de agentes de la Guardia Civil que elaboraron los informes clave y del decano del ICAM, autor de una de las primeras denuncias; después será el turno de García Ortiz

La UCO ignoró el bulo de Miguel Ángel Rodríguez en su informe clave sobre el correo de la pareja de Ayuso

El juicio contra el fiscal general del Estado por la filtración de la confesión de la pareja de Isabel Díaz Ayuso encara su recta final con los últimos días de vista oral en el Tribunal Supremo. Tres sesiones que desembocarán en la declaración del acusado, Álvaro García Ortiz, y en los alegatos finales. Previamente habrá más testificales de máxima relevancia: del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), que interpuso una de las primeras denuncias del caso, hasta los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que entraron en el despacho del fiscal general, pasando por más periodistas que, ya en la fase de instrucción, reconocieron haber tenido acceso al correo de la discordia mucho antes que el acusado.

Abrirá fuego Eugenio Ribón Seisdedos. El decano de la abogacía madrileña ya declaró en la instrucción y el propio juez Ángel Hurtado explicó que era “testigo y perito”. Testigo porque el ICAM fue el primero en acudir a los tribunales para denunciar por lo penal la nota de prensa de la Fiscalía sobre el caso de González Amador —una cuestión que ya no se investiga—. Y perito porque fue llevado al Supremo para que explicara que la confidencialidad y el secreto de ese tipo de correos, dijo entonces, es “sagrado y absoluto”. “No conocemos ningún precedente de una nota de la Fiscalía de este estilo”, afirmó.  

La declaración de Ribón también supuso un fuerte encontronazo entre la abogacía madrileña, que ejerce la acusación popular desde las primeras diligencias, y la Abogacía del Estado, que ha defendido a casi todos los fiscales imputados. Por ejemplo, cuando le preguntaron durante la instrucción si no le parecía igual de censurable que se hubiera difundido un correo del fiscal que negociaba el pacto con González Amador, Julián Salto, o cuando los abogados del Estado fueron cortados en seco por el juez Hurtado mientras intentaban evidenciar que las conformidades, como la que intentaba alcanzar la pareja de Ayuso en Madrid, no se habían desplomado, tal y como alegaba el ICAM.

Para estos días también están previstas las testificales de más periodistas que escribieron informaciones sobre la confesión de González Amador entre el 13 y el 14 de marzo de 2024: los que publicaron su contenido real o incluso el documento completo. 

En la primera semana de declaraciones varios informadores explicaron al tribunal, como ya habían hecho durante la investigación, que tuvieron acceso al correo electrónico o su contenido antes de que llegara al email del fiscal general a las 21:59 horas de esa noche. José Precedo, adjunto al director de elDiario.es, afirmó que esa documentación le llegó el 6 de marzo, varios días antes. Alfonso Pérez Medina, de laSexta, aportó mensajes que demuestran que en la televisión comentaban internamente esa información cinco minutos antes. 

Esta semana están previstos otros dos testimonios de periodistas que en fase de instrucción ya declararon en ese sentido: Miguel Ángel Campos, redactor de tribunales de la Cadena SER, y José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es, junto con varios trabajadores del rotativo del grupo Prisa. Hasta ahora los jueces han considerado que la publicación del contenido del correo por parte de la SER sobre las 23:20 horas de esa noche es la hora de referencia de la filtración. La primera, según la tesis de las acusaciones y del instructor. 

En fase de investigación, Campos explicó a Hurtado que él pudo examinar el contenido del correo sobre las 15:40 horas de ese 13 de marzo, cuando una fuente le hizo ir a su despacho en una tercera planta para poder ver el correo y tomar notas. Su primera información, pasadas las once de la noche y cuando varios medios y Miguel Ángel Rodríguez ya difundían una versión manipulada del asunto, llegó cuando su fuente le autorizó a publicar su contenido. 

También comparecerán esta semana cuatro periodistas de El País que esos días trabajaron en las informaciones relativas a González Amador y su fraude fiscal. Uno de ellos, José Manuel Romero, explicó a Hurtado que el día 12 de marzo, poco después de la exclusiva de elDiario.es sobre el caso, ya supo por fuentes de la Fiscalía de Madrid que la pareja de Ayuso había ofrecido un pacto a través de su letrado Carlos Neira. Una información que poco antes el fiscal Julián Salto había revelado a sus superiores en una reunión sobre el asunto. 

El testimonio de estos periodistas de El País viene complementado por las actas notariales con las que consignaron los mensajes que cruzaron esos días y que permiten reconstruir sus pesquisas y preguntas, incluso, al propio letrado Carlos Neira sobre si González Amador había pagado de golpe todas sus deudas con Hacienda. También está prevista la testifical de una periodista que trabajaba entonces en El Plural, que publicó el documento íntegro poco después de las nueve de la mañana del día siguiente. 

Del teniente Balas al fiscal general

Esta semana están previstas las declaraciones de varios responsables de la Fiscalía en materia de protección de datos. Son comparecencias con un doble objetivo: hablar de las actuaciones internas derivadas de la filtración del correo de González Amador, pero también de la filtración de datos personales del fiscal general en esta misma causa. Informes y anexos de la UCO de la Guardia Civil dejaron al descubierto el teléfono y la dirección del fiscal general y de otros altos cargos de la Fiscalía. 

“Nada hay que temer”, dijo Hurtado a lo largo de la causa antes de que García Ortiz se quejara formalmente de que su teléfono y su correo se habían llenado de comunicaciones no deseadas a raíz de la filtración de sus datos. El borrado de sus mensajes una vez supo que el Supremo había abierto una causa contra él también será un asunto que estará encima de la mesa.

Hasta 12 agentes de la UCO de la Guardia Civil comparecerán como testigos para dar cuenta de algunas de las diligencias clave del caso. Desde los registros de octubre de 2024 en los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid, hasta los informes periciales de máxima relevancia. Entre ellos, el que analizó los mensajes de Pilar Rodríguez para deducir que el fiscal general tuvo un “papel preeminente” en el caso, expresión usada por Hurtado durante meses para impulsar la causa. 

Uno de los agentes que comparecerá será el teniente coronel de esta unidad de élite llamado Antonio Balas, en el centro de la polémica después de que trascendiera que la militante socialista Leire Díez buscó información para desacreditar su papel en causas como la investigación del ‘caso Koldo’.

Su declaración ya en fase de instrucción fue tensa. La Abogacía del Estado y la Fiscalía sostienen que esos primeros informes de la Guardia Civil omitieron hechos muy relevantes que orientaron a Hurtado contra el fiscal general. Por ejemplo, en esos atestados no se explicaba que la Fiscalía recopiló la información del caso y elaboró una nota para contestar a las informaciones falsas que difundía Miguel Ángel Rodríguez junto con varios medios. Los agentes de la UCO también aludirán a los registros y al borrado de datos del teléfono del máximo representante del Ministerio Público.

Estos testimonios precederán a la última persona en comparecer en este juicio: Álvaro García Ortiz, que tomará la palabra el miércoles. Por primera vez, un fiscal general en ejercicio hablará para un tribunal desde el banquillo de los acusados. El jueves se escucharán los alegatos finales de las partes. Salvo sorpresa, la Fiscalía y la Abogacía del Estado pedirán la absolución y las acusaciones reiterarán sus peticiones de hasta seis años de cárcel.

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