Todo lo que Junts bloqueará en el Congreso: Presupuestos, reforma de la Justicia o la ley de secretos oficiales 2025

El bloqueo anunciado por Junts a las leyes del Gobierno afectará a casi todos los proyectos que ya están registrados en el Congreso salvo algunas excepciones. Y también a normas que el Ejecutivo tiene ya en la casilla de salida, enter ellas el techo de gasto, el primer paso para los Presupuestos Generales y las propias cuentas públicas. La amenaza recae sobre iniciativas tan importantes para Moncloa como la ley que reforma el sistema de justicia para dejar las investigaciones en manos de los fiscales o la nueva ley de secretos oficiales, que modificaría por primera vez la actual promulgada durante el franquismo.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha defendido este jueves el valor de sus siete diputados para sacar todas estas políticas adelante: “Sin los votos de Junts, no pueden aprobar medidas”. Sin los votos de los independentistas catalanes, el Gobierno tiene muy difícil desarrollar su agenda legislativa.

Según los datos recopilados por elDiario.es, su voto está en contra está muy relacionado con las derrotas del Gobierno, ocurrió en 12 de las 13 derrotas que el Ejecutivo ha sufrido en la legislatura. En seis de ellas, los siete votos de Junts fueron clave. Hasta ahora, además, el partido de Carles Puigdemont ha sido muy leal al Gobierno y a sus partidos: les apoyó un 80% de las veces, en 93 de casi 120 leyes. En las últimas semanas, ha habido varios ejemplos importantes: el decreto para establecer un embargo de armas a Israel, el traspaso de competencias de inmigración, que no salió por el voto en contra de Podemos, o la ley de movilidad sostenible. 

Eso es lo que cambiará a partir de ahora si se cumple la amenaza esgrimida por Nogueras este mismo jueves. “No votaremos a favor de las 21 leyes que están en tramitación. Las nuevas leyes que apruebe el Consejo de Ministros, también tendrán enmiendas a la totalidad”, ha dicho.

Esto afecta a los proyectos que el Gobierno tenía previsto llevar próximamente a debate, entre ellos el techo de gasto y la senda de estabilidad, que le servirán como primer test sobre los apoyos con los que cuenta para los Presupuestos Generales del Estado. Las cuentas públicas, prorrogadas desde 2023 y que Pedro Sánchez se ha comprometido públicamente a presentar, son el gran desafío de la legislatura. Pero si la relación con Junts no se encauzan encallarán en cuanto lleguen a la Cámara Baja.

Tampoco habrá paz para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que tiene entre manos un paquete de leyes para reformar el sistema de justicia. Una de esas acaba de salir del Consejo de Ministros hacia el Congreso, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Gobierno aprobó de forma definitiva la ley hace apenas unas semanas para que se empiece a tramitar en la Cámara Baja, pero Junts ya ha avanzado que presentará una enmienda a la totalidad a cualquier iniciativa que entre con la firma del Gobierno.

Con esta reforma, Justicia busca entre otros asuntos que la dirección de la investigación de las causas penales pase de los jueces a los fiscales, que decidirán los pasos a dar para esclarecer quién ha cometido un delito. También propone que el mandato del fiscal general no coincida con el del Ejecutivo e incorpora la limitación de la acusación popular para vetar a los partidos políticos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla, lo que despectivamente la oposición ha censurado como “ley Begoña”, en referencia a las investigaciones que afectan a la pareja de Sánchez.

Hay varias iniciativas que el Congreso ya ha comenzado a tramitar y que Junts tratará de tumbar con el registro de una enmienda a la totalidad. Entre ellas está la ley de industria, una norma para proteger los derechos de los consumidores, una reforma del sistema financiero, otra reforma sobre el sistema electoral y varias transposiciones de directivas europeas.

Algunas son importantes para el Gobierno porque provienen del plan para la regeneración democrática que Sánchez anunció ante las Cortes hace ya más de un año. Por ejemplo, la ley de medios que contempla la creación de un registro, con obligaciones y la posibilidad de multas a las empresas que incumplan esos preceptos. El Consejo de Ministro la aprobó definitivamente este verano y se encuentra en plazo de enmiendas.

En una situación similar está la ley de Información Clasificada, una de las cuentas pendientes del Ejecutivo y de las grandes demandas de los socios de investidura, principalmente del Partido Nacionalista Vasco, que desde hace años ha intentado reformar en el Congreso la ley franquista actual.

El proyecto establece por primera vez la desclasificación automática de información confidencial cuando transcurran unos determinados plazos con cuatro categorías: “Alto Secreto”, “Secreto”, “Confidencial” y “Restringido”. Las dos primeras son competencia exclusiva del Consejo de Ministros, y a cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años.

Leyes bloqueadas desde el inicio de la legislatura

Es difícil en cualquier caso que la amenaza de Junts se traduzca en derrotas semanales para el Gobierno en el hemiciclo. Lo más probable es que como ha sucedido hasta ahora la Mesa del Congreso retenga todas las iniciativas en las que no hay avances en la negociación para evitar una imagen continuada de que el Ejecutivo es incapaz de sacar nada adelante. Esta legislatura es habitual que los Plenos no se alarguen hasta el jueves debido precisamente a la escasa producción de leyes en las comisiones.

Hay algunos ejemplos paradigmáticos de normas que duermen en un cajón desde el inicio de la legislatura, como la ley de familias, que entró al Congreso en marzo de 2024 y acumula desde entonces decenas de ampliaciones de enmiendas. También la ley de Sanidad para la universalidad del Sistema Nacional de Salud, la creación de la Comisión Nacional de Energía o un proyecto del Gobierno que obliga a las empresas a dar información sobre sostenibilidad.

El veto de Junts no solo abarca a las leyes del Gobierno, también a algunas de las iniciativas presentadas por los grupos que forman el Ejecutivo, por PSOE y Sumar. Por ejemplo, el grupo plurinacional ha registrado una iniciativa para reformar el delito de libertad de expresión y otra para restaurar la justicia universal.

Ley ELA, ley del Cine y Movilidad Sostenible, excepciones

Las únicas medidas que la formación independentista salvará son aquellas que estaban acordadas con el Gobierno antes de la decisión de romper. Así, los siete parlamentarios votarán a favor del decreto que desarrolla la ‘ley ELA’ con la que se destinarán 500 millones de euros a garantizar la atención de personas con esa enfermedad; de tres leyes que están en el Congreso (la ley de atención a la clientela, la ley de economía social y la ley del cine) y la ley de movilidad sostenible, que está ya en el Senado.

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