El Poder Judicial suspende este martes al juez que se sentará en el banquillo en el caso Villarejo por su anterior puesto en el BBVA 2026

El Poder Judicial suspende este martes al juez que se sentará en el banquillo en el caso Villarejo por su anterior puesto en el BBVA

El magistrado Eduardo Ortega Martín, que se reincorporó a la carrera judicial en febrero, participó presuntamente en los encargos ilegales al comisario cuando era directivo de los servicios jurídicos

Las revelaciones del caso Villarejo proyectan sombras sobre la relación de la Policía con el poder económico

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá en su reunión de este martes suspender de sus funciones de forma provisional al magistrado Eduardo Ortega Martín, que será juzgado próximamente en el caso Villarejo en su condición de exdirectivo del BBVA. Así lo confirman a elDiario.es fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Ortega, que se reincorporó a la carrera judicial el pasado febrero, se expone a peticiones de pena que superan los 30 años de prisión en la derivada del caso sobre los presuntos encargos ilegales al comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2016. La Fiscalía Anticorrupción le atribuye delitos de cohecho activo y descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros.

En enero de 2014, cuando era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Ortega pidió una excedencia en la carrera judicial para incorporarse a la entidad financiera como director de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos. Seis años después, en noviembre de 2019, la Fiscalía solicitó su imputación en esta ramificación del caso Villarejo centrada en la contratación del comisario como espía particular pese a su destino como funcionario en la seguridad del Estado.

El pasado febrero, la Sala de lo Penal confirmó el procesamiento de Ortega y otros exdirectivos de la entidad por contratar a Villarejo para encargos ilegales entre 2004 y 2016. Hace apenas unas semanas, el 9 de julio, el juez de la Audiencia Nacional dictó el auto de apertura de juicio oral contra ellos.

El artículo 190.1 del Reglamento de la carrera judicial establece que procede acordar la suspensión provisional de funciones de un magistrado cuando “por cualquier otro delito doloso” se hubiere dictado contra él “auto de prisión, de libertad bajo fianza, de procesamiento o de apertura de juicio oral, una vez estas resoluciones hayan adquirido firmeza”. La suspensión durará hasta “recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”, según lo dispuesto en el artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Correo de 2014

Anticorrupción afirma que Ortega participó “personalmente” en la redacción de la denuncia que dio origen a la causa contra Ausbanc, la supuesta asociación de consumidores que fue juzgada por extorsionar al banco y otras entidades y acabó absuelta. En ese procedimiento la denuncia constaba como un “anónimo” que llegó a la UDEF. Según la Fiscalía, esa denuncia habría sido redactada con los datos ilícitamente suministrados por la empresa de Villarejo, con cuyo equipo trabajó de forma activa Ortega.

De hecho, el sumario recoge que Ortega dejó por escrito en un documento que el entonces presidente del BBVA Francisco González acordó con la “cúpula” del Cuerpo Nacional de Policía la presentación de la citada “denuncia anónima” contra Ausbanc en un almuerzo que se celebró en el complejo policial de Canillas, la sede de los servicios centrales del Cuerpo.

Según un informe de Anticorrupción incorporado al sumario, dicha denuncia “sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano [jefe de seguridad del BBVA que había sido superior de Villarejo en la Policía] y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF”.

En el recurso en el que impugnó su procesamiento, la defensa de Ortega argumentó que al haberse incorporado al BBVA recientemente —en enero de 2014— desconocía la existencia de Cenyt y sus actividades. Pero la Sala de lo Penal determinó que, si bien al inicio de su contrato podía no conocerlos, no resulta verosímil ni razonable que permaneciera en esa ignorancia una vez que comenzó a trabajar activamente en equipo con ellos.

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