A Zapatero se le pueden y deben exigir explicaciones más allá de la negativa de haber cometido delito alguno. Pero no se le pueden pedir imposibles jurídicos como demostrar que no ha existido tráfico de influencias cuando en la acusación no se concreta la cadena de influencias que articula ese tráfico
El juez rechaza retirar el pasaporte a Zapatero tras su declaración en la Audiencia Nacional
El expresidente José Zapatero ha debido de salir convencido de que le había ido regular. Así lo indica su decisión de no comparecer ante los medios para tratar de recuperar algo del vasto territorio perdido ante la opinión pública y limitarse a emitir un comunicado donde anuncia -otro aplazamiento- más explicaciones públicas. Si le hubiera ido bien, su abogado, Moreno Catena, le habría levantado un poco más el silencio procesal escrupulosamente guardado hasta ahora. Quien calla otorga siempre ha resultado una mala estrategia de comunicación.
Que la Fiscalía pidiese la retirada del pasaporte y la comparecencia periódica invitaba a un pesimismo moderado. Se quedaba muy lejos del sueño húmedo para algunas acusaciones de verle ingresar en prisión. Incluso se antojaba una petición excesiva, pero, en cualquier caso, no pintaba bien para el acusado. Cuesta trabajo imaginar al expresidente Zapatero en alguno de los supuestos que justifican las medidas cautelares. Más que a riesgo de fuga sonaba a ajuste de cuentas por no haber respondido a sus preguntas.
La duración limitada de una declaración que se esperaba maratoniana resulta desconcertante. O Zapatero había logrado dejarlo todo muy claro con sus explicaciones y su autorización universal, o al juez Calama le habían parecido insuficientes, que lo tenía igual de claro y no necesitaba perder más tiempo. Más bien parece lo segundo. El rechazo del juez a la solicitud de la Fiscalía acentúa la desproporción de la petición y resuelve sobre el riesgo de fuga; no sobre inocencia o culpabilidad.
Si las noticias que llegan de la sala son correctas, hay algo que sorprende en el interrogatorio del juez. El mucho tiempo dedicado a la supuesta sociedad off shore creada en Dubái con la prueba de una comida, frente al menor tiempo dedicado a la que, sin duda, supone la mayor acusación: ser el supuesto líder “invisible” de una trama internacional dedicada al tráfico de influencia y el blanqueado de capitales. El propio juez lo dice en su auto: la acusación es aún embrionaria. Puede cuajar, o no. Ni de lejos sustenta la condena que ya muchos le han impuesto a ZP. Es tan embrionaria que ha tenido que sumar las dichosas joyas para darle la contundencia que le falta.
Zapatero pide confianza. Pero no se investiga al presidente más votado de la historia de la democracia española por sus avances en derechos sociales o su volátil gestión de la Gran Recesión. La fe es para la política. Para el derecho penal cuentan los hechos. Y ahí ha perdido parte de la ventaja que llevaba la acusación con los cambios de versión respecto al famoso teléfono clonado. Se investiga al ciudadano y expresidente por sus obras y sus facturas. Y eso es lo que debe aportar, sin perder nunca de vista que no le corresponde demostrar su inocencia. La carga de la prueba recae siempre en la acusación. En el caso de las figuras públicas también. Aunque a veces se nos olvide.
A Zapatero se le pueden y deben exigir explicaciones más allá de la negativa de haber cometido delito alguno. Pero no se le pueden pedir imposibles jurídicos. No hay forma humana o divina de que el expresidente demuestre que no ha existido tráfico de influencias cuando en la acusación no se especifica la cadena concreta de influencias que articula ese tráfico. Corresponde a la acusación probar la falsedad de tal negación. ¿Cuánto vale la opinión de un expresidente del Gobierno de España durante dos legislaturas? Lo ignoro pero, al parecer, en la UDEF o en la Audiencia Nacional alguien está convencido de saberlo.
A Zapatero se le puede demandar que demuestre que ha cumplido las obligaciones legales que las famosas joyas puedan haber generado. Todo lo demás carece de relevancia penal. No se puede producir una inversión de la carga de la joya. A la acusación corresponde acreditar el ilícito penal que pretenda imputar. Tener cosas de valor en una caja fuerte no es delito per se. Para eso la gente compra las cajas fuertes. Aunque a veces se nos olvide.
El reproche moral tampoco le corresponde a la UDEF, ni siquiera al juez. Nos corresponde a nosotros, de la misma manera que tampoco nos corresponde cualificar el reproche penal. Operan en negociados separados y no conviene mezclaros. Que no se nos olvide esto también. Que luego vienen los lloros por el Estado de Derecho.
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