Una denuncia interna de directivos relata que el grupo privado anunció en octubre medidas en el hospital público que gestiona en Torrejón para acomodar el coste de la prestación sanitaria al dinero que recibe del Gobierno de Ayuso. Entre ellas, „atender consultas a pacientes, pero no realizar sus cirugías“, según el documento del buzón corporativo de Ribera Salud
Un correo revela que Ribera Salud reutilizó hasta diez veces catéteres de un solo uso
El 25 de septiembre del año pasado, el director general (CEO) de Ribera Salud, Pablo Gallart, convocó a una reunión online a 20 directivos del grupo y del Hospital de Torrejón, un centro público de gestión privada y que atiende a una población de 150.000 habitantes en la Comunidad de Madrid.
En esa alocución dio la orden de hacer procesos más rentables para encajar los costes de la atención sanitaria con el dinero que le aporta la Comunidad de Madrid. Actualmente, el Gobierno de Ayuso le paga un canon de 581 euros por habitante adscrito a esa área –se trate o no el centro hospitalario–. Según el CEO, si ese proceso suponía aumentar las listas de espera, habría que hacerlo, una información revelada por El País, que publicó los audios del encuentro desencadenando un escándalo que llevó a la Consejería de Sanidad a hacer dos auditorías en diciembre que no han encontrado ningún problema.
Sin embargo, esa normalidad que encontró el gobierno de Ayuso con sus inspectores contrasta con la realidad que describieron un mes después de la reunión con Gallart cuatro directivos del propio grupo asignados a Torrejón. Tanto la gerente como otros tres altos cargos relataron en un canal de denuncias interno que aquella charla que les dio el CEO había desembocado en un “plan de contingencia” que incluía, en su opinión, medidas que suponían una “vulneración de los derechos de los pacientes, una mala praxis asistencial y un incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad”, según un documento que avanzó El País tras los audios y al que ha tenido acceso elDiario.es. Las medidas, según estos directivos, fueron compartidas el 8 de octubre por el equipo financiero, “indicando que el CEO insistía en implantarlo” y que estaban previstas en el presupuesto 2026.
Ribera Salud ha confirmado la reunión de directivos del 25 de septiembre, pero no ha contestado a la pregunta concreta sobre si este “plan de contingencia” se activó o se llegó a poner en marcha. Estas fuentes oficiales se remiten a que “todas las auditorías, más de 40 en el último año, han resultado favorables”.
Catéteres reutilizados ilegalmente
Estos directivos –que enviaron las denuncias un mes después de la charla y que fueron inmediatamente despedidos– revelan en su escrito que el 2 de octubre, dos jefes de Ribera dieron orden al Comité de Dirección del hospital de Torrejón, entre otras cosas, de “reesterilizar material de un solo uso”, una práctica ilegal y peligrosa.
Este hecho fue demostrado con documentación por elDiario.es hace una semana, cuando publicó que la jefa de auditoría de Ribera Salud instó a Torrejón en un correo del 6 de octubre a reutilizar hasta “diez veces” catéteres cardíacos “lo antes posible” y tal y como ya estaba haciéndose en el hospital concertado que Ribera tiene en Elche (el hospital del Vinalopó). Esta práctica está prohibida por el riesgo de infección. El objetivo que se perseguía, según el propio mail de la directiva, era ahorrar dinero: “La media de catéteres por procedimiento en Torrejón es de 2,02 vs 0,59 en Vinalopó (ahorro potencialmente evitable superior a los 160.000 euros)”, dice esta empleada de un grupo que facturó 808 millones en 2023, los últimos datos mercantiles publicados.
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</figure><h2 class="article-text">Trasladar a mitad del ingreso</h2><p class="article-text">
Otra de las medidas para aumentar la rentabilidad que revelan los directivos es que Ribera ordenó que, a los dos días de ingreso, se trasladara a pacientes a su hospital de origen con el objetivo de “facturar el GRD y reducir estancias”, recoge la denuncia. El GRD es el Grupo Relacionado de Diagnóstico con el que se factura a la Consejería de Sanidad los tratamientos de pacientes que vienen de otros hospitales (normalmente públicos). Por ejemplo, en el caso de una parturienta de cesárea que le tocara La Paz, pero hubiera elegido Torrejón, Ribera Salud facturaría como un parto con esa complicación. Pero Ribera quería que, a los dos días, se la trasladara a La Paz para que acabara allí la recuperación. Así cobraría el total del proceso sanitario, pero se ahorraría los costes de ingreso, en detrimento de las arcas públicas y de los hospitales de gestión pública que hubieran tenido que atender ese caso a mitad de recuperación. Es decir, el plan era aceptar al paciente de libre elección por su alta rentabilidad pero sin darle la prestación completa.
</p><h2 class="article-text">Lista rápida para pacientes rentables</h2><p class="article-text">
Según la denuncia en el buzón interno de Ribera, no era la única práctica que se quiso implantar respecto a la libre elección. Por ejemplo, se revela que ese mismo 2 de octubre se dio al Hospital de Torrejón la instrucción de “incrementar la cirugía no cápita [los pacientes de libre elección que llegan de otras áreas, que son los más rentables] desplazando a pacientes cápita [los que pertenecen a Torrejón] de la programación quirúrgica”. elDiario.es ya constató este proceder ilegal en diciembre y mostró que Torrejón manejaba, al menos desde marzo de 2025 y hasta diciembre de ese mismo año, <a href="https://www.eldiario.es/madrid/ordenes-escritas-datos-lista-espera-muestran-hospital-torrejon-priorizaba-operaciones-pacientes-rentables_1_12840154.html" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">una lista de espera que era siempre más corta si el paciente era de fuera</a>. La rentabilidad económica viene por el hecho de que, además del canon fijo, Ribera factura aparte a la Comunidad de Madrid cada operación de paciente externo que no es de su área, utilizando unas tarifas que se aprueban cada año según el tratamiento sanitario.
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Mail enviado al personal en el que se admite que hay objetivos de operar a personas de fuera de Torrejón, que generan plus económico </span>
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Además, estos directivos se quejaron de que se les ordenó (entre ellos la directiva que firmaba el mail de los catéteres) “atender consultas a pacientes cápita, pero no realizar sus cirugías”, que es la orden que se intuye en los audios publicados por <em>El País</em>. El motivo es que abrir los quirófanos cuesta dinero por la estructura y los salarios y Ribera Salud consideraba que bajar demasiado la lista de espera operando mucho no le resultaba rentable porque el coste era muy alto. La lista de espera debía ser lo suficientemente larga para no incurrir en una baja rentabilidad y lo suficientemente corta como para atraer a pacientes de los hospitales de gestión pública, que son la mayoría (en Madrid hay cinco de gestión privada: cuatro que gestiona Quirón y el de Torrejón, en manos de Ribera Salud).
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