Ayuso llama «dictador» a Sánchez después de que el Gobierno la lleve ante la Justicia por incumplir la ley con el registro de objetores 2025

El Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al de Isabel Díaz Ayuso a los tribunales por la negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley del aborto creando el registro de objetores, que facilitaría la organización en los hospitales para saber cuántos profesionales hay disponibles en cada momento para proceder con ese tipo de intervenciones. La abogacía del Estado interpondrá este lunes el recurso ante lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid iniciando así la vía legal, como ocurrió a comienzos de noviembre con el boicot de los gobiernos autonómicos del PP a la petición del central de que proporcionaran los datos de los cribados del cáncer.

La dirigente madrileña ha replicado que “solo un dictador les puede obligar [a los médicos] a hacer lo que no quieren hacer”, algo que es falso y que no dice en ningún momento la ley: lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid es un registro de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto para todas las mujeres que así lo decidan en la sanidad pública.

Sánchez ha criticado que se convierta “un derecho esencial” en “negocio” a través de un post en X en el que recuerda que el 99% de las intervenciones en la región se derivan a clínicas privadas. “La negativa del Ejecutivo regional a cumplir la ley atenta contra la libertad de las mujeres que viven en la Comunidad, generando una desigualdad de derechos frente a otros territorios, y protege los intereses de las clínicas privadas, a las que deriva más del 99% de las intervenciones”, señala Moncloa en un comunicado.

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“El Gobierno de España seguirá utilizando todos los medios a su alcance, incluido el recurso a los tribunales, para que las comunidades autónomas cumplan la ley, con el fin de asegurar que las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo con todas las garantías en la sanidad pública”, agrega el comunicado sobre la decisión que la ministra de Sanidad, Mónica García, anticipó este fin de semana, que fue cuando venció el plazo de un mes que el Gobierno le había dado a la Comunidad de Madrid para iniciar los trámites para elaborar el registro de objetores.

El Gobierno aprovechó una nueva arremetida del PP y Vox al derecho al aborto, con la decisión de esos partidos de obligar a los servicios municipales de Madrid a informar de un falso síndrome post-aborto a las mujeres que fueran a interrumpir voluntariamente su embarazo, para lanzar una ofensiva sobre ese asunto. Sánchez anunció una reforma de la Constitución para incluir ese derecho en la Carta Magna y envió una carta a los gobiernos de Baleares, Aragón, Madrid y Asturias para que procedieran a cumplir con la ley con la creación del registro de objetores.

Los ejecutivos de Baleares y Aragón, ambos del PP, y el de Asturias, en manos de los socialistas, comunicaron su intención de cumplir con esa obligación legal mientras que Ayuso se declaró en rebeldía y desafió al Ejecutivo. “Preferimos que sea un tribunal quien nos lo indique antes que un Gobierno sectario que no respeta nada ni a nadie”, dijo el viernes la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ante el vencimiento del plazo para el requerimiento que había enviado el Ejecutivo. “Váyanse a otro lado a abortar”, había dicho un mes antes en la Asamblea de Madrid la presidenta Ayuso.

El debate del aborto es complicado dentro del PP, que tiene distintas sensibilidades sobre el asunto. La dirección de Alberto Núñez Feijóo emplazó a los gobiernos autonómicos a cumplir con la legislación, aunque se pone de perfil ante la decisión de Ayuso de saltársela y se limita a decir que los tribunales decidan. No obstante, los populares no recurrieron la normativa que en el momento en el que se aprobó en 2023.

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