La protesta de la jueza de la dana obliga al Gobierno de Pérez Llorca a garantizar que contará con cuatro funcionarias de apoyo 2026

El Gobierno de Juan Francisco Pérez Llorca vivió este viernes una breve crisis, en el seno de la Conselleria de Justicia, que dirige Nuria Martínez, a consecuencia del polémico recorte de cuatro de las cinco funcionarias de apoyo asignadas a la jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, tal como había desvelado elDiario.es. Si a media mañana el president Pérez Llorca negó que se haya “quitado medios al juzgado de Catarroja”, ante las críticas de la oposición, la situación cambió drásticamente pocas horas después con el auto dictado por la jueza instructora en el que la magistrada alertaba de que la “eliminación prácticamente total de medios personales” y la “insuficiencia de los medios materiales” iban a afectar “ineludiblemente” al procedimiento, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes de la dana y mantiene como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

La jueza reprochaba abiertamente en la resolución que la decisión de la Conselleria de Justicia suponía una “gran dilación” para la instrucción y recordaba que las cuatro funcionarias “cuyo puesto se suprime están trabajando en esta causa desde el 26 de marzo de 2025, por lo que son conocedoras del procedimiento, funcionando como un equipo”.

Tras el auto, la Conselleria de Justicia aseguró en un comunicado a primera hora de la tarde que iba a garantizar la “continuidad de los recursos humanos” para el juzgado de la dana. A pesar de que la resolución, firmada el pasado 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, aludía únicamente a la supresión de los 200 puestos de apoyo en los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal, la Conselleria de Justicia indicó este viernes que se convertirán en plazas estructurales.

Sin embargo, tal como destacaba la jueza Nuria Ruiz Tobarra, las cuatro funcionarias de apoyo que se le retiran el próximo 30 de junio están plenamente familiarizadas con la compleja causa, por lo que su pérdida supone un cierto quebradero de cabeza para la organización interna del juzgado de Catarroja, al que estaban asignadas desde el 26 de marzo de 2025.  

La Conselleria de Justicia se escudó en que la decisión fue “comunicada y trabajada” en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, “manteniendo los canales de interlocución abiertos en todo momento”. Sin embargo, los aludidos arremetieron contra la resolución de la directora general de Justicia (reproducida al final de esta información). El sindicato CSIF, en un comunicado tras conocer la resolución, prevé un “colapso” provocado por la falta de personal en unos juzgados “ya de por sí saturados”. CSIF recuerda que los juzgados valencianos “lideran la tabla nacional en carga de trabajo”.

UGT pide una mesa de negociación

Por su parte, el sindicato UGT ha pedido a la consellera de Justicia que convoque “de manera inmediata y urgente” una mesa de negociación. El sindicato critica la “falta de transparencia” y lamenta que la resolución oculta información relativa a la antigüedad (la variable esgrimida para decidir la supresión de los refuerzos), “lo que impide verificar” su correcta aplicación.

En el caso de las cuatro funcionarias de apoyo en la causa de la dana, la antigüedad se remonta a hace poco más de un año, cuando se incorporaron al Palacio de Justicia de Catarroja. “La ausencia de dicha información impide a esta organización sindical ejercer adecuadamente sus funciones de control, vigilancia y participación en un proceso que incide directamente en la estructura de plantilla, la organización del trabajo y las condiciones laborales del personal”, indica el escrito remitido a la Conselleria de Justicia.

Una fuente sindical concluye con pesimismo: “Aquí se va a generar un caos que no te puedes ni imaginar”.

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