El Congreso rechazará la prórroga de los alquileres con el voto en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV 2026

El decreto de medidas para paliar la crisis de vivienda está a minutos de ser historia. Este martes, PP, Vox y Junts volverán a unir sus votos en el Congreso para derogarlo poco más de un mes después de que el Gobierno lo aprobase, lo que supone que decaerá la posibilidad de que los inquilinos cuyos contratos de alquiler venzan en 2026 y 2027 —tres millones en un millón de hogares, según el Ejecutivo— pidan una prórroga de los mismos al mismo precio. A favor de convalidar el texto votarán tanto PSOE y Sumar como sus habituales socios (ERC, EH Bildu, Podemos, BNG o Coalición Canaria), con la notable excepción del PNV, que se abstendrá tras conocer que el decreto ya iba a caer por la negativa de Junts a apoyarlo.

Aunque el Gobierno intentó escenificar que la negociación se ha mantenido abierta hasta el último momento, lo cierto es que el lunes el paquete de medidas quedó ya abocado al fracaso. Fue entonces cuando Sumar hizo una última intentona para intentar convencer a los independentistas catalanes de que cambiaran de posición cediendo públicamente ante dos de sus exigencias clásicas: la puesta en marcha de más incentivos fiscales para los caseros y la aprobación del IVA franquiciado para los autónomos. La coalición liderada por Yolanda Díaz instó al PSOE a aceptar estas dos medidas para, al menos, intentar reencauzar la negociación con Junts, pero no hubo movimientos de última hora en el ala socialista del Gobierno, que considera que la formación de Carles Puigdemont tenía decidido desde hace semanas derribar el decreto y que, ante ello, poco se podía hacer.

Al PSOE, de hecho, le molestó que este martes varios portavoces de Sumar criticaran horas antes de la sesión plenaria que la parte socialista del Gobierno no se haya implicado en la negociación. Y esa irritación se evidenció durante el debate, puesto que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió el decreto en el Congreso sin que ninguno de los ministros del PSOE estuviera sentado en la bancada azul durante su discurso. Por el contrario, de Sumar sí estuvieron presentes tanto la vicepresidenta Díaz como el titular de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Sanidad, Mónica García.

Sabedor de que el decreto tenía las horas contadas, Bustinduy quiso poner a los grupos parlamentarios ante la disyuntiva de decidir entre “si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera”. El ministro hizo hincapié en su discurso en que derribar la prórroga de los alquileres deja “a la intemperie” a los inquilinos que ya no podrán beneficiarse de ella, y aseguró que “esta votación no va del Gobierno” sino de una “ciudadanía” que “está harta de que, ante su principal preocupación, la política se desentienda. ”Ustedes elegirán qué intereses defienden y de qué lado se ubican“, espetó. Y acusó a PP, Vox y Junts de no tener ”un solo argumento para desproteger a tres millones de personas“. ”Lo van a hacer por cerrazón ideológica y porque se sienten impunes“, denunció.

Bustinduy criticó que “el mercado de la vivienda se lo están repartiendo un puñado de agentes financieros que lo utilizan como una aspiradora para extraer rentas de las familias trabajadoras en España: no son los jubilados que complementan su pensión ni quienes han heredado una segunda vivienda los que suben de golpe los alquileres un 50%”. Y, ante la negativa de la derecha a apoyar el decreto, afirmó que “toda España” sabrá que “cada euro de más que se vaya a pagar un alquiler abusivo”, “cada casting para visitar un piso impagable”, “cada familia que tenga que cambiar a sus hijos de colegio” o “cada trabajador que tarde 30 minutos más en llegar al curro” serán responsabilidad de PP, Vox y Junts.

Esa apelación, sin embargo, no sirvió para mover ni un ápice de su posición a Junts, que presumió de votar en contra —y, por tanto, derribar— un decreto que calificó de “operación de propaganda […] jurídicamente muy defectuosa”, en palabras de su diputada Marta Madrenas. Eso sí: más allá de los “graves errores jurídicos”, Madrenas no se esforzó en ocultar que Junts está en contra de lo que la diputada calificó como “un viaje ideológico persistente” del Gobierno y, particularmente, de Sumar, a quienes acusó de tener “una alergia sistemática a los propietarios, a todos”. “Les imponen nuevas cargas, alteran contratos en vigor y no prevén ninguna compensación, nada, ni una: el Gobierno invita a la fiesta y los privados la pagan”, aseveró Madrenas.

La parlamentaria de Junts, asimismo, se refirió concretamente a la prórroga de los alquileres recogida en el decreto para calificarla de medida “estética” y, más aún, contraproducente. “Están generando una inseguridad jurídica sistémica, falsas expectativas y una futura litigiosidad masiva”, denunció Madrenas, que defendió que, frente a la prórroga de los alquileres al mismo precio, Junts plantea “una deducción fiscal al alquiler” más amplia incluso que la que ya existe. “Esto sí que sería una reducción directa del coste para las familias sin perjudicar a los propietarios”, argumentó la diputada, que no obstante evitó cuidadosamente afirmar que la aprobación de esta rebaja fiscal bastaría para que Junts se replanteara su apoyo a la prórroga de los alquileres en un nuevo decreto.

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