La Fiscalía se ratifica en pedir 29 años de cárcel para el hijo mayor de Jordi Pujol por corrupción 2026

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de pena de 29 años de cárcel para el primogénito del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, acusado de varios delitos relacionados con la corrupción (asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental, fraude fiscal y esconder su patrimonio mientras era investigado).

Eximido el expresident de la Generalitat por su deteriorado estado de salud (el tribunal ha determinado que el caso quede archivado para Jordi Pujol Soley), el primogénito se ha convertido en el protagonista del juicio, que ha girado alrededor de sus lucrativos negocios. La Fiscalía los vincula a la corrupción política, mientras que la defensa mantiene que fueron entre privados, sin que el partido de su padre se beneficiara ni estuvieran ligadas a obras públicas de la Generalitat bajo el mandato de Convergència.

Para Oriol, Oleguer, Marta, Mireia y Pere Pujol Ferrusola la petición fiscal es de ocho años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita, que asciende a 14 años de prisión en el caso de Josep Pujol Ferrusola al sumarle los delitos de fraude fiscal y falsedad documental y a 17 a Mercè Gironès, exesposa del primogénito, a quien también se acusa de intentar ocultar su patrimonio durante la investigación.

A los empresarios implicados en la presunta trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil y se les reclama cinco años de cárcel, además de multas millonarias.

Respecto a la multas solicitadas a los miembros de la familia, la Fiscalía reclama 144.000 euros a Pujol y a su primogénito y 72.000 al resto de hijos por el delito de asociación ilícita; 60.000 euros a Jordi Pujol padre e hijo por el delito de falsedad en documento mercantil; y que paguen los 38,7 millones de euros, 8,1 millones de dólares, 2,7 millones de marcos alemanes y 95.344 libras que presuntamente blanquearon.

Por sus cinco delitos fiscales, Anticorrupción reclama una multa de 800.000 euros a Josep Pujol Ferrusola, 6,5 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, y 410.000 euros a Mercè Gironès, además de 54.000 euros a éstos dos últimos por ocultar su patrimonio durante la investigación.

Declaran los últimos empresarios

Antes de que el fiscal Fernando Bermejo elevara a definitivas sus conclusiones, los últimos cuatro empresarios acusados han declarado. Igual que el resto, han defendido la legalidad de sus negocios con Jordi Pujol Ferrusola, en una nueva demostración de cierre de filas empresarial con el primogénito.

Al contrario de lo que ocurre en otros casos de corrupción, ningún empresario ha tirado de la manta en el caso Pujol. Es más, los patronos han elogiado a Pujol Ferrusola. “Él se movía muy bien”, ha expresado sobre el primogénito el expresidente de la constructora Isolux, Luis Delso, a quien el fiscal pide 5 años de cárcel y que ha negado que sea “afín” a Convergència.

Sí lo era el padre de Carles Sumarroca, fundador de Convergència junto a Jordi Pujol. Su hijo, acusado en el juicio, ha negado que su constructora, EMTE, pagara comisiones para conseguir adjudicaciones públicas. “En 60 años de la historia de EMTE ninguna de sus adjudicaciones públicas han sido cuestionadas en ese sentido”, ha asegurado.

Pujol Ferrusola explicó sus conexiones con las empresas por la “información privilegiada” que les suministraba. Así lo ha corroborado el constructor Josep Cornadó, del grupo Copisa: “Toda la información es poder, es buena”.

Sin embargo, Cornadó ha negado que sus contactos con el primogénito respondieran a una afinidad con el partido que fundó su padre. Para ello ha recordado que su “principal cliente” ha sido el Ministerio de Transportes, y que Copisa facturó más de la Generalitat cuando gobernaba el tripartito de izquierdas que con Convergència.

El empresario Alejandro Guerrero también ha defendido sus negocios con Pujol Ferrusola, quien, según su versión, le presentó inversores para proyectos inmobiliarios privados en L’Hospitalet (Barcelona) e Ibiza. Todo lo que le pagó, ha incidido, fue por servicios prestados realmente, al contrario de lo que sostienen las acusaciones. “No se facturan dos veces los mismos servicios”, ha apostillado.

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