PP y Vox callaron en las Cortes durante los 15 meses de tramitación de la ley de nietos sin cuestionar las nacionalizaciones 2026

Una disposición adicional de apenas unas líneas de extensión, aprobada y en vigor desde hace más de tres años, lleva días sirviendo a PP y Vox para insinuar —en el caso de los populares— o denunciar expresamente —en el de la ultraderecha— sin ninguna prueba un complot organizado por el Gobierno para amañar las próximas elecciones generales. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al Ejecutivo de “fabricar votantes”, mientras dirigentes de Vox como José María Figaredo han alertado incluso de que el presidente Pedro Sánchez intenta dar “un golpe de Estado en diferido”. La norma en la que apoyan estas acusaciones es la conocida como ‘ley de nietos’, que permite optar a la nacionalidad española a los hijos y nietos de exiliados por el franquismo. Pero el PP y Vox no hicieron crítica alguna durante la tramitación parlamentaria a esta disposición, cuya redacción, de hecho, es muy similar a la que propuso el PP en 2022.

La que estos días se ha dado a conocer públicamente como la ‘ley de nietos’ es, en realidad, una pequeña parte de la legislación sobre memoria democrática: en concreto, su disposición adicional octava. Este texto permitió, entre octubre de 2022 y octubre de 2025, solicitar la nacionalidad española a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado” al pasaporte español. A fecha de 30 de abril de 2026, las solicitudes de nacionalización ascendían a 2.622.450, según una respuesta parlamentaria del Ministerio de la Presidencia y Justicia al PP. En esa misma fecha, el número de peticiones aprobadas ascendía a 557.709, según el mismo documento.

La ‘ley de nietos’, junto a todo el resto de la Ley de Memoria Democrática, fue aprobada por las Cortes en 2022 tras un largo proceso de tramitación, que duró un año y tres meses. La norma logró los apoyos de la entonces sólida mayoría que sustentaba al Gobierno, y solo PP y Vox votaron en contra. Pero lo cierto es que no lo hicieron por la disposición adicional octava, la que permitía a los descendientes de los exiliados por el franquismo acceder a la nacionalidad española, sino esgrimiendo sus argumentos clásicos en los debates sobre el franquismo: el PP denunció que la ley buscaba “destruir el legado de concordia” de la Transición “y reeditar la división y la confrontación entre compatriotas”, mientras Vox calificó la norma de “totalitaria”, sostuvo que “impone una versión sectaria y distorsionada de la historia española del siglo XX” y criticó que, mientras “se destruirá hasta el último yugo y flechas”, “podrán exhibirse sin problemas la hoz y el martillo o la bandera tricolor”.

Tan desapercibida pasó la disposición adicional octava sobre nacionalizaciones en la tramitación parlamentaria que el PP, incluso, presentó una enmienda al texto que los propios populares calificaron de mera “mejora técnica”. El texto finalmente aprobado en la ley de nietos es prácticamente calcado al contenido de esa enmienda registrada por el PP. Vox, por el contrario, optó por no presentar ni una sola modificación parcial a toda la ley de memoria democrática, y escenificó su oposición presentando una enmienda de totalidad de devolución —el instrumento parlamentario que sirve para intentar detener la tramitación de una iniciativa en las primeras fases de la misma— en la que calificaba el texto de “totalitario” e “inmoral”. En ella, la formación ultraderechista no hacía ninguna mención a la posibilidad de que los nietos de exiliados pudieran optar a la nacionalidad española.

Una vez aprobada la Ley de Memoria Democrática, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aprobó una instrucción en octubre de 2022 para desarrollar la disposición adicional octava y detallar la fórmula para que los descendientes de exiliados por el franquismo solicitaran la nacionalidad y los criterios para su concesión. En los últimos días, el PP ha centrado sus críticas en esta instrucción, que los populares aseguran que ha servido para ampliar el derecho a solicitar la nacionalidad a todos los descendientes de españoles, se exiliaran sus antepasados por la represión franquista o no. “El Gobierno ha eliminado el criterio de exilio por vía de una instrucción”, denunció este miércoles la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

Lo que dice la polémica instrucción

La realidad es que la instrucción que critican los populares sí hace una interpretación extensiva de la posibilidad de optar a la nacionalidad española, pero la sustenta con una explicación jurídica y no de carácter político. Según recoge ese texto, la Ley de Memoria Democrática de 2022 profundiza expresamente en el camino abierto en la primera Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Dicha norma ya permitía optar a la nacionalidad a “las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español” —sin mencionar el exilio— y “a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”.

La instrucción considera que, si se entiende que la ley de 2022 tiene “por objeto ampliar los supuestos de opción” a optar a la nacionalidad española, “parece lógico entender que el legislador no ha querido excluir del ámbito de aplicación de esta ley” a quienes ya se les reconocía ese derecho en 2007, es decir, a todos los hijos de padre o madre español, y no solo a aquellos cuyo antepasado se hubiera exiliado. “De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles” no exiliados “como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella” podrán optar a la nacionalidad, estableció el texto.

Esa es la interpretación que no comparte el PP, que no ha sido consciente de la profundidad de la llamada ‘ley de nietos’ hasta este mismo 2026, más de tres años después de su aprobación y cuando el plazo para pedir la nacionalización expiró hace meses. Fue el propio Alberto Núñez Feijóo quien lo denunció en enero. El problema es que ya no se puede llevar a los tribunales, aunque Vox sí anunció una “revisión de actos nulos”.

El partido de Feijóo intenta, a la vez, criticar el procedimiento abierto por el Gobierno por limitarse a los exiliados represaliados del franquismo, así como la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que amplía el corpus de emigrantes que pueden adscribirse al proceso. Históricamente, no obstante, el voto exterior ha sido numéricamente poco relevante. En 2023 ya había más de 2,3 millones de españoles residentes en el extranjero con derecho a voto. De ellos, participaron un 10,04% del censo, lo que supuso 233.688 papeletas que solo movieron ese escaño ya citado en favor de Isabel Díaz Ayuso.

En el PP lanzarán una serie de iniciativas parlamentarias ante la imposibilidad de tumbar un procedimiento que ya ha reconocido sus derechos a más de medio millón de personas, de las cuales más de 300.000 ya figuran en el Registro Civil. Entre otras cuestiones, el partido de Feijóo pedirá la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y una batería de preguntas parlamentarias.

Querella ante los tribunales

La polémica desatada por la ley de nietos también ha llegado a los tribunales, aunque no ha sido el PP quien la ha judicializado, sino la asociación ultracatólica HazteOir, que este viernes presentó una querella contra Sofía Puente —hermana del ministro de Transportes— por supuesta prevaricación cuando era directora de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Hazte Oír acusa a Puente de haber hecho una interpretación excesivamente amplia de la ley de nietos en la instrucción que aprobó para su aplicación que permite solicitar la nacionalidad no solo a los represaliados del franquismo, sino a los descendientes de todos aquellos que la perdieron por abandonar España, fueran cuales fueran los motivos.

No obstante, no es la primera vez que la ‘ley de nietos’ acaba en los tribunales. En el año 2024, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica —un colectivo fundado en 2007 contra la primera ley de memoria histórica— ya se querelló contra Sofía Puente. En esta ocasión, no obstante, la querella se sustentaba justo en los argumentos contrarios: que la norma era discriminatoria porque otorgaba el derecho a solicitar la nacionalidad únicamente a exiliados políticos y no a los descendientes de españoles que emigraron por razones económicas.

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