El Gobierno regional pretende que el alto tribunal anule una sentencia que le obliga a difundir el documento encargado hace nueve años a un bufete sobre qué debía hacerse en caso de impagos
Madrid Network abonó a Equipo Económico 400.000 euros en un solo día cuando Montoro ya era ministro
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga oculto un informe jurídico clave sobre Madrid Network, la asociación fundada a instancias de Esperanza Aguirre y cuyos impagos de un préstamo multimillonario otorgado en 2011 ya han provocado un agujero de 70 millones en las cuentas públicas regionales. Encargado en 2017 por el gabinete de Cristina Cifuentes a un prestigioso bufete, Uría Menéndez, el informe –y así constaba en el pliego de condiciones– había de indicar “cómo debería proceder la Comunidad de Madrid” para “asegurar sus legítimos intereses” en caso de impagos para la devolución de los 80 millones transferidos a Madrid Network cuando la entidad, opaca y que nunca ha presentado cuentas en el Registro de Asociaciones, estaba presidida por el consejero de Hacienda. Ayuso trabajó en el departamento de prensa de Madrid Network hasta que en 2011 logró un escaño.
El convenio que dejó esos 80 millones en manos de Madrid Network prevé su resolución anticipada en caso de impago. Pero hasta ahora, el Gobierno madrileño no ha dado ningún paso para cancelar el acuerdo, cuya vigencia expira el año que viene. Y aunque portavoces autorizados deslizaron hace meses que había en marcha una demanda, tampoco hasta hoy se ha verificado ninguna actuación judicial de la Comunidad contra Madrid Network. La asociación suscribió de forma discrecional 47 préstamos con empresas que, en ciertos casos, no solo no devolvieron los fondos sino que se esfumaron literalmente del mapa.
Entre los beneficiarios de préstamos jamás devueltos figuran entidades directamente vinculadas a antiguos altos cargos de la etapa de Aguirre y de su sucesor, Ignacio González: la primera, una asociación que entonces presidía el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el dirigente que acusó en falso a los médicos de Urgencias del hospital Severo Ochoa de sedaciones irregulares y homicidios; y dos empresas dirigidas por Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González. De esos dos últimos préstamos, uno sigue pendiente de pago.
Al recibir esos 80 millones para su distribución entre sus empresas “asociadas” como préstamos a bajo interés, Madrid Network se comprometía a ir devolviendo en plazos el dinero al Ejecutivo regional para que este, a su vez, se lo reintegrara al Ministerio de Ciencia. La asociación solo ha devuelto 10,9 millones, con lo que ya ha provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas madrileñas. Y ello porque la Comunidad de Madrid sí ha ido abonando cada año el importe pactado en 2011 con el Ministerio.
Un informe “trascendental”
La sentencia cuya anulación, como ha adelantado la Cadena Ser, busca ahora el Gobierno de Ayuso fue dictada el pasado 21 de abril por Sección Octava de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Al igual que en un contencioso previo –aquel por el que la Comunidad pretendía mantener también en secreto las memorias anuales de Madrid Network–, el TSJM ha tumbado la negativa a facilitar el informe de Uría Menéndez al periodista de la Cadena Ser que en 2022 solicitó acceso al documento en aplicación de la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia aceptó la solicitud de la SER pero el Gobierno se negó a facilitarle el informe y acudió al TSJM.
En lo que respecta a las memorias anuales, el Supremo ni siquiera admitió a trámite el recurso de casación de la Comunidad de Madrid. Lo previsible es que, dada la jurisprudencia sobre acceso público a documentos, haga esta vez lo mismo.
El argumento esgrimido ahora por el Gobierno de Ayuso para seguir guardando bajo llave el informe del citado bufete se resume así: que se trata de un informe de apoyo que no obliga a cumplir lo que sus autores propongan. En su sentencia, el TSJM subraya que, como paradójicamente expuso el letrado de la Asamblea de Madrid –institución con mayoría absoluta del PP y representante del Consejo de Transparencia, parte opuesta a la Comunidad de Madrid en este caso–, “si una Administración solicita un informe jurídico a un despacho de abogados prescindiendo del parecer de sus propios servicios jurídicos, ello no puede tener otro motivo que fundar su decisión en el citado informe por considerar que el mismo tiene carácter trascendental”.
Desde la Consejería de Hacienda han remitido la siguiente respuesta ante las preguntas de elDiario.es: “La Comunidad de Madrid siempre ha acatado las decisiones de la Justicia, como también ha ejercido su derecho legítimo a recurrir a instancias superiores aquellas sentencias que no son firmes y con las que no esté de acuerdo. En este caso en concreto ya se ha presentado el correspondiente recurso de casación”.
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