Consideran que frutas y hortalizas etiquetadas como israelíes podrían proceder de territorios ocupados, en presunta infracción del Real Decreto-ley 10/2025 que prohíbe su entrada en España
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La Federación de Consumidores y Usuarios CECU y la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han presentado una denuncia ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para que investigue la posible importación y comercialización en España de productos agrícolas procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente y etiquetados como si fueran originarios de Israel.
En concreto, ambas entidades denuncian ante Consumo que frutas y hortalizas etiquetadas como israelíes podrían proceder de territorios ocupados, en presunta infracción del Real Decreto-ley 10/2025 que prohíbe expresamente su entrada en España, ya que su verdadero origen quede reflejado en el etiquetado y lo que habría permitido su posible venta en los principales supermercados españoles, según informan en un comunicado.
De esta forma, su denuncia se apoya en los indicios recogidos por el informe ‘Importando la Ocupación’, elaborado por el centro de litigación Global Echo tras cuatro años de investigación, así como en una reciente investigación periodística del diario ‘Público’.
Según esta información, durante los últimos años España ha sido uno de los principales mercados europeos para determinados alimentos procedentes de Israel. Así, en 2025 importó 43.825 toneladas de patatas, por valor de 26,59 millones de euros, y cerca de 2.900 toneladas de dátiles, por unos 17 millones de euros. Las frutas, hortalizas y semillas supusieron, además, el 81% del total de las importaciones españolas desde Israel.
De esta forma, para CECU y COAG, el volumen de este comercio hace aún más necesario garantizar la trazabilidad de los alimentos y que su etiquetado refleje de forma veraz su origen. De confirmarse estos hechos, las entidades señalan que los consumidores estarían recibiendo una información incorrecta sobre el origen de los productos, lo que podría constituir una vulneración de la normativa de consumo y de etiquetado.
Además, ambas organizaciones alertan de que estas prácticas supondrían una “competencia desleal” para los agricultores que cumplen con la legislación europea y española en materia de producción, trazabilidad e información al consumidor.
Verificar el origen
La denuncia también pide que se investigue si estas importaciones pudieran incumplir el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel en Palestina, así como la posible utilización de certificaciones fitosanitarias y ecológicas que, según los indicios aportados, podrían no ajustarse a la normativa europea.
De esta forma, reclaman a la Dirección General de Consumo que ejerza sus competencias de inspección para verificar el origen real de estos productos, identificar a los operadores que pudieran estar implicados y, en caso de confirmarse las irregularidades, incoar los correspondientes procedimientos sancionadores.
El secretario general de COAG, Andrés Góngora, ha reclamado que se investiguen estos hechos. “No podemos permitir que se introduzcan en el mercado español productos procedentes de territorios ocupados en un contexto de genocidio que, además, puedan estar siendo comercializados bajo un origen distinto al real”, ha indicado, recordando que esta situación supone una “grave distorsión de la competencia” para los agricultores y ganaderos que producen bajo las exigentes normas europeas.
El director de CECU, David Sánchez Carpio, ha señalado que la “transparencia es imprescindible para que cada persona pueda ejercer un consumo informado y acorde con sus valores, especialmente cuando se habla de productos procedentes de territorios palestinos ocupados ilegalmente”. “Por eso, reclamamos una investigación exhaustiva y el cumplimiento estricto de la legislación vigente”, ha instado.
IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-08-25 09:50:45
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