Bustinduy promete «más actuaciones para defender a los inquilinos» y confía en ganar la votación del decreto de vivienda 2026

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha prometido este viernes que su departamento pondrá en marcha “más actuaciones en materia de vivienda para defender los derechos de los inquilinos” y se ha mostrado confiado en que el Gobierno logrará sacar adelante en el Congreso la convalidación de su decreto de medidas de vivienda, aprobado la semana pasada. En una entrevista en el VI Foro Económico organizado por elDiario.es, Bustinduy ha asegurado, además, que la presión de los arrendatarios beneficiados por la prórroga de los alquileres contenida en ese decreto es “una marea imparable”.

“Es emocionante ver cómo la sociedad española está reaccionando” ante la crisis de acceso a la vivienda, así como el hecho de que la web puesta en marcha por la Confederación de Sindicatos de Inquilinos para informar sobre cómo solicitar la prórroga de los contratos a los arrendadores (que puede beneficiar casi a tres millones de personas, ha recordado) “haya recibido medio millón de visitas en 36 horas”, ha señalado el ministro. Bustinduy ha vuelto a hacer un “llamamiento a que todo el mundo a quien le venza su contrato solicite la prórroga”, y también ha mostrado su “determinación absoluta” para que el decreto sea convalidado en el Congreso cuando se debata en las próximas semanas. “Los inquilinos e inquilinas van a ganar esa votación, la sociedad española la va a ganar”, ha afirmado.

El titular de Derechos Sociales, asimismo, ha recordado que el decreto “también topa la actualización de todos los contratos que afectan a ocho millones de compatriotas al 2%”. Y se ha preguntado si PP y Junts van a tumbar, junto a Vox, una medida para “proteger a la ciudadanía de los efectos y las consecuencias económicas del desastre de la guerra ilegal de Trump en Irán”.

De la misma manera, Bustinduy ha recordado que su departamento “siempre ha encontrado el respaldo de la justicia” a las medidas que ha puesto en marcha para atajar la existencia de alquileres vacacionales ilegales. “Hoy en día esos 65,000 anuncios ilegales de pisos turísticos ya no existen, hay una multa firme de 64 millones de euros [contra Airbnb], y el mensaje es bien claro: hay que cumplir la ley en España y ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, puede permitirse desarrollar una actividad económica extraordinariamente lucrativa sin respetar la legislación vigente en España”, ha afirmado el ministro, que ha criticado que administraciones como el Ayuntamiento de Madrid se hayan “desentendido” de la persecución de estos alojamientos ilegales.

Más allá de la vivienda, Bustinduy ha defendido la puesta en marcha de una “prestación universal por crianza” como “la solución a la pobreza infantil en España”. “Las cifras en niños y adolescentes en riesgo de pobreza o exclusión son inaceptables para un país rico como es España”, y “no se puede consentir que uno de cada tres niños crezcan” en estas circunstancias, ha denunciado el ministro, que ha asegurado, además, que esta medida debe ser “universal” y tener el carácter de “derecho de ciudadanía”, no de “ayuda que se solicita a través de un proceso burocrático farragoso”. “Esa es la manera de asegurar que llega a todas partes, porque algunas ayudas no llegan a quienes más lo necesitan”, ha planteado.

Asimismo, Bustinduy se ha mostrado partidario de poner en marcha un impuesto a los “ultrarricos” que grave a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros. “Una tasa adicional del 2% a estos patrimonios permitiría recaudar 5.000 millones de euros anuales, que es el coste estimado del paquete de escudo social que se aprobó ayer en el Congreso”, y afectaría a “menos de 400 personas en España”, ha calculado el ministro, que ha alertado de que “los procesos de acumulación de poder y riqueza no solo son económicamente disfuncionales, sino que amenazan” la “cohesión social” y “ponen en riesgo las condiciones de posibilidad de la democracia misma”.

Por último, Bustinduy ha querido avisar de lo “extraordinariamente preocupante” que es la “violencia” ejercida contra “mujeres y organizaciones políticas de izquierdas”, así como su “normalización” en los últimos años. El ministro ha recordado los nombres de dirigentes afectados por estas “persecuciones judiciales, montajes policiales y señalamientos”, como los de Irene Montero, Rita Maestre, Pablo Iglesias o Mónica Oltra, y también ha mencionado expresamente al exdiputado de Podemos Serigne Mbaye, cuya detención este jueves calificó de “inaceptable”. “De esto nos enteramos porque le sucedió a un líder social que ha sido diputado, pero si no no nos hubiéramos enterado, y no se puede normalizar en una democracia que se ejerza este tipo de violencia por razones políticas y raciales”, ha denunciado.

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