La expulsión de esta familia se aplazó sin nueva fecha justo mientras el Consejo de Ministros estaba aprobando el ‘decreto Maricarmen’ y conservar su hogar depende de que la norma no decaiga este viernes
Catalunya, laboratorio de regulación de la vivienda: qué funciona y qué no
Seha está agotada; las ojeras delatan días sin dormir y comiendo mal. Se acaricia la barriga, pequeña para una embarazada de siete meses. “Hace días que no noto que el bebé se mueva”, dice, mostrando una angustia acrecentada por el hecho de que su hijo pesa la mitad de lo que debería. Tiene un embarazo de riesgo, que haría recomendable que acudiera al médico a la mínima alarma, pero no ha podido. Estaba intentando evitar su desahucio.
Esta mujer de 25 años vive en Cornellà de Llobregat (Barcelona), junto a su marido Muhmmad y las dos hijas que tienen en común, desde hace casi cinco años. Este martes, mientras las pequeñas estaban en el colegio, sus padres esperaban en la puerta a que llegara la comitiva judicial que tenía el encargo de echarles del piso, propiedad de Cerberus. A la misma hora, en Madrid, el Gobierno estaba aprobando el decreto de vivienda que prohíbe los desahucios para personas vulnerables hasta 2030.
“Estábamos muy pendientes. Era lo último que nos podía ayudar”, dice esta joven. Desde la PAH, entidad que la acompaña, se comunicaron con los juzgados para intentar evitar, in extremis, que Seha fuera una de las últimas personas desahuciadas antes de que el ‘decreto Maricarmen’ entrara en vigor. Y lo consiguieron.
Se les comunicó el aplazamiento por la vía telefónica, sin exponer los motivos ni fijar una nueva fecha. La familia no puede hacer ningún movimiento hasta que la jueza les envíe un escrito, confirmando la decisión de manera oficial. Pero los abogados creen que ese documento no llegará hasta el viernes, cuando el Congreso decida si convalida o no las normativas. “No van a querer fijar otro día hasta saber si la moratoria de los desahucios sale adelante”, expone Miguel Ruiz, abogado de la PAH.
La tranquilidad que sintió Sahe cuando supo que su expulsión había sido aplazada duró poco. Sabe que le han dado tiempo, pero no cuánto. Por eso, mira con mucha expectación y angustia hacia la votación del viernes en el Congreso, que decidirá su futuro y podría convertirla en una de las primeras personas beneficiadas por el ‘decreto Maricarmen’.
“No entiendo a quienes quieren votar en contra de esta ley. Ninguna familia merece este trato ni estar en la calle con los niños. Es cosa de humanidad. ¿Cómo alguien puede estar en contra de que la gente tenga su casa y estabilidad?”, reflexiona esta joven. Si el desahucio se hubiera ejecutado, no tenía adónde ir. Desde el Ayuntamiento de Cornellà sólo pudieron ofrecerle tentativamente un par de noches en un albergue. Y luego, nada.
Ella se veía en la calle, con unas hijas pequeñas a las que ha intentado proteger todo lo posible, hasta el punto de que no han llegado a enterarse de que su hogar corría peligro. Y embarazada de un bebé en riesgo. “Está muy débil, no crece como debería. Sólo pesa 1 kilo, cuando tendría que pesar el doble. Yo creo que es por el estrés y, si me hubieran echado, no quiero ni pensar qué habría pasado”, reflexiona.
Tiene claro que su situación habitacional ha afectado de manera muy negativa a su embarazo. Pero la jueza que fijó la fecha de su desahucio para este martes no considera lo mismo. Cuando se marcó la fecha en el calendario, la magistrada del Juzgado de Primera Instancia 5 de Cornellà ya sabía cómo estaba Seha y que seguiría estándolo para el día fijado. En base a eso, el abogado de la familia presentó un recurso y una solicitud de aplazamiento. Pero este fue desestimado.
“El hecho de que ahora se suspendiera por uno o dos meses no cambia la situación en la que se encuentra la demandada, embarazada de siete meses. Porque, aunque se diera la prórroga de un mes o dos, seguiría embarazada o a punto de parir”, relata la jueza en el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.
Una embarazada repartidora de Glovo
Seha llegó a España desde Pakistán hace 11 años con su familia. Era una adolescente que pudo estudiar y llegó a graduarse en comercio internacional. Antes de encontrar trabajo en lo suyo, decidió tomar un empleo como teleoperadora para ganar algo de dinero y fue en ese puesto donde conoció a Muhmmad, quien sería su marido. Él, también pakistaní, trabajaba en la misma empresa gracias una visa de estudiante que usaba para acabar el doctorado de Cadena de Suministros.
Un día llamó al departamento de Seha porque tenía problemas técnicos y las conversaciones telefónicas se alargaron más allá de lo profesional. Hablaron, se gustaron y, en seguida, se enamoraron. “Fue raro decirle a nuestros padres que nos habíamos conocido por teléfono. No es habitual encontrar pareja así en nuestra cultura, pero aun así, nos dejaron casarnos”, cuenta ella. Lo hicieron pronto y, como tenían ahorros, poco después de la boda encontraron el piso del que ahora les quieren echar. “Yo llegué allí casi con el vestido de novia”, bromea.
Se compraron un coche y cimentaron las bases para formar una familia. Al año de llegar, se quedó embarazada, pero ahí empezaron los problemas. Al comunicarlo a la empresa, la echaron. Su esposo protestó y también le despidieron. Ambos fueron a juicio y, aunque ella perdió, a Muhmmad sí le reconocieron la nulidad. Pero, en el transcurso de ese tiempo, perdió la visa de estudiante. Y, al no tener contrato vigente, se quedó sin papeles.
Ahora, pasado el tiempo, ha conseguido permiso de residencia, pero no de trabajo. “Como es doctor, le ofrecen muchos empleos, pero no se los pueden dar porque no tiene papeles”, se lamenta Seha. Ambos desempleados, el dinero no les llegaba y, aunque pudieron seguir pagando su alquiler, de 700 euros, durante algo más de un año, pasado ese tiempo, el dinero se agotó.
Para entonces, Seha esperaba a su segunda hija y los retrasos se acumulaban. Fue en ese momento, en 2023, cuando la propiedad inició el proceso judicial para expulsarles. Contando el del pasado martes, han sufrido cuatro intentos de desahucio. El primero pudo ser aplazado debido al embarazo y los dos siguientes gracias a la moratoria de desahucios que cayó, debido a los votos de PP, Junts y Vox, el pasado abril y que protegía a familias vulnerables. Entonces, la jueza señaló la fecha: 29 de septiembre de 2026. Pero este también se anuló; esta vez, gracias al ‘decreto Maricarmen’.
Durante todo este tiempo, ha sido Seha la que ha intentado mantener a su familia, encadenando empleos precarios. El último, como repartidora para Glovo, un trabajo que la mantuvo sobre la bicicleta hasta hace pocas semanas, estando ya encinta de más de seis meses. Aguantó todo lo que pudo hasta que su doctora le dijo que, debido a su embarazo de riesgo, debía tomarse la baja.
A pesar de que la familia aseguró frente a la jueza que su voluntad era pagar lo que pudieran, la propiedad negó en todo momento la posibilidad de un alquiler social. “Yo no quiero nada gratis ni pretendo que todos tengamos que tener lo mismo. Sólo quiero lo mínimo, por humanidad”, relata.
Esta joven consiguió parar su desahucio in extremis gracias a la ayuda de la PAH, entidad con la que contactó justo el día antes de la fecha fijada. “Nuestro abogado de oficio no sabía qué más intentar, así que le pregunté a ChatGPT qué opciones tenía y me dijo que probara con la PAH”, confiesa. El mail les llegó el lunes, en plena manifestación frente al Palau de Congressos, donde se encontraba el presidente Pedro Sánchez. Allí crearon un cartel para mover su caso por redes e informaron como pudieron a los periodistas presentes.
“No hace ni 24 horas que me conocen y se plantaron en mi casa. Me han ayudado más que mi familia y siento que he llegado al lugar correcto”, cuenta Seha, que reconoce que tener a estos activistas a su lado fue lo único que la hizo sobrellevar esas horas de espera, mientras aguardaba a la comitiva judicial en su casa. “Me puse tres candados. Tenía mucho miedo porque no sabía si vendría la policía o si habría pelea. ¿Y si me empujaban?”, se pregunta, posando la mano sobre su vientre.
Sabe que le han dado una tregua y reza para que el Congreso convalide el decreto que debería parar los desahucios a personas vulnerables hasta 2030. “Tengo 25 años y ya he vivido cosas que valen por la vida de alguien que tiene 40. Y ya quiero descansar, sólo pido un poco de paz y un lugar donde criar a mis hijas”.
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