La empresa de la teleasistencia envía a la jueza de la dana un documento censurado por una «cláusula de confidencialidad»

El documento podría parecer, a simple vista, un informe desclasificado de la CIA, repleto de tachones negros. Sin embargo, se trata del proyecto técnico de la empresa adjudicataria del servicio de teleasistencia, remitido completamente ilegible a la jueza de la dana. Solo la última de las 100 páginas que componen el proyecto técnico aparece sin anonimizar, con un fragmento totalmente intrascendente. El documento de la empresa Servicios de Teleasistencia (Atenzia), según indica el encabezamiento de cada folio, es “confidencial”. La firma es la adjudicataria del servicio tanto de la Generalitat como de la Diputación de Valencia. Cinco usuarios de la teleasistencia de la institución provincial que preside el popular Vicente Mompó fallecieron el 29 de octubre de 2024 a consecuencia de la dana. Otros 37 fallecidos el día de la catástrofe estaban conectados a la telasistencia que depende de la Conselleria de Servicios Sociales, dirigida por la vicepresidenta Susana Camarero (citada de testigo).

La magistrada ya tiene en sus manos la documentación remitida por la empresa Atenzia. Aunque no podrá leerla completa: un informe firmado por el jefe de servicio de Bienestar Social de la Diputación, al que ha tenido acceso elDiario.es, indica que la empresa adjudicataria, tras recibir el oficio del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, “comunica y solicita expresamente” a la institución provincial que “se respete la cláusula de confidencialidad” del proyecto técnico presentado a la licitación en 2014, hace más de una década.

La remisión de un informe tachado a una magistrada que instruye un procedimiento penal resulta, cuando menos, llamativa. Al menos, en el informe relativo al servicio prestado a la Generalitat Valenciana se indica que, a pesar de la cláusula de confidencialidad, la empresa “autoriza” el envío al juzgado de Catarroja de los protocolos de actuación para la adopción de medidas preventivas “para salvaguardar la integridad física” de las personas usuarias “en caso de catástrofe natural”.

El protocolo que la empresa “autoriza” a remitir a la jueza instructora de la causa de la dana, al que también ha tenido acceso este diario, forma parte de un proyecto técnico del expediente administrativo de la conselleria de Susana Camarero. Sin embargo, no es del mismo proyecto técnico tachado, a tenor de las fechas y de la numeración de las páginas. Mientras que el documento censurado del expediente de la Diputación data de 2014, el protocolo sin censura incluye la fecha de 2021.

Los “secretos técnicos” que alega Atenzia

El documento ilegible del proyecto técnico contiene, según alega la empresa, “aspectos e información que fueron designados expresamente como confidenciales por afectar a secretos técnicos, Know How, y estrategia comercial y empresarial” de la adjudicataria y “cuyo incumplimiento y/o la no adopción de medidas que impidan el cumplimiento de ese deber de confidencialidad, podría suponer un perjuicio irreparable” para la firma.

“Por ello”, indicaba la empresa a la Diputación, “se advierte de la obligación de preservar dicha confidencialidad”, en “estricto cumplimiento” de la Ley de Contratos del Sector Público, que “impone a los órganos de contratación el deber de no divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial”.

“Este deber de sigilo”, abunda el escrito, “no solo vincula al órgano de contratación, sino que debe ser salvaguardado en cualquier eventual procedimiento judicial en el que se requiere la aportación de dicha documentación, a fin de no vulnerar los secretos comerciales e industriales de la empresa”.

Entre la documentación aportada a la jueza y en poder de esta redacción figura la cláusula de confidencialidad, firmada el 20 de marzo de 2014 por una apoderada de la mercantil, Esperanza V. I.

Sin instrucciones de la Diputación a la empresa

Por otro lado, el informe de la Diputación desvela que el entonces jefe de servicio de Bienestar Social de la Diputación de Valencia estaba el 29 de octubre “ausente por disfrutar de permiso de libre disposición”.

El sucesor en el puesto del funcionario, que firma el informe, indica que “desconoce si con carácter informal o extraordinariamente, con motivo de la catástrofe natural, de forma excepcional llegaron a realizar actuaciones propias en calidad de responsable del servicio, en aras de lograr una gestión eficiente de la contingencia, en el ámbito del servicio de bienestar social, lo que incluye la teleasistencia, tanto en los días de la catástrofe como los posteriores”.

El informe también acredita que no existió “ninguna orden u otro tipo de instrucción escrita” de la Diputación a la empresa. La firma adjudicataria asegura que “no envía mensajes ni alertas de precaución masivas (tipo Es-Alert…) a ninguna persona”.

Atenzia, tanto en el servicio de teleasistencia autonómico como en el provincial, tuvo constancia de los usuarios conectados que fallecieron por las bajas posteriores tramitadas por los familiares de las víctimas. El informe relativo al servicio que presta la Generalitat afirma que la empresa “no dispone de información oficial sobre las causas específicas de los fallecimientos de dichas personas”, en referencia a las 37 víctimas mortales.

Ocho usuarios activaron la teleasistencia

Del total de 37 fallecidos conectados al servicio de la Generalitat, de 29 usuarios “no consta activación alguna de sus dispositivos de teleasistencia, ni solicitud de asistencia de servicio”. Por el contrario, ocho usuarios sí que activaron el dispositivo el 29 de octubre (siete mujeres y un hombre). Se trata de fallecidos oriundos de Utiel, l’Alcúdia, Catarroja (dos), Beniparrell, Guadassuar, Sedaví y Paiporta.

“Todas las activaciones del servicio fueron atendidas, gestionadas y concluidas conforme al alcance que corresponde a dicho servicio de teleasistencia”, según el informe.

Los operadores, detalla la empresa, “atendieron todos los casos” con el procedimiento habitual, que “contempla la movilización inmediata de recursos propios de la persona usuaria (familiares y contactos recogidos en los expedientes correspondientes), recursos sociales o sanitarios (centros de salud), de emergencia (112, teléfono de gestión de desaparecidos habilitado a tal efecto) o de fuerzas de seguridad (policía local)”.

Consultas diarias de la información de Aemet

El informe de la empresa también explica que, “de forma diaria”, el personal del servicio de teleasistencia “procede a visualizar y realizar un seguimiento de la información pública y de acceso general que la Aemet difunde a través de su página web oficial”. Por el contrario, no se hacen consultas directas a la agencia meteorológica, agrega.

Atenzia, en el informe sobre el servicio prestado a la Generalitat, también manifiesta que “no envía mensajes ni alertas de precaución masiva a ninguna persona”.

Aunque, según matiza, en el marco de las “comunicaciones ordinarias con los usuarios”, los operadores “introducen a modo de información complementaria en función de la conversación mantenida, recomendaciones y consejos para promover el bienestar de la persona usuaria, incluyendo, entre otras, información meteorológica, según el caso”.

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