Del sector cárnico a los centros de datos: la evolución de Forestalia, en el ojo del huracán por la investigación de la UCO 2025

La compañía aragonesa Forestalia ha vuelto a situarse en el ojo del huracán informativo tras el registro realizado este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su sede de Zaragoza. La actuación forma parte de una investigación dirigida por la Audiencia Nacional en el marco de un procedimiento en el que se analizan posibles irregularidades en contrataciones públicas y en el que también figuran la empresa Servinabar y personas vinculadas a ella. La operación se desarrolla un día después de la detención de dos investigados, entre ellos la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández; a los que se ha sumado este jueves la del empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar 2000. De hecho, Alonso fue también representante de Forestalia en un proyecto de líneas de alta tensión que cruzaba Navarra pero que iba desde Bizkaia hasta Zaragoza.

El interés por Forestalia reabre el foco sobre una compañía que ha experimentado una transformación notable en apenas una década. Fundada en 2011 por el empresario zaragozano Fernando Samper Rivas, la firma nació tras su salida del Grupo Jorge, la histórica multinacional cárnica de su familia. Con parte de los activos renovables que gestionaba para el grupo y nuevas adquisiciones —entre ellas, proyectos comprados a la alemana RWE—, Samper puso en marcha una empresa que irrumpió con fuerza en el sector energético.

El gran salto de Forestalia llegó en 2016, en la primera subasta estatal tras años de parálisis en el desarrollo de renovables. La compañía obtuvo la mayor parte de la potencia eólica y de biomasa adjudicada, desplazando a operadores tradicionales y consolidando una imagen de actor emergente en un mercado hasta entonces dominado por grandes eléctricas. Desde entonces, ha impulsado varios gigavatios de potencia, con más de 1.500 MW eólicos y cerca de 500 MW fotovoltaicos actualmente en funcionamiento, muchos de ellos ubicados en diferentes comarcas de la provincia de Zaragoza.

En paralelo a su crecimiento, Forestalia ha buscado alianzas para convertir su cartera de proyectos en palanca de nuevos desarrollos industriales. Entre los acuerdos más relevantes figura el alcanzado con la empresa china CGE para movilizar alrededor de 1.000 MW destinados a abastecer la futura gigafactoría de baterías impulsada por Stellantis y CATL en Figueruelas. Más recientemente, la compañía ha presentado su apuesta por el sector de los centros de datos, un ámbito especialmente intensivo en consumo eléctrico.

Centros de datos

Ese giro estratégico se materializa en el denominado proyecto Búfalo, una iniciativa que prevé la instalación de tres grandes complejos de procesamiento de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén. La propuesta, que supera los 12.000 millones de inversión y cuenta con la declaración de interés autonómico del Gobierno de Aragón, plantea que hasta la mitad de su consumo energético se cubra con instalaciones renovables propias.

Este proceso de expansión, sin embargo, ha convivido con episodios de controversia. Entre las cuestiones que han generado debate se encuentra la incorporación a la empresa de varios ex altos cargos de distintas administraciones autonómicas, lo que alimentó críticas sobre posibles “puertas giratorias” en un contexto de fuerte desarrollo de macroparques renovables. También han surgido acusaciones sobre el presunto fraccionamiento de proyectos para situarlos por debajo del umbral de 50 MW —lo que permitiría su tramitación autonómica—, aunque los responsables del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) defendieron que los expedientes se evaluaban de manera conjunta cuando existían varias iniciativas próximas entre sí.

Investigaciones ambientales

Asimismo, durante la pasada legislatura autonómica se abrió una comisión de investigación en las Cortes de Aragón para aclarar si la tramitación de instalaciones renovables había seguido criterios adecuados. Las consultoras contratadas por el Ejecutivo autonómico para agilizar expedientes negaron haber intervenido en proyectos en los que hubieran trabajado previamente para promotores privados, y los trabajos parlamentarios concluyeron sin detectar irregularidades.

Otro foco de debate se ha centrado en la comparación entre resoluciones ambientales. Plataformas ciudadanas, como Teruel Existe, han criticado que determinados parques eólicos de otros promotores recibieran informes desfavorables en zonas donde previamente se autorizaron instalaciones vinculadas a Forestalia, decisiones en todos los casos adoptadas por los órganos competentes de evaluación ambiental.

A este contexto de debate se suma la reciente resolución del Ministerio para la Transición Ecológica, que archivó los expedientes eólicos promovidos por Forestalia en la comarca del Matarranya, incluidos los proyectos Cerbero, Menecio, Oalas, Perses, Odiseo y Selene. La decisión se fundamenta en la caducidad de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica y en la inactividad del promotor, que no presentó en plazo la solicitud de autorización de construcción ni la documentación requerida. Asociaciones ciudadanas como Gent del Matarranya y la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel han valorado esta medida como un reconocimiento a su labor de movilización y defensa del territorio durante los últimos cinco años. Según estas entidades, el archivo de los proyectos demuestra que no se cumplieron los plazos ni las garantías legales, subrayando la importancia de que la planificación energética respete los paisajes, los pueblos y la normativa vigente.

A estas controversias se suma ahora la aparición del nombre de la compañía en el procedimiento judicial conocido como “caso Cerdán”, en el que se investiga la intermediación de distintas personas en trámites administrativos y concesiones, incluida una línea de evacuación de 270 kilómetros proyectada entre Aragón y el País Vasco que finalmente no obtuvo autorización de las comunidades afectadas.

Mientras avanza la investigación judicial, Forestalia mantiene en Aragón parte de las iniciativas industriales y tecnológicas más ambiciosas actualmente en tramitación.

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