PP, Vox y cuatro acusaciones ultras duplican la petición de prisión para David Sánchez y reclaman seis años 2026

PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, todas las acusaciones populares a excepción de Manos Limpias, han elevado a seis años la pena de cárcel solicitada para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de tráfico de influencias. Se trata del doble de la pena de prisión que habían reclamado por la contratación del músico en la Diputación de Badajoz. El pseudosindicato ultra mantiene la petición de tres años de cárcel para el músico.

El PP ha presentado una calificación independiente a la que se ha adherido la letrada de Vox y la asociación Liberum. Esta acusación sostiene que, aunque el delito específico de aceptación de nombramiento ilegal haya prescrito, como estableció la Audiencia al inicio de la vista oral, los hechos no, por lo que lo han calificado ahora como prevaricación. Además de prisión, reclaman una multa por el doble del beneficio obtenido e inhabilitación de 20 años. La solicitud de pena de Hazte Oír ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Para el expresidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, las mismas acusaciones también han aumentado de tres a cuatro años la petición de cárcel por los mismos delitos, como han trasladado al tribunal en sus conclusiones definitivas. Para el exlíder del PSOE extremeño reclaman, además, 40 años de inhabilitación. En el caso de Manos Limpias, ha reducido de tres a un año y medio la pena de prisión al retirar el delito de prevaricación en relación con la contratación del amigo de David Sánchez, Luis María Carrero, aunque ha advertido que no descarta volver a solicitar cargos.

Para Carrero piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre nueve y 10 años por considerarlo autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor. En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige Hazte Oír.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años.

La Fiscalía y las defensas han solicitado al tribunal que inadmita las nuevas peticiones al considerar que las acusaciones han modificado calificación jurídica de los hechos. Los letrados de los acusados sostienen que no es admisible modificar el relato fáctico del juicio a estas alturas del proceso, calificando la maniobra de “subversión absoluta” y de “anormalidad intolerable”.

De hecho, la Fiscalía ha vuelto a reclamar la absolución de David Sánchez y del resto de los acusados al considerar que no existen elementos suficientes para sustentar una condena. El Ministerio Público ya se opuso al auto de procedimiento al considerar que se basaba en “hipótesis” y “conjeturas”.

El tribunal ha aceptado las conclusiones definitivas de las acusaciones populares al apreciar que no suponen una modificación sustancial de los hechos y la sesión se ha suspendido hasta el lunes a las 9.30 horas.

La declaración de Sánchez en fase de instrucción

No ha sido la única petición de las acusaciones tenida en cuenta por los magistrados. El tribunal ha aceptado visionar en la sala la declaración de David Sánchez en la fase de instrucción tras percibir el letrado de Manos Limpias “contradicciones” y por entender que su defensa no ha preguntado por varias cuestiones al haber respondido solo a las cuestiones planteadas por su letrado. A la petición del pseudosindicato se han unido el resto de acusaciones.

El abogado de David Sánchez se ha opuesto por entender que la prueba podría ser nula y vulneraría el derecho de defensa porque los hechos relativos relacionados con su contratación están sobreseídos (por la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal), y que la “analogía” entre las declaraciones en fase de instrucción y en la vista oral nunca puede perjudicar al reo, según el Derecho Penal.

Las contradicciones han estado relacionadas con el carácter de posible compatibilidad de su cargo, aunque los funcionarios que han testificado como testigos han asegurado que no gozaba de ella, y la ubicación y los compañeros de trabajo de la Oficina de Artes Escénicas, pues en instrucción dijo al inicio que no sabía dónde se ubicaba y tanto en su segunda declaración en esa misma fase como en esta jornada matinal ha expuesto que era una denominación y no un espacio físico.

En su declaración de este jueves en la Audiencia Provincial, Sánchez ha defendido que la Oficina de Artes Escénicas es una categoría administrativa y que no hay un edificio público ni una ventanilla.

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