PP, Vox y Junts vuelven a tumbar el decreto con el escudo social y la protección contra los desahucios 2026

El PP, Vox y Junts han vuelto a tumbar este jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, con medidas como la prohibición del corte de suministro de luz y agua, la protección a consumidores vulnerables y la suspensión de los desahucios para personas que no pueden afrontar el alquiler. Es esta la razón que han vuelto a poner como excusa los siete diputados de Junts para votar en contra del decreto, con el argumento de que fomentará la okupación. “Una excusa barata y falsa”, como ha recordado este jueves el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate de la medida en el Congreso. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención.

El Gobierno daba por perdida la votación de este martes y buscará ahora la manera de intentar rescatar las medidas de este paquete. No han servido los intentos de negociación en estas semanas y la modificación que introdujo en la medida sobre los desahucios tras pactar con el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas arrancaron al Ejecutivo que la suspensión de los desalojos no afecte a los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler.

Pero Junts decidió hace meses retirar su apoyo al Gobierno. Es una decisión estructural que difícilmente cambiará, al menos así lo creen en Moncloa, hasta que Carles Puigdemont pueda volver a España, una decisión judicial que ya no depende del Ejecutivo. Las medidas a las que ha dado apoyo esa formación en el Congreso en todo este tiempo son iniciativas con las que coinciden ideológicamente, como la subida de las pensiones, pero se ha negado a negociar la agenda progresista de la coalición.

Junto a la estrategia de oposición al Ejecutivo, los de Puigdemont conviven en su seno con un debate sobre el giro ideológico de su formación, en pleno ascenso de la ultraderecha independentista de Aliança Catalana. Quizás eso también explica por qué sus siete diputados votaron a favor hace un año de un texto casi idéntico al que se ha debatido este jueves y que ahora rechazan. La agenda de Junts en esta legislatura ha girado hacia la derecha en asuntos como la inmigración o la seguridad y por eso en esta ocasión han centrado sus críticas al decreto en la okupación, sobre la que el paquete no dice nada.

Así lo ha recordado Bolaños al defender la medida en la tribuna. “Les tengo que decir que ni okupas ni okupos, que no engañen, que los okupas no tienen ni un solo beneficio en este decreto, y al revés, se les excluye de cualquier beneficio”, les ha reprochado a los diputados catalanes. “Y como lo saben, ustedes votaron a favor del mismo decreto en 2025. Y ahora suban a esta tribuna, mientan y enrojezcan de vergüenza por intentar engañar a la ciudadanía con este decreto ley con los okupas, que ni están ni se les espera ni se beneficia a ninguna persona que haya hecho tal actividad”, ha criticado Bolaños.

La diputada de Junts Marta Madrenas ha denunciado un “chantaje político” del Gobierno por “mezclar cosas” cuando “no tiene mayoría”. “¿Por qué siguen gobernando como si estuviéramos en una pandemia permanente si España va como un cohete?”, le ha prguntado antes de reprochar que se haya convertido “una medida excepcional en una penitencia para los propietarios”.

Los socios progresistas de la coalición han recriminado la “falacia” de las derechas en su rechazo al escudo social. “En eso sí forman un bloque la derecha catalana y española”, ha expresado el parlamentario de ERC Jordi Salvador.

“Os pedimos una reflexión porque pulsar el botón rojo no hace caer al PSC o al señor Illa”, le ha dicho la portavoz socialista, Montserrat Mínguez, a la bancada de Junts: Si presionan el botón rojo tendrán un apluaso del PP y Vox, que les quiere ilegalizar. Pero tendrán el enfado de mucha gente que ha confiado en ustedes“. ”Quien está echando a la gente de sus casas son los fondos buitre, a quienes están protegiendo es a los fondos buitre“, ha dicho la diputada de Sumar Aina Vidal.

Las medidas que decaen

Además de la protección contra los desahucios, el escudo social mantenía otras medidas como la extensión durante un año de la prohibición del corte de suministros básicos, como energía y agua, y la prórroga del bono social eléctrico para consumidores vulnerables. Además, se incluía la adaptación de la tasa de retribución financiera de sistemas eléctricos no peninsulares para el periodo 2026-2031.

Por otro lado, incluía la no tributación de las ayudas concedidas por daños personales para los afectados por los incendios forestales del pasado verano y “otras emergencias de protección civil”. Y, también, la exención del IRPF y del Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a los efectos de la dana y la extensión de líneas de subvenciones para los municipios afectados.

El nuevo texto mantenía la prórroga de la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas, que no podrán alegar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva de despedido, o aquellas que se hayan acogido a medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se hayan beneficiado de apoyo público.

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