El fiscal jefe, Jesús Alonso, informa a favor de que el tribunal especial sea el competente para investigar hechos que podrían encajar en su fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, si bien ya apunta a que podría encajar un delito contra la paz y la independencia del Estado
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ya ha presentado el informe que la juez María Tardón requirió al Ministerio Público para que le informara de si su juzgado era competente para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la ciudad autónoma de Ceuta a finales de julio. Según una nota de prensa de la Fiscalía, Alonso ha informado a favor de esa competencia, tal y como adelantó este jueves elDiario.es, y solicita a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decrete el secreto parcial de la investigación.
En su informe, Alonso detalla que según la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) el asunto compete a la Audiencia Nacional y recuerda que, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada masiva se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.
A juicio del Ministerio Público, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.
Asimismo, considera que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.
Alonso fundamenta la competencia de la Audiencia Nacional en el artículo 65 de la LOPJ que atribuye a este tribunal el conocimiento de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando, conforme a las leyes o a los tratados internacionales, corresponda su persecución a los tribunales españoles. Señala, además, que el principio de territorialidad que recoge el artículo 23.1 de la misma norma dice que los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos en territorio español. Y recuerda que lo que se investiga “es la entrada masiva e irregular de personas” que se produjo en Ceuta, territorio nacional.
Añade que el artículo 23.2 permite el ejercicio de la jurisdicción española sobre conductas desarrolladas fuera del territorio nacional cuando existan elementos de conexión suficientes y cuando los efectos jurídicamente relevantes se proyecten sobre intereses protegidos por el ordenamiento español. Y recuerda que la competencia de la Audiencia Nacional también encuentra refuerzo en el artículo 15.2. c) i) de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y en el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que la complementa la anterior.
Los dos informes aportados
Fue el pasado 2 de septiembre cuando trascendió que Tardón había enviado al Ministerio Público el informe presentado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre esa entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En el mismo se apunta a la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad marroquíes, tanto uniformados como de paisano. Los expertos policiales españoles se basaban en imágenes difundidas en redes sociales y por los medios de comunicación, ambas de amplia difusión hasta la fecha, en las que se apreciaría la actitud pasiva de miembros de la Gendarmería marroquí, o directamente de colaboración con los migrantes, y de otros agentes de paisano que, por su aspecto y actitud, podrían pertenecer a los servicios de Inteligencia del reino alauí.
Este viernes 4 de septiembre ha trascendido que la juez ha recibido también un segundo informe, esta vez el solicitado a la Guardia Civil. Según ha podido conocer este periódico por fuentes conocedoras del nuevo documento, este recoge que el instituto armado no recibió ningún aviso que advirtiera de la llegada de migrantes a la ciudad autónoma “en el contenido ni alcance” que finalmente se produjo.
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