El Gobierno admite ahora que ese mando único que Juan Jesús Vivas reclamaba desde el 1 de agosto „permitirá dotar de más agilidad a la toma de decisiones y a la puesta en marcha de todos los recursos“, pero no explica por qué no lo adoptó antes
De la crisis fronteriza a la humanitaria: la encrucijada de Ceuta para la política nacional e internacional de Pedro Sánchez
Un plan de choque, un Consejo Extraordinario de Seguridad Nacional y un mando único operativo. El Gobierno da un volantazo en su discurso y acelera al fin su respuesta a la crisis de Ceuta coincidiendo con la apertura del curso político y con la vuelta de vacaciones de Pedro Sánchez. Casi un mes después de que 80.000 personas cruzaran la frontera del Tarajal, y con miles de ellas aún en las calles de la ciudad autónoma, el Ejecutivo atiende ahora una petición que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, reclama desde el pasado 1 de agosto: centralizar la toma de decisiones y la coordinación operativa en una sola persona para hacer frente a una situación de evidente emergencia.
Formalmente será este martes cuando el Consejo de Ministros que se celebrará tras el Consejo de Seguridad Nacional —convocado por el presidente de manera extraordinaria— nombre al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como coordinador de la situación en Ceuta. Así que será Torres quien, de ahora en adelante, “dirija y coordine las actuaciones de todas las administraciones públicas implicadas”. Una decisión que el Ejecutivo admite que ayudará a la gestión de la crisis migratoria, de seguridad y fronteriza que atraviesa la ciudad autónoma.
“Esta figura permitirá dotar de más agilidad la toma de decisiones y la puesta en marcha de todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios para atender con inmediatez cualquier necesidad”, reza un comunicado de la Moncloa como argumento a la aceptación del mando único reclamado por Vivas, que ya trasladó a Pedro Sánchez esta demanda al inicio de la crisis. “Necesitamos un mando único que garantice que la respuesta sea enérgica, decidida e inmediata”, dijo hace 25 días el presidente ceutí. Hasta ahora, el Gobierno central había defendido que esa coordinación ya existía y que todos los recursos disponibles estaban movilizados.
Además del ministro Torres, formarán parte del comité del mando único representantes de la ciudad autónoma como el propio presidente, Juan Jesús Vivas o el delegado del Gobierno, así como el CNI y los departamentos implicados en la crisis: Defensa, Interior, Migraciones y Seguridad Nacional, que depende de Presidencia del Gobierno.
Por el momento, ni en público ni en privado se ofrecen desde la Moncloa explicaciones sobre este cambio de postura que viene a admitir de manera implícita que el ejecutivo ceutí tenía razón y que el Gobierno central llega tarde al no adoptar la decisión hasta que no ha vuelto la actividad política a la Moncloa, que este martes celebrará su primer Consejo de Ministros tras las vacaciones. A preguntas de los medios de comunicación, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se limitó a argumentar este lunes que la crisis, a juicio del Gobierno, ha cambiado de fase. “Ya no hablamos solamente de una crisis de seguridad y por eso ahora es aún más importante la coordinación entre administraciones”, dijo Cuerpo durante su comparecencia en Ceuta.
En la ciudad autónoma se reunió el vicepresidente económico con Juan Jesús Vivas. Y fue durante ese encuentro durante el cual le dio traslado de una decisión que, en realidad, el Ejecutivo llevaba considerando, al menos, desde el pasado viernes. La reunión sirvió, además, para comprometer “medidas de choque” que amplíen el Plan Socioeconómico aprobado en 2022 y hacer frente al ‘shock’ que ha supuesto la crisis humanitaria en la actividad de la ciudad.
“Creemos que las circunstancias actuales exigen ir más alla y por eso planteamos la ampliación de este plan”, apuntó Cuerpo, que cifró en 180 millones de euros el dinero movilizado hasta la fecha. El objetivo de esta ampliación de recursos, expuso el titular de Economía, será triple: el refuerzo de la seguridad urbana y fronteriza, la gestión de los retornos de los migrantes presentes en Ceuta y el fortalecimiento de los servicios públicos en el enclave. “El Gobierno va a poner todos los recursos necesarios a disposición de las instituciones y de los ciudadanos ceutíes, que deben sentir al Estado como lo hacemos aquellos que estamos en la península”.
Consejo de Ministros y actividad parlamentaria
El volantazo en la gestión de la crisis de Ceuta llega justo cuando el calendario político marca el fin del descanso estival. Este martes se reunirá ya por primera vez en el nuevo curso el Consejo de Ministros, con un orden del día centrado principalmente en las respuestas a la ciudad autónoma y también a las poblaciones afectadas por los incendios de este verano. Antes, a las 9 de la mañana, se reunirá la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional que adoptará el mando único. Y al Congreso volverá también la actividad paarlamentaria.
La titular de Defensa, Margarita Robles, será la primera de los ocho ministros y ministras que comparecerán en la Cámara Baja durante la próxima semana para dar cuenta de la responsabilidad de sus respectivos departamentos en la crisis de Ceuta. Todos ellos deberán hacer frente a la ofensiva sin cuartel de la oposición, que ha encontrado además un filón en la crisis migratoria, y a las propias contradicciones y falta de explicaciones del propio Ejecutivo.
Entre las preguntas que aún quedan por contestar desde el Gobierno se encuentra el papel de los servicios de inteligencia, que aseguran en Moncloa que no informaron de la posibilidad de una entrada masiva de migrantes como la del 30 de julio. También está por explicar si España otorga o no alguna responsabilidad al Gobierno o a la monarquía de Marruecos, a quien hasta ahora el Ejecutivo se afana por exculpar y por ensalzar su labor de cooperación fronteriza. Y cuáles son los planes de ahora en adelante en la gestión de un flujo migratorio que desborda Ceuta y que ministros como el del Interior, Exteriores o Justicia se comprometieron públicamente en retornar al país vecino. Un horizonte que Moncloa ya asume como imposible.
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