En el Consistorio tienen que decidir tras recibir una propuesta de los Alonso, que pretenden que la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo gestione un alquiler social o asequible para la mujer de 87 años expulsada de su casa
Maricarmen, desde el hospital: “Lo que quiero es que este problema con los fondos buitre se elimine de una vez”
Todo puede cambiar en el caso Maricarmen. El propietario de la vivienda que la mandó desahuciar, Urbagestión, da un paso atrás ahora y ofrece la vivienda al Ayuntamiento de Madrid para que se la alquile a precio social a la antigua inquilina, según ha adelantado Libertad Digital y ha confirmado la empresa a elDiario.es. El Ayuntamiento de Almeida tiene ahora que responder a la oferta, que han recibido, mientras la abogada de la inquilina desahuciada y el Sindicato de Inquilinas no han sido informados.
La oferta al Consistorio llega después de semanas y meses en los que Urbagestión ha rechazado todas y cada una de las ofertas que operadores privados y públicos han hecho para tratar de evitar el desahucio de Maricarmen. Por ejemplo, los ofrecimientos del Ministerio de Vivienda, a través de Casa 47, para asumir la propiedad de la calle Alcalde Sainz de Baranda, 46. Ayer Urbagestión en sus primeras excusas públicas dijo que era mentira que el Gobierno hubiera hecho tales ofertas, pero este periódico tiene constancia de que el Ejecutivo sí se las planteó.
Entre otras, en las últimas semanas, se dio traslado de varias propuestas alternativas al desalojo que no obtuvieron respuesta o que fueron directamente rechazadas. Entre ellas, el pago del montante total del alquiler exigido por parte de terceras personas o el aplazamiento del lanzamiento.
Incluso se negaron a negociar o a aceptar ofertas privadas como la del músico James Rhodes para pagar el alquiler o comprar la vivienda, o el ofrecimiento de una de una particular anónima, escritora, que se ofrecía a abonar el alquiler que exigía la propiedad. Ahora, la sociedad administrada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes ha decidido dar marcha atrás sin ni tan siquiera comunicarse con la parte afectada y acercándose al popular José Luis Martínez Almeida para que gestione un alquiler asequible a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).
En el comunicado, la empresa dice ofrecer una solución “de urgencia” al Ayuntamiento para incorporar la vivienda de la que expulsaron a Maricarmen al programa Reviva, mediante el cual el Ayuntamiento facilita a los madrileños poner sus viviendas en alquiler social o asequible a cambio de algunos beneficios.
La empresa asegura buscar “una solución que permita a doña Maricarmen Abascal volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible” y se pone al servicio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) y de Servicios Sociales “para que la propuesta pueda resolverse en el menor plazo posible”.
Urbagestión mantiene la propiedad y el Ayuntamiento la gestiona
El pasado martes, la jueza Elena Cortina Blanco mandó ejecutar el desahucio tras la denuncia de Urbagestión y Maricarmen, a sus 87 años y con su salud frágil y deteriorada por todo el proceso, tuvo que salir en camilla porque la policía reventó la puerta para sacarla de la casa a la que llegó en 1956, cuando tenía 17 años.
El programa Reviva, a través del que se podría gestionar este alquiler, es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid por la que propietarios de viviendas en Madrid pueden poner en alquiler sus pisos a través del consistorio cambio de disfrutar de una serie de garantías y ventajas, entre ellas el pago de la cuota ordinaria de la comunidad de propietarios por parte de la EMVS, el seguro del hogar, las reparaciones ordinarias o el IBI.
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo se encarga de la gestión del alquiler y selecciona los perfiles más adecuados para cada piso en función de los ciudadanos inscritos en el programa, que funciona de forma paralela a su oferta de vivienda pública protegida.
Los requisitos del Plan Reviva, sin embargo, podrían complicar el acceso a Maricarmen, ya que, según la normativa, “la adjudicación de las viviendas se realizará manteniendo rigurosamente el orden de prelación de las solicitudes”. Además, “otro de los requisitos para participar en el sorteo de esta promoción es que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación, ni por impago de rentas o en procedimientos de desahucio de viviendas por problemas de convivencia en los últimos cinco años”.
El consistorio, aunque tiene la obligación de hacerlo, no ofreció a Maricarmen una alternativa habitacional más allá de una plaza en una residencia tan cara como su pensión y después instó a la antigua inquilina a acudir a los servicios sociales para solicitar asistencia. Ahora, cocina una solución con la empresa que provocó uno de los mayores escándalos sociales de los últimos años, el desahucio de una mujer frágil de 87 años pese a las protestas en la puerta de su casa.
La empresa ofrece en el comunicado su versión sobre algunos puntos del caso. Asegura que no compró el edificio entero sino solamente la vivienda de Maricarmen. Añade que ofreció a Maricarmen un nuevo alquiler con un precio entre un 40 y un 50% por debajo del precio de mercado (pero no dice la cifra).
En cuanto a la oferta de James Rhodes, asegura que recibió por correo electrónico dos ofertas para hacerse cargo de la renta o para comprar la vivienda “sin concretar el importe”, pero que tuvieron lugar ya después del desahucio. “Urbagestión agradece su interés, pero cuando llegaron esos correos el lanzamiento ya se había producido”, dicen.
La empresa denuncia además que han saturado sus correos y el servidor “e hicieron muy difícil atender a cualquier comunicación”. “La vivienda no está en venta”, dicen. Reiteran que no son un fondo de inversión, “sino una pequeña empresa madrileña”, y explican que han presentado una querella personal por la difusión de imágenes de uno de los administradores “y de su familia, incluidos su mujer y sus hijos”. También se han querellado contra el Sindicato de Inquilinas y les piden 10.000 euros de multa por denominarlos “fondo buitre”.
Urbagestión ofrece ahora al Ayuntamiento de Madrid el piso de Maricarmen tras desahuciarla 2026
IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-09-25 16:29:59
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