La UCO acude a Correos, Hacienda y Transición Ecológica a por documentación dentro de la investigación a Vicente Fernández 2025

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que está detenidos el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.

El juez Antonio Piña tomará declaración a los tres detenidos el próximo sábado. Hasta ese momento permanecerán en dependencias policiales. Piña decidirá entonces si envía a prisión o somete a los investigados a otras medidas cautelares menos graves y también si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado en razón del aforamiento de José Luis Ábalos, o si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo. 

Las detenciones, los registros y los requerimientos de información que se han llevado a cabo desde el miércoles forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del magistrado, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los requerimientos de este viernes se suman a las reclamaciones realizadas en diferentes empresas públicas en las últimas horas. Además de en la SEPI, compañía pública que factura al año casi 6.000 millones de euros, los agentes reclamaron en Mercasa, que gestiona los mercados centrales de abastecimientos, contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y pasado a cobrar de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Vicente Fernández llegó a la presidencia de la SEPI en junio de 2018, con el ascenso al poder del PSOE, y estuvo en el cargo hasta octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su presunta implicación en el caso Aznalcóllar motivó su cese.

Es a partir de esa época cuando empieza su actividad sospechosa. Vicente Fernández comenzó a buscar entonces trabajo en el entorno del PSOE, explican fuentes del partido. Las mismas fuentes creen que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría respondido a esa inquietud laboral de Vicente Fernández poniéndole en contacto con Antxon Alonso. 

Entre las empresas públicas a las que accedieron los investigadores este jueves figuran también Sepides (Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) y Enusa, empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI, donde ocupó un puesto directivo Leire Díez entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa Leire Díez acudió con Vicente Fernández a algunas reuniones de la empresa pública.

Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal. 

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