Los 3.669 millones más de financiación para la Comunitat Valenciana complican que el Gobierno valenciano se oponga 2026

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Los 3. 669 millones más de financiación para la comunitat valenciana complican que el gobierno valenciano se oponga

La valenciana será la tercera autonomía que más recursos reciba del Estado a partir de 2027, si se aprueba la propuesta del Ejecutivo central de la que el popular Pérez Llorca recela

El Gobierno plantea aumentar la cesión del IRPF y el IVA a las comunidades: “Este modelo es más solidario que el actual”

Pérez Llorca se desmarca de los barones del PP y estudiará “en profundidad” la nueva financiación que destina 3.669 millones más a los valencianos

El nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno central suena bien para las arcas valencianas. Por lo pronto, la Comunitat Valenciana recibirá 3.669 millones de euros anuales más que respecto al modelo anterior, que lleva caducado más de una década y provoca una cronificación de la deuda. La valenciana será la tercera autonomía que más recursos reciba por parte del Estado si se aprueba el modelo, solo por detrás de Catalunya y Andalucía en términos absolutos.

La propuesta que el Ministerio de Hacienda ha hecho pública este viernes, tras alcanzar el jueves un acuerdo con ERC, implica una corrección notable de los agravios históricos a la Comunitat Valenciana. De validarse -requiere el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas y del Congreso de los Diputados- el Gobierno central aportará más recursos al conjunto de comunidades, reduciendo las asimetrías. La ministra María Jesús Montero cree que podrá estar aprobado para entrar en vigor en el año 2027 y llama al PP a sumarse al pacto.

Pese a estos datos, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha rehúsado apyar el modelo de entrada. El dirigente popular ha dicho que quiere esperar a leer la letra pequeña del modelo y los cálculos hasta decidir. También que sin fondo de nivelación su gobierno no dará un sí a la propuesta del PSOE y Sumar. Por letra pequeña se entiende el cálculo exacto de la población ajustada y los mecanismos correctores, además del detalle de la gestión tributaria. De momento, la letra grande sí está sonando bien.

Resulta complicado, para el dirigente de una comunidad infrafinanciada, rechazar una propuesta que reduce notablemente la brecha entre territorios, aumenta globalmente los recursos -si el déficit anual era de 1.300 millones, el Gobierno suma 3.670 anuales- y reconoce particularidades como la vulnerabilidad ante el cambio climático. Cabe pensar que en este nuevo cálculo la Comunitat Valenciana dejará de estar a la cola en el reparto de recursos. Por mucho que el PP diga “no”, apelando a la unidad nacional y al pacto con los partifos catalanes, el PP valenciano tiene difícil explicar su oposición.

En términos capitativos, es decir, teniendo en cuenta la población, pero sin ajustarla a las singularidades de cada región, Murcia (con 743 euros por habitante) y Comunitat Valenciana (con 668 euros) son las regiones que ganan más, según el cálculo de elDiario.es.

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El Ejecutivo se compromete a aportar más recursos al sistema global (el llamado reparto vertical) mediante transferencias y capacidad de recaudación y busca corregir la distancia entre los recursos de cada territorio. El Gobierno propone seguir el criterio de población ajustada para determinar la financiación por territorio, un cálculo en el que prima a comunidades despobladas e incluye en la ponderación criterios como el coste de la educación y los servicios sociales.

Desde 2009, cuando se aprobó el modelo de financiación, la Comunitat Valenciana ha crecido en medio millón de habitantes y no se ha actualizado el modelo de reparto de recursos. La aprobación de una nueva ley orgánica reduciría notablemente los problemas financieros de la Generalitat Valenciana, que cuenta con una infrafinanciación de 1.300 millones anuales y una deuda acumulada de 46.000 millones.

Entre las novedades que también benefician a la Comunitat Valenciana está el fondo climático, dotado con mil millones de euros: dos tercios se repartirán bajo el criterio de población ajustada entre las comunidades mediterráneas, las más expuestas al cambio climático.

También aumenta la capacidad tributaria de las comunidades autónomas: podrán gestionar más IRPF (del 55% de porcentaje de cesión), IVA (del 56,5%) y el 100% de los impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, tributos sobre el juego y tasas y el Impuesto sobre Electricidad. También se incorporan a la cesta el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Depósitos Bancarios, el Impuesto sobre Actividades del Juego y el Impuesto sobre depósitos de residuos en vertederos, incineración y coincineración. El gobierno estima que esto aumentará la financiación en 16.000 millones.

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Este cálculo, mostrado en el gráfico, solo muestra el aumento de los recursos de cada comunidad autónoma por habitante entre el total de población cada territorio, según el nuevo modelo del Gobierno. No pondera variables que influyen en el coste de los servicios como la superficie, la dispersión de la población, la estructura demográfica o la insularidad, que se incluyen en los cálculos para determinar las necesidades de cada territorio en el modelo de financiación autonómica.

Positiva pero insuficiente

La coalición Compromís considera que la propuesta del PSOE es positiva pero advierte de que la propuesta “resulta insuficiente para corregir la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana”. La coalición reclama abordar la deuda histórica, de más de 46.000 millones y el fondo de nivelación transitorio hasta que se apruebe el modelo definitivo. La diputada en el Congreso Àgueda Micó ha advertido de la necesidad de analizar “la letra pequeña” del nuevo modelo, especialmente la aplicación del concepto de población ajustada, que hasta ahora ha provocado una discriminación muy importante para los valencianos y valencianas.

Desde Compromís alertan de que continúa existiendo una diferencia muy elevada entre la comunidad mejor financiada y la peor financiada, que puede llegar hasta los 700 euros por habitante. “El nuevo modelo acorta la distancia entre los mejor y peor financiados, pero no hay que acortarla, hay que eliminarla”, ha explicado Micó.

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