El PP intenta que la gente crea que el Ministerio del Interior de un Gobierno del PP no tiene nada que ver con el PP 2026

El calendario judicial ha obligado a todos a ponerse las pilas justo después del fin de las vacaciones de Semana Santa. Dos grandes juicios coinciden en el tiempo y cada uno de ellos refleja lo peor de los dos principales partidos españoles. El abuso de poder en el caso de la operación Kitchen por parte del Gobierno de Rajoy. Las comisiones por la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Sánchez. En ambos casos, presuntamente. El exministro Jorge Fernández Díaz en un banquillo en la Audiencia Nacional y el exministro José Luis Ábalos en el otro en el Tribunal Supremo. El PP y el PSOE tienen muy claro qué juicio es esencial para la democracia y cuál de los dos no tiene mayor interés.

Por todo ello, los dos juicios van a abrir una autopista inmensa para que circule la ironía. Todo lo que en el otro es producto de la maldad intrínseca de los acusados y de sus correligionarios, dirán ambos, en el mío es producto de circunstancias fuera de nuestro control. Quién podría pensar por ejemplo que Fernández Díaz intentaría que no salieran a la luz las maniobras de Luis Bárcenas cuando su cúpula policial se ocupó después de fabricar pruebas con las que hundir la reputación de Podemos y de los independentistas catalanes.

El único del que podemos suponer que no estaba metido de lleno en el barro en ese Ministerio era Marcelo, ángel de la guarda del ministro, y sólo porque los personajes de ficción son inimputables.

El juicio de la Kitchen comenzó el lunes con las cuestiones previas, que ocuparán varios días. La acusación popular ejercida por el PSOE reclamó que María Dolores de Cospedal sea imputada, que es precisamente lo que el juez de instrucción García Castellón hizo lo posible por impedir. Esa fue una línea de investigación en la que el magistrado no quiso ir muy lejos.

“Una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido”, dijo Bárcenas hace unos días en una entrevista en El Mundo. A menos que Fernández Díaz, amigo personal de Rajoy, decidiera que haría lo posible para librarle y le dijera: tú tranquilo, yo me ocupo de todo.

Con o sin conocimiento de los máximos dirigentes, lo que ha provocado este juicio es la existencia de una red de espionaje político destinada en primer lugar a hacerse con las pruebas que podían incriminar o perjudicar al PP de Rajoy y que luego se dirigió contra los rivales del partido. Es algo sin precedentes en la democracia española si no incluimos a los servicios de inteligencia en la ecuación.

De todos los presidentes del Gobierno desde 1977, quizá Mariano Rajoy sea el que tuvo el temperamento menos autoritario, entre otras cosas por su concepción algo cínica del poder. Pero resulta que fue con él cuando la cúpula policial se convirtió en un guardaespaldas corrupto del partido del Gobierno.

El PP ya tiene preparada una línea de defensa sobre cualquier revelación o posible condena que salga del juicio. “El PP de 2026 no es Kitchen ni Gürtel”. Kitchen forma parte de la historia antigua del partido, de una época que se ha perdido en la noche de los tiempos.

La ironía salta a la vista. La dirección actual del partido reivindica orgullosa la gestión del Gobierno de Rajoy y lo ha invitado a muchos de sus mítines y actos públicos. Pero cuando el Ministerio de Interior de ese Gabinete acaba en el banquillo de los acusados como sospechoso de montar una estructura corrupta, todos esos hechos son presentados como algo ajeno al PP.

Segundo argumento para salir del embrollo. La moción de censura que destituyó a Rajoy sirvió para saldar las responsabilidades políticas por todos esos delitos que están siendo juzgados ahora, comentó Bravo. Esto último es sencillamente maravilloso. En cuestión de semanas, el PP ha pasado de denunciar que esa moción de censura fue un escándalo –entre otras cosas, por el papel de Ábalos en su presentación en el Congreso– a utilizarla como argumento para explicar que tuvo un efecto muy relevante, casi hasta positivo, porque sirvió para dilucidar responsabilidades políticas.

Cuando una periodista preguntó en la rueda de prensa por Rajoy, Bravo respondió que su partido “dejará trabajar a la Justicia” y que no tiene la intención de “hablar de lawfare”. “No soy juez para decir quién es responsable y quién es culpable”, dijo Bravo. Un objetivo entrañable. Nada de avanzar acontecimientos después de una larga instrucción y de centenares de artículos publicados sobre el tema. A diferencia de los casos de Koldo García y Ábalos, de Begoña Gómez y de David Sánchez. En todos ellos, el PP lo sabe todo sobre lo que pasó, sostiene que Pedro Sánchez estaba enterado de todo –aunque no haya sido investigado en ninguno de esos casos– y ya ha emitido su sentencia. Todos son culpables y Sánchez es el más culpable de todos.

Por el juicio pasarán para declarar como testigos Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido y Javier Arenas. No por nada en especial. Es sólo que pasaban por ahí y de vez en cuando saludaban a Fernández Díaz.

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