El gobierno de Ceuta recurre a la vía de emergencia por la crisis migratoria y no publicita la licitación de dos contratos de tres y dos millones de euros, respectivamente, que acaban adjudicados al hermano de un asesor personal de Vivas y al primo hermano del presidente del Puerto
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Dos adjudicaciones millonarias en plena crisis migratoria que la ciudad autónoma de Ceuta acaba de formalizar sin publicidad previa y que han ido a parar a familiares directos de cargos de la máxima confianza del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. Tal y como puede comprobarse en el perfil oficial de Contratación Pública, los dos contratos tienen fecha de 27 agosto, una de las jornadas más duras vividas en la ciudad desde la entrada fronteriza masiva del 30 de julio.
Ese jueves tuvo lugar el brote de violencia explícita más grave hasta la fecha. A las manifestaciones masivas que se convocaron bajo el lema “invasores, expulsión”, y que fueron secundadas por el propio Vivas y por el Partido Popular, les siguieron después ataques a la prensa y fuertes disturbios que incluyeron el bloqueo de ayuda humanitaria y el incendio de los asentamientos de migrantes en la playa de Benítez. Ese mismo día, dos viejos conocidos de Juan Jesús Vivas se garantizaron ingresos de varios millones de euros del presupuesto público.
El contrato más cuantioso de los que hasta ahora ha adjudicado durante la crisis migratoria el gobierno ceutí ha ido a parar a la empresa Absercon. En concreto, 3.267.698,08 euros para “obras de adecuación y habitabilidad de los espacios de acogida de menores motivada por la situación generada tras la entrada masiva de inmigrantes provenientes del Reino de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio de 2026”.
Según el boletín oficial del registro mercantil, el propietario y administrador único de Absercon es Bartolomé Sánchez-París Contreras, un hombre que forma parte incluso de un círculo personal cercano a Juan Jesús Vivas. Porque su hermano, Javier Sánchez-París Contreras, es un hombre de la máxima confianza del presidente y ostenta actualmente un puesto de asesor en el gobierno autónomo, donde desempeña el cargo de secretario administrativo de presidencia con un sueldo público de 35.635 euros. Ingresos que compagina con los de su trabajo en la federación ceutí de fútbol. Pero ese vínculo personal tan directo no se entiende sin la figura del padre de Bartolomé y Javier, Francisco Sánchez París, exjefe de gabinete de Vivas en la Asamblea de Ceuta entre 2006 y 2011 y amigo íntimo desde la infancia.
Hay un segundo contrato, de 2.483.175 euros, que también ha ido a parar a la empresa de otro familiar directo de un cargo de confianza de Juan Jesús Vivas. El mismo 27 de agosto, y también sin anuncio de licitación en el portal de contratación, se formalizó la adjudicación de un encargo de “mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza” para los espacios de acogida de menores. Y fue a parar a la Ferretería Doncel, un comercio local que, según el registro mercantil, dirige Manuel Jesús Doncel de Luna, primo hermano de Juan Manuel Doncel, presidente del Puerto de Ceuta y otro de los hombres de máxima confianza de Vivas.
La trayectoria de Doncel está ligada estrechamente a la carrera política de Vivas. El presidente ceutí lo llegó a nombrar consejero de fomento de su gobierno en 2008 y, años después, su propio jefe de gabinete, dando cuenta de la máxima cercanía y confianza entre ambos. También Vivas fue quien lo nombró en 2019 presidente del Puerto de Ceuta, cargo que desempeña hoy día.
Contactados por este periódico, desde el gobierno ceutí admiten que se trata de dos contratos adjudicados sin publicidad y sin que otras empresas, locales o de fuera de Ceuta, tuvieran posibilidad de acceder a esas adjudicaciones. Pero niegan que el motivo tenga que ver con los vínculos familiares de los cargos de confianza del presidente.
“Los contratos se han tramitado al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que permite recurrir a la contratación de emergencia cuando una situación excepcional exige una actuación inmediata por parte de la Administración. Los días 30 y 31 de julio se produjo una situación extraordinaria que hizo necesario actuar con carácter inmediato para habilitar espacios de acogida, adecuar instalaciones y disponer de suministros y equipamientos en el ámbito de menores no acompañados. En estas circunstancias, la ley permite no acudir al procedimiento ordinario de licitación, precisamente para que los plazos administrativos no impidan dar una respuesta inmediata”, argumentan desde la ciudad autónoma.
Defiende el gobierno de Vivas que “la contratación de emergencia no supone ausencia de control ni de expediente administrativo” y que, en cualquier caso, está “respaldada por los informes técnicos y jurídicos del Órgano de Contratación de la Ciudad Autónoma, que justifica la necesidad de actuar por la vía de emergencia”. “Hay que distinguir entre la contratación ordinaria, que está sometida a los procedimientos de publicidad y concurrencia correspondientes, y la contratación de emergencia, que tiene un régimen jurídico específico. Esperar a una licitación ordinaria habría sido incompatible con la necesidad de respuesta inmediata que planteaba la situación”, concluyen.
El Gobierno central aprobó a finales de agosto una inyección de emergencia de 65 millones de euros y posteriormente anunció un plan de choque integral de 309 millones para responder de forma directa a la crisis migratoria. Un paquete económico, presentado a principios de septiembre de 2026 por el Consejo de Ministros, que representa aproximadamente el 16% del PIB de la ciudad autónoma y engloba tanto las medidas de emergencia iniciales como los planes de recuperación.
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