Unos precios de la vivienda desorbitados, unos salarios que no siguen el ritmo del coste de la vida y las crecientes dificultades para llegar a fin de mes están detrás de una huelga que cuestiona que tener empleo sea hoy garantía de poder vivir dignamente
Directo – Sigue la última hora de la huelga general del 11 de noviembre
La huelga general del 11N nace de un malestar que ha ido creciendo en los últimos años y que tiene en la vivienda su principal expresión, pero que va mucho más allá del mercado inmobiliario. El encarecimiento de los alquileres y de los precios de compra ha convertido el acceso a un hogar en un problema para capas cada vez más amplias de la población, incluidos trabajadores con empleo estable y varias nóminas en casa.
Ahogados por el alquiler
Uno de cada cuatro inquilinos en España destina más del 30% de sus ingresos únicamente al alquiler, esto es, tres millones de personas que los primeros diez días de trabajo de cada mes los dedican a pagar la renta. Los jóvenes y hogares con hijos son los más perjudicados, especialmente las familias monoparentales. Esos precios son mucho mayores en los alquileres en oferta, ya que los precios de los alquileres cuentan los contratos firmados y, en general, los anuncios esperan aumentar la rentabilidad.
Los precios, disparados
La subida incesante de los alquileres, que aumentaron un 43% entre 2015 y 2024 (última cifra disponible de la Agencia Tributaria), mientras los salarios lo hacían la mitad, un 21%, empujó a muchos inquilinos a la compra, elevando a récords las donaciones de padres a hijos para pagar la entrada de la vivienda. Pero eso ha llevado también los precios de compraventa a subidas inauditas de hasta dos dígitos. Pese a haberse frenado en los últimos meses, la subida acumulada en un solo año es del 11,2%, con un precio medio de 2.955 euros por metro cuadrado, que supera los 5.000 euros en Madrid y Baleares. O sea, que un piso de 100 metros cuadrados vale de media 300.000 euros en España y más de medio millón en las comunidades más caras.
La vivienda protegida, desplomada
Aunque en la necesidad de vivienda pública coinciden tanto las voces conservadoras como progresistas, los expertos más ortodoxos y cercanos al sector suelen reducir el problema a un desajuste de oferta y demanda que se solventaría con un aumento de la construcción de viviendas. De hecho, la caída de la construcción de vivienda es también una consecuencia de la burbuja inmobiliaria, con muchas constructoras que acabaron quebradas y una bajada en picado de la actividad constructora ante el endurecimiento de los créditos y la caída del empleo en España, que dificultaban la compra.
En el auge de 2006, se construyeron 597.000 viviendas, por 35.000 en su punto más bajo, 2014. Estamos ahora en un punto todavía lejano al álgido, pero también a un ritmo saludable para cubrir el déficit: 90.000 viviendas construidas en 2025. La vivienda pública tocó techo en 1997 con 85.000 terminadas (por entonces un 20% del total) y está ahora 12.585 en 2025, algo más del 10% y eso después de una mejora tras registros residuales de menos de 5.000 en 2017, cuando todavía golpeaba la crisis económica a los hogares.
Los salarios reales, estancados
A esta presión se suma el aumento del coste de la vida, que ha erosionado el poder adquisitivo de muchas familias, y unos salarios que, pese a las subidas registradas en los últimos años, no siempre avanzan al ritmo de los gastos cotidianos. La sensación de que trabajar ya no basta para llegar a fin de mes ha terminado por conectar la reivindicación de una vivienda digna con las demandas laborales.
La subida salarial pactada por los trabajadores públicos puede provocar un aumento en el sueldo medio en los próximos meses, pero eso no se va a trasladar en una mejora del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. Si la inflación llegó a cifras récord en 2022 con un 9,8%, este año la guerra de Irán y su efecto sobre el comercio internacional la han disparado también hasta el 4,9% actual.
Los beneficios crecen más que los salarios
La convocatoria reclama mejores salarios, medidas para contener los precios y políticas que garanticen el acceso a una vivienda asequible. También pone sobre la mesa el reparto de los frutos del crecimiento económico, en un contexto en el que los sindicatos denuncian que los beneficios empresariales han avanzado más que las rentas del trabajo.
Frente a los salarios y su equilibrio con los precios, existe otra comparación que duele a sindicatos y trabajadores especialmente: con los beneficios económicos. El Observatorio de márgenes empresariales de la Agencia Tributaria calcula que, a cierre de 2025, los beneficios de las empresas han aumentado un 58% en comparación con 2019 mientras la masa salarial (que no los sueldos medios) lo habían hecho un 37,9%.
La renta disponible avanza poco
A pesar de todo ello, los datos muestran que la renta disponible per cápita de los hogares (es decir, todos sus ingresos una vez descontada la inflación y el aumento de la población) ha avanzado un 9% durante el mandato de Pedro Sánchez.
Esto sugiere, según varios expertos, que el crecimiento económico se ha trasladado en una mejora de la situación de las familias, gracias también a las transferencias, prestaciones y modificaciones impositivas a través de la política fiscal y social.
Cinco gráficos y un mapa que explican la huelga general 2026
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