La Audiencia de Madrid impone un año y once meses de prisión para seis responsables de la venta masiva de aparatos desde una nave industrial de Vallecas para poder consumir contenido de pago de forma gratuita e irregular
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La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto condenas de casi dos años de prisión a seis integrantes de un grupo que en menos de tres años vendió hasta 42.530 decodificadores que permitían piratear contenido de pago como cine, la plataforma Netflix o los partidos de fútbol de La Liga. A todos se les atribuye un delito de organización criminal y otro más contra la propiedad intelectual y están obligados a indemnizar con algo más de 100.000 euros a una larga lista de afectados que incluye a Amazon, Disney, Warner o Mediapro. La Justicia no ha sido capaz de sentar en el banquillo al dueño de la empresa china GTMedia que ganó más de un millón de euros con los decodificadores que vendió desde una nave industrial de Vallecas.
Las sentencias que ha podido examinar elDiario.es explican que la empresa GTMAX tenía su sede en una nave industrial en una zona cercana al casco histórico de Vallecas. Desde allí, según los jueces, vendió durante años decenas de miles de decodificadores de la marca GTMEDIA “preparados para acceder a contenidos de pago de forma gratuita”. Una vez adquirido e instalado, acceder a canales de pago, plataformas como Netflix o partidos de Bein Sports de primera y segunda división eran tan sencillo como listas de enlaces para una red privada IPTV, usar el método cardsharing para compartir una tarjeta de un abonado o instalar un firmware especializado.
Los investigadores detectaron que las miles de personas que compraban estos decodificadores salidos del sur de Madrid podían acceder gratis e ilegalmente a todo tipo de contenido de pago, sobre todo plataformas “protegidas por derechos de propiedad intelectual”. Los acusados, además, facilitaban tutoriales e instrucciones para permitir este acceso fraudulento. Los aparatos estaban a la venta en plataformas como Amazon, eBay o AliExpress y también existían aplicaciones para instalarlas en las televisiones y teléfonos móviles.
La investigación arrancó en la Sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual de la Brigada Central de Delincuencia Especializada de la Policía Nacional y los agentes, bajo mandato de un juzgado de instrucción de la Plaza de Castilla, entraron en las oficinas de la empresa en Vallecas en los primeros días de febrero de 2022. Allí pudieron comprobar la magnitud del negocio: desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021 esta empresa había ganado casi 1,2 millones de euros con la venta de 42.530 decodificadores. Al margen, explica esta documentación, de otros 23.087 dispositivos listos para ser enviados.
La causa por delitos de organización criminal y contra la propiedad intelectual no llegó a juicio hasta el pasado mes de octubre en la Audiencia Provincial de Madrid. Un juicio que tuvo que celebrarse en dos sesiones diferentes y que ha dado lugar a dos sentencias diferentes –aunque idénticas en su contenido– porque uno de los acusados no se presentó el primer día de juicio. El resultado ha sido dos sentencias de conformidad con condenas de un año y 11 meses para todos además de multas de 720 euros además de la obligación de indemnizar a las empresas afectadas, entre todos, con algo más de 100.000 euros.
Un empresario chino en rebeldía
En un primer momento, las acusaciones eran más abultadas y la Fiscalía llegó a solicitar cuatro años de prisión para los seis acusados. Algunas de las acusaciones, por su parte, reclamaron que tuvieran que pagar el beneficio de casi 1,2 millones de euros que habían conseguido vendiendo estos codificadores. El mismo día del juicio en la Audiencia Provincial, sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo que, en caso de que se cumpla con la parte económica, no implicará su entrada obligatoria en prisión.
La Audiencia Provincial de Madrid explica en su sentencia que la causa no ha conseguido cerrarse con todos acusados en el banquillo. El máximo responsable de la fabricación y exportación de estos decodificadores, dueño de la empresa china Winsat Technology –con una facturación de decenas de millones de dólares al año– no ha podido ser traído ante los tribunales españoles.
La lista de empresas afectadas que tendrán que ser indemnizadas por este grupo criminal abarca algunas de las principales plataformas y productoras audiovisuales del mundo, además de a la Entidad de Gestión de Derechos de Productores Audiovisuales (EGEDA): Warner Bros, Universal Studios, Columbia Pictures, Sony, Paramount, New Line, Amazon, Disney y Netflix además de Mediapro y La Liga de Fútbol Profesional.
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