Anticorrupción sostiene que Plus Ultra usó el rescate de la SEPI para blanquear dinero “ilícito” de Venezuela 2025

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que la aerolínea Plus Ultra hizo un “uso indebido” del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno le concedió en la pandemia porque al menos parte de esos fondos fueron utilizados para blanquear dinero “ilícito” procedente de Venezuela, según consta en la querella presentada por el Ministerio Público. Anticorrupción impulsa la causa que se sigue por estos hechos en un juzgado de Madrid y que llevó este jueves a la detención del presidente, cofundador y actual dueño de Plus Ultra, Julio Martínez, y del consejero delegado, Roberto Roselli. 

La Fiscalía sostiene que Plus Ultra figura como “firmante y beneficiaria” de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de una supuesta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España y dedicada a blanquear en esos países dinero “ilícito” procedente de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela “de muy alta cuantía”.

La querella cita fondos públicos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y ventas de oro del Banco de Venezuela. A juicio de los investigadores, esos contratos “dan cobertura” a devoluciones por parte de Plus Ultra a cuentas en el extranjero de la supuesta red de blanqueo, tras recibir la ayuda pública. La organización está constituida presuntamente por varios ciudadanos de origen extranjero (Venezuela, Perú y Países Bajos), así como de un abogado español. 

La denuncia de Anticorrupción se basa en la información contenida en comisiones rogatorias recibidas de Francia (Parquet National Financier) y de Suiza (Fiscalía de Ginebra). En una de ellas, se solicitó por las autoridades francesas la práctica de entradas y registros en domicilios ubicados en Madrid, Pozuelo y Tenerife, y en otra procedente de Suiza se solicitó también la entrada y registro en un domicilio de Mallorca. Esos registros fueron autorizados por la Audiencia Nacional. 

Anticorrupción presentó una primera denuncia en la Audiencia Nacional sobre estos hechos el 21 de octubre de 2024 contra estas seis personas. Pero el Juzgado de Instrucción 2 la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial. La Sala de lo Penal confirmó esta decisión hace un año y estableció que la competencia corresponde al juzgado ordinario de los lugares donde se realizaron los hechos. 

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirman que la causa está bajo secreto y la tramita el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado investigó el rescate pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.

El juzgado había abierto diligencias en abril de 2022 contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración del organismo, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación. 

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