El presidente sopesa pros y contras de una oportunidad política surgida de la movilización ciudadana por el desahucio de una mujer de 87 años y que ha prendido una ola de protestas por todo el país a la que Junts, PP y Vox hicieron oídos sordos este viernes en el Congreso
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Un desahucio, una ola de movilizaciones y un debate parlamentario clave para la gobernabilidad del país. Un pacto verbal con Junts que no se cumple y acaba con la derogación de un decreto que deja la legislatura, esta vez sí, al filo de un adelanto electoral. Y todo en cuestión de nueve días, los que van del desalojo de Maricarmen hasta el pleno de este viernes, en los que la política española ha vuelto a dibujar un giro de guion drástico que lo deja todo en el aire. Tanto es así, que Pedro Sánchez medita seriamente la posibilidad de disolver ya las Cortes y convocar elecciones tras el ‘no’ de las derechas a su plan de respuesta a la emergencia de la vivienda. Algo que, según la Moncloa, decidirá durante este fin de semana.
La idea es que ese margen de tiempo le sirva al presidente para sopesar pros y contras de una decisión en la que también tendrá influencia la reacción de la calle. “Somos conscientes de que lo que ha pasado este viernes en el Congreso es muy grave, y ahora toca analizarlo y pensar cuál es la mejor manera de solventar el problema de vivienda que tiene este país”, aseguran en el equipo de Sánchez, donde admiten abiertamente que el escenario del adelanto electoral es una hipótesis más que plausible. “No es una opción que esté, ni mucho menos, descartada. Pero antes queremos hacer ese análisis”.
Tanto en la Moncloa como en buena parte del Consejo de Ministros existe el convencimiento de que el estallido de indignación social por la crisis de la vivienda es una oportunidad política para la izquierda. Una coyuntura que está lejos de ser perfecta ni tampoco garantía de éxito, pero que no existía hace solo dos semanas. Y lo que es aún más importante: nadie atisba que pueda haber otra mejor en los próximos meses, ya en plena recta final de una legislatura marcada por los problemas judiciales del PSOE y por la falta de una mayoría parlamentaria que sustente la acción del Ejecutivo.
Que de la noche a la mañana, la mecha encendida por Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas haya prendido hasta el punto de hacer girar el debate político del país en torno al derecho a la vivienda, —y sepultar asuntos como la crisis de Ceuta o los líos con la justicia de Zapatero— es un escenario que ofrece a Pedro Sánchez un claro incentivo para dar el paso y jugársela otra vez con el adelanto electoral. Más aún, con la foto de PP, Vox y Junts votando al unísono para derogar unas medidas que ya impedían que desahucios como el de la mujer madrileña de 87 años pudieran volver a producirse.
Lo previsible ahora es que el presidente dedique el fin de semana a hablar con mucha gente, a pedir opiniones y a estar muy pendiente de la sentencia que dicten las calles el sábado y el domingo, con decenas de movilizaciones convocadas a lo largo y ancho de todo el país. Y que sea el lunes cuando, muy probablemente, señale un camino a seguir que a última hora del jueves y a primera del viernes parecía desembocar, irremediablemente, en elecciones anticipadas.
A última hora del día, con esa opción todavía plenamente vigente, en la Moncloa preferían trasladar, sin embargo, un mensaje de prudencia y de cautela. Fundamentado, sobre todo, en los reparos a una apertura precipitada de las urnas que le hicieron llegar sus socios de coalición, descabezados y sin plan alguno aún trazado para las elecciones, además de por una protesta a las puertas del Congreso que, a juicio del Gobierno, se quedó lejos de las expectativas.
Del acuerdo, al voto en contra: la última traición de Junts
El voto en contra de Junts este viernes a los dos decretos de vivienda, que condenaron a ambos textos ya publicados en el BOE a ser derogados, cerró el círculo de una legislatura plagada de desmanes parlamentarios de los independentistas catalanes al Gobierno a pesar de la ley de amnistía, negociada a cambio únicamente de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez en 2023. El ‘no’ de los siete diputados de Carles Puigdemont se produjo a pesar de una larga negociación previa que llevó al Gobierno a aceptar la inmensa mayor parte de sus demandas e incluirlas en el texto final. Hasta tal punto, que Míriam Nogueras llegó a presumir de ello el martes en los pasillos del Congreso tras la aprobación en el Consejo de Ministros. “Hemos colado las bonificaciones fiscales que queríamos. Que las izquierdas estén enfadadas y lo llamen ‘el decreto Junts’ es muestra de que hemos conseguido muchas cosas”.
Pero al día siguiente todo cambió. La sensación en el Gobierno era que el decreto que incluía el grueso de medidas antidesahucios no solo contaba con el respaldo de Junts, sino de una mayoría parlamentaria suficiente para ser convalidado. Un optimismo que llegó a expresar en público el propio Pedro Sánchez, pero que se diluyó con el transcurso de la semana. Las primeras alarmas saltaron durante la comparecencia del presidente español con el francés Emmanuel Macron el miércoles en la Moncloa, justo el momento que en el Gobierno señalan como el principio de los rumores sobre un volantazo de Junts que atribuyen, directamente, a una petición expresa de la patronal catalana.
Aunque nadie supo interpretarlo entonces, ya el jueves por la tarde Pedro Sánchez cambió su tono público de optimismo y se centró en presionar a los grupos parlamentarios en la víspera de la votación durante su intervención en el Foro de la Toja. “Le pido al Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios altura de miras para convalidar los decretos. Pido que dejemos de lado la ideología y las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad”. El presidente ya sabía que ese decreto corría serio peligro.
Porque a esas alturas, en la Moncloa ya constaba que la batalla interna en Junts la había vuelto a perder la vía pragmática de la moderación representada en figuras como la de Jordi Turull en beneficio del rupturismo que encarna gente como Nogueras. Así que el escenario de un adelanto electoral se abrió entonces de par en par, mientras las acampadas del movimiento por el derecho a la vivienda no paraban de crecer por las plazas de todo el país. De acabar por concretarse la llamada precipitada a las urnas, la primera fecha factible tras los 54 días que han de pasar desde la disolución de las Cortes es el domingo 29 de noviembre. “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que se imaginan”, le espetó Sánchez a PP, Vox y Junts para zanjar el debate parlamentario con un mensaje que sonó a advertencia.
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