La sentencia que condena a seis alcaldes, la mayoría del PP, y varios directivos de la empresa Cofely revela cómo la corrupción siguió campando a sus anchas por la región mientras gobernaba Esperanza Aguirre, tras el estallido del caso Gürtel y aprovechando las oportunidades de la crisis que asolaba el país
La Audiencia Nacional condena a seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid por la trama Púnica
El estallido de la operación Púnica en 2014 desató un terremoto judicial y político en Madrid con pocos precedentes y de difícil imitación. Francisco Granados, uno de los hombres fuertes de los gobiernos de Esperanza Aguirre, fue enviado a prisión provisional mientras la Guardia Civil detenía a media docena de alcaldes y la Audiencia Nacional descubría que la corrupción había evolucionado desde la trama Gürtel y había cambiado el ladrillo por la eficiencia energética. La sentencia del caso, once años después de la operación, deja 28 personas condenadas por amañar contratos de eficiencia energética para la filial española de GDF Suez en siete municipios madrileños con un botín de 233 millones de euros.
La Guardia Civil y el juez Eloy Velasco pusieron en marcha la operación el 27 de octubre de 2014. Fue un poco antes de lo previsto porque uno de los agentes había dado un chivatazo y los investigados ya sabían que la Audiencia Nacional les pisaba los talones. A la cabeza de la lista de medio centenar de investigados se situaba Granados, que medio año antes había dejado su acta de senador por el PP tras conocerse que había tenido una cuenta en Suiza. En el papel de empresario corruptor desconocido para el gran público estaba David Marjaliza y, por detrás, los alcaldes de municipios como Valdemoro, Parla o Móstoles y directivos de la empresa Cofely.
La operación, una de las últimas macrocausas de corrupción política, fue bautizada como ‘Púnica’ en honor a Francisco Granados: el árbol del granado es ‘púnica granatum’ en latín. La Audiencia Nacional sospechaba que el antiguo hombre fuerte de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid había aprovechado su puesto para tejer una red de contactos, favores y sobornos de la mano del empresario Marjaliza y con ramificaciones en León, Murcia y Alicante. Tan solo cinco años después del estallido del caso Gürtel, la política madrileña en general y Aguirre en particular veían cómo la Guardia Civil y los tribunales desvelaban otra trama de corrupción que anidaba con impunidad, otra vez, en las arcas municipales.
El operativo policial fue un shock con pocos precedentes en la política madrileña. Varios alcaldes fueron enviados a prisión provisional y no todos, aunque sí la gran mayoría, eran del Partido Popular. Tomás Gómez, entonces líder del PSOE madrileño, compareció cariacontecido en la Asamblea de Madrid y se declaró “desolado” por la detención de José María Fraile, su amigo y sucesor como alcalde de Parla. Aguirre –presidenta regional cuando ocurrieron la mayor parte de los hechos, pero fuera del cargo desde 2012– compareció para pedir perdón por haber confiado en Granados. Solo tres años después de tener que disculparse por la corrupción del caso Gürtel. Y a medio año de las siguientes elecciones municipales y autonómicas.
La sentencia dictada este final de año por la Audiencia Nacional revela que la corrupción mutó en Madrid para adaptarse a las circunstancias pero sin perder de vista el botín de las arcas públicas. Según describen los jueces, la crisis económica plenamente asentada en España en 2012 abrió una nueva oportunidad de negocio para los corruptos: la eficiencia energética de los municipios, grandes y pequeños. Contratos millonarios a 15 años vista en algunas de las ciudades más grandes del país para revisar y mejorar el alumbrado y encargarse de su mantenimiento. Cofely, filial española del gigante gasístico francés GDF Suez, se lanzó a por el botín municipal mientras su negocio se desplomaba.
La fórmula del éxito tuvo una pata fundamental: contratar a varios antiguos directivos y comerciales de Dalkia, empresa de la competencia. Y a través de ellos llegaron a David Marjaliza, constructor de la zona sur de Madrid que tenía una “red de contactos e influencias” en muchos ayuntamientos. El “conseguidor” perfecto para hacerse con la eficiencia energética de los municipios del PP, el partido con el que estaba mejor conectado, pero también del PSOE o gobernados por independientes.
Para cuando el caso llegó a juicio en 2025 –11 años después de la operación de la Guardia Civil– hasta 13 de los acusados habían optado por reconocer los hechos y devolver una parte del dinero a cambio de un acuerdo con la Fiscalía que evitara o minimizara su tiempo en prisión. El primero fue el propio David Marjaliza, que ya en 2015 optó por colaborar con la Audiencia Nacional y apuntar con el dedo a todo aquel que hubiera jugado un papel protagonista o secundario en la trama. Le siguieron los directivos de Cofely, la empresa adjudicataria corruptora, y algunos alcaldes y concejales imputados. Un escenario que dejaba poco margen para algo que no fuera una condena.
Un botín de 233 millones de euros
La sentencia de más de 600 páginas describe cómo este entramado corrupto se sentó en las mesas de contratación de distintos ayuntamientos para redactar de forma casi directa los pliegos de los contratos de eficiencia energética de municipios como Móstoles (205.000 habitantes), Parla (125.000), Valdemoro (72.500) o Collado Villalba (30.500), y otros más pequeños como Moraleja de Enmedio, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle. Los detalles de las adjudicaciones pasaban previamente por manos de los directivos de Cofely para evitar sorpresas y quedaban selladas con las comisiones que Marjaliza y sus socios pactaban con los alcaldes.
En Collado Villalba (PP), por ejemplo, se pactó o prometió una comisión de 171.000 euros en efectivo. En Móstoles (PP) de 240.000 euros y en Parla (PSOE) de 500.000 euros. En Serranillos del Valle, unos 25.000 euros. El botín, según la sentencia, era infinitamente mayor. Si la operación no hubiera estallado y los contratos hubieran durado los 15 años que se habían establecido, Cofely habría obtenido un total de 232,9 millones de euros en adjudicaciones públicas por controlar la eficiencia energética de estos municipios. El plan, a pesar del cambio de nicho de mercado, era similar al de la Gürtel: pagar comisiones en efectivo o facturar sobrecostes de forma ficticia a través de empresas de la trama.
La sentencia deja 28 personas condenadas con el foco en la empresa corrupta Cofely. Algunos de sus directivos, que estuvieron en primera fila en el amaño de contratos, han recibido penas de hasta casi siete años de cárcel por hasta seis delitos relacionados con la corrupción. La propia empresa es condenada a pagar multas que suman 3,5 millones de euros porque sus empleados no encontraron “ninguna traba” interna para evitar que, incluso, tuvieran un departamento en la compañía para planificar los sobornos y amaños.
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<img src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2025/12/caso-punica-cuando-la-corrupcion-en-madrid-cambio-el-ladrillo-por-la-eficiencia-energetica-de-la-mano-del-pp-2025-1.jpg" alt="Imagen del juicio en la Audiencia Nacional por la pieza de la trama de corrupción Púnica que afecta a la empresa Cofely y en la que se juzga, entre otras personas, a ocho exalcaldes de localidades madrileñas, la mayor parte de ellos del PP, en San Fernando de Henares (Madrid). EFE/ Fernando Villar. POOL">
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Imagen del juicio en la Audiencia Nacional por la pieza de la trama de corrupción Púnica que afecta a la empresa Cofely y en la que se juzga, entre otras personas, a ocho exalcaldes de localidades madrileñas, la mayor parte de ellos del PP, en San Fernando de Henares (Madrid). EFE/ Fernando Villar. POOL </span>
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Los jueces también sentencian a seis alcaldes a penas que, en caso de ser declaradas firmes, supondrán su entrada obligatoria en prisión. Alberto Estrada (Moraleja de Enmedio) y Agustín Juárez (Collado Villalba) son condenados a cuatro años y medio de prisión. Daniel Ortiz (Móstoles) y Antonio Sánchez (Serranillos) a tres años de prisión. José María Fraile (Parla) a dos años y cuatro meses. Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco) a tres años de inhabilitación. Y David Marjaliza, el hombre que lleva diez años cantando en la Audiencia Nacional, a ocho años y dos meses de presidio. Todo con las atenuantes clásicas de los casos de corrupción que se eternizan en este tribunal: dilaciones indebidas, confesión tardía y reparación del daño.
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No todos los alcaldes acusados han sido finalmente condenados y no todos los contratos bajo sospecha han podido demostrarse corruptos. José García (<a href="https://www.eldiario.es/extremadura/politica/exalcalde-almendralejo-absuelto-juicio-punica-dano-causado-no-borrar_1_12867231.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">Almendralejo</a>) y José Carlos Boza (Valdemoro) han sido absueltos por falta de pruebas, y tampoco ha podido probarse que la adjudicación que Cofely consiguió en Alcalá de Henares por casi 14 millones de euros respondiera a un plan criminal. En el caso de Valdemoro, epicentro de otras piezas de la trama por haber sido el feudo de Francisco Granados en su época de vecino y alcalde, el condenado por las irregularidades es José Luis Navarro, entonces arquitecto municipal.
</p><h2 class="article-text">Una trama que sacudió Madrid</h2><p class="article-text">
La sentencia no refleja cómo la política madrileña convulsionó hasta la raíz ese octubre de 2014. Quedaba poco más de medio año para las elecciones municipales y autonómicas y algunos de los alcaldes detenidos habían sido presentados como candidatos solo unos días antes por sus respectivos partidos. El Partido Popular se encontraba sumido en una crisis de liderazgo con un Ignacio González buscando la salida de emergencia y con Cristina Cifuentes, entonces delegada del Gobierno, abriéndose paso como potencial candidata de renovación mientras los partidos emergentes, Podemos y Ciudadanos, se preparaban para cambiar para siempre el tablero político.
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Casi todos los municipios salpicados por la trama corrupta, entonces bajo una investigación incipiente, experimentaron un vuelco electoral en mayo de 2015. En Móstoles el PP perdió la mayoría absoluta y pasó a gobernar el PSOE. En Valdemoro, plaza histórica del PP, los de Aguirre se desplomaron y la alcaldía pasó a manos de Ciudadanos. En Parla, donde Tomás Gómez llegó a ser el alcalde más votado de España, ganó un Partido Popular que solo consiguió retener por los pelos el bastón de mando en Collado Villalba. En la ciudad de Madrid, Esperanza Aguirre fue relegada a la oposición y Cristina Cifuentes necesitó a Ciudadanos para ser presidenta regional.
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La presencia de la Púnica en esa etapa de la política madrileña llegó al punto de vivir imputaciones en directo en la Asamblea de Madrid. El PP de Cifuentes, <a href="https://www.eldiario.es/politica/cifuentes_1_3434137.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">entonces con una lista</a> que había elaborado el partido que controlaba Aguirre, vio cómo los informes policiales del caso apuntaban a varios diputados que habían sido alcaldes en legislaturas anteriores. Daniel Ortiz, hoy condenado a tres años de prisión, tuvo que dejar su escaño en Vallecas cuando las acusaciones se posaron directamente sobre él. “Muchas gracias por el aplauso, entiendo que están respetando la presunción de inocencia”, dijo mes y medio antes de ser imputado mientras la bancada de Podemos le aplaudía con ironía.
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Imagen de archivo del empresario David Marjaliza, considerado uno de los cabecillas de la trama Púnica. EFE/Chema Moya </span>
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La trama Púnica, sucesora de Gürtel y antecesora de Lezo, todavía tiene mucho recorrido por delante. Tanto por los recursos que se presenten contra esta sentencia como por todos los juicios que aún están por celebrar. La investigación, tras pasar por manos del juez Eloy Velasco, terminó en la mesa del juez Manuel García Castellón, con resultados dispares. Francisco Granados, que hasta 2011 fue consejero de Presidencia con Esperanza Aguirre, está pendiente de juicio junto con 42 personas más por la adjudicación ilegal de suelo público y obras del Metro de Madrid a través de empresas regionales.
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También va camino del banquillo la pieza el caso que investigó las cuentas del Partido Popular de Esperanza Aguirre y la financiación de la campaña electoral de 2011 que la encumbró como dueña y señora de la mayoría absoluta en Madrid. La Audiencia Nacional <a href="https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-lleva-juicio-mano-derecha-esperanza-aguirre-caja-b-pp-madrid_1_11260696.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">juzgará a Granados</a> y al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, junto con varias personas más como posibles responsables de una 'caja B' en el seno del PP madrileño. Pero no a Esperanza Aguirre: García Castellón, <a href="https://www.eldiario.es/politica/anticorrupcion-libra-esperanza-aguirre-pese-concluir-gano-elecciones-trampas_1_9184312.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">de la mano de la Fiscalía Anticorrupción</a>, negó durante la instrucción que ella “<a href="https://www.eldiario.es/politica/garcia-castellon-archiva-causa-esperanza-aguirre-caja-b-pp-madrid_1_9218894.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">tuviera conocimiento</a>” de cómo la trama financió irregularmente sus campañas o desvió dinero público para promocionar su imagen.
</p><p class="article-text">
No todo en la Púnica han sido imputaciones, autos de procesamiento y aperturas de juicio oral. La investigación sobre el desvío de fondos públicos para fomentar la reputación <em>on line</em> de políticos del PP <a href="https://www.eldiario.es/politica/ultima-hora-actualidad-politica-directo_6_11429805_1108291.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">quedó archivada</a> diez años después del estallido de la causa. Y el proceso que acaba de terminar en condena vio cómo 30 personas estuvieron imputadas durante siete años antes de quedarse fuera. El reguero de juicios sobre esta trama que afecta, sobre todo, al Partido Popular de Madrid, seguirá aumentando durante los próximos años y se solapará con los de otras piezas separadas del caso Lezo, ese en torno a Ignacio González, <a href="https://www.eldiario.es/politica/veces-aguirre-esquivo-banquillo_1_9220033.html" target="_blank" data-mrf-recirculation="links-noticia" class="link">el sucesor de Esperanza Aguirre</a>.
</p> Caso Púnica: cuando la corrupción en Madrid cambió el ladrillo por la eficiencia energética de la mano del PP 2025 IUSTITIA.BG - Investigations 2009-2025 2025-12-24 20:50:45 Últimas noticias, noticias del mundo, noticias del país, noticias más importantes, últimas noticias, lo más importante, lo último del día, Justicia, Petar Nizamov, Plumas, Petar Nizamov- Plumas, Justicia bg, iustitia.bg, iustitia, iusticia, usticia, investigación, Burgas, Bulgaria, noticias, noticias de última hora, noticias del día, noticias de hoy, noticias de hoy, noticias de Bulgaria, Las noticias de Bulgaria, noticias blitz, noticias principales, lo más importante, lo más comentado, últimas noticias, Boyko Borisov, noticias, tiempo, coronavirus, noticias, noticias, tiempo, facebook, youtube, facebook, instagram, noticias de hoy, noticias de última hora, noticias de hoy, noticias de hoy, noticias, noticias bg, noticias principales, noticias de última hora, noticias bg, sitio de noticias, todas las noticias, noticias bg, noticias de última hora, lo último, últimas noticias bg, noticias de hoy, noticias de hoy, noticias de última hora, últimas noticias, hoy, noticias bg, noticias, noticias vesti, noticias 24 horas, vesti bg novini, Noticias internacionales, Bird BG, Bivol BG, Bivol, Trud BG Novini, últimas noticias de hoy, noticias de Novinite BG, Hola Bulgaria, escudo de armas de partidos políticos, Delyan Peevski, escandaloso, Televisión Nacional Búlgara, Europa Libre, televisión, escándalo, exclusivo, en directo, TV en directo ahora mismo, TV, TV online, programa de TV, BG, en directo ahora, noticias de TV, online, TV en directo online, tribunal, tribunal de Burgas, tribunal de distrito de Burgas, tribunal de Burgas, tribunal de distrito de Burgas, tribunal de distrito de Burgas, tribunal de apelación de Burgas, fiscal de Burgas, fiscalía de Burgas, fiscalía del distrito de Burgas, fiscal jefe, Ivan Geshev, fiscal Geshev, Tsatsarov, MVR Burgas, ODMVR Burgas, ODP Burgas, policía de Burgas, policía del distrito de Burgas, fiscal Tsatsarov, casos SGS, tribunal de Varna, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, decisiones judiciales en casos civiles, decisiones en casos, tribunal de Plovdiv, decisión judicial, decisiones de casos, tribunal de Varna, penal, casos, distrito, decisiones del tribunal de distrito, trabajo en el tribunal, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, jueces del Tribunal Supremo, tribunal de Sofía, jueces adjuntos, Plovdiv, tribunal de Plovdiv, jueces de Plovdiv, Tribunal Supremo, Inspección del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Supremo de la Judicatura, Tribunal Supremo, Consejo Supremo de la Judicatura, abogado, abogado de casos penales, abogado de casos civiles, abogado de casos matrimoniales, abogado administrativo, derecho penal, proceso penal, derecho civil, proceso civil, derecho administrativo, derecho constitucional,<div class="media_block"><img src="https://iustitia.bg/wp-content/uploads/2025/12/caso-punica-cuando-la-corrupcion-en-madrid-cambio-el-ladrillo-por-la-eficiencia-energetica-de-la-mano-del-pp-2025.jpg"></div>
