Vivienda estudia rebajar la bonificación fiscal a los caseros que suban el alquiler 2026

El Gobierno trabaja en una propuesta para penalizar fiscalmente a los caseros que suban los precios del alquiler. El castigo será, en realidad, la rebaja de la bonificación del 50% de las rentas en el IRPF de la que ya disfrutan los arrendadores, por el mero hecho de poner su vivienda en el mercado del alquiler, independientemente de su precio, y “en ningún caso” llegará al 0%, “porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo y el turístico o de temporada”, explican fuentes ministeriales. Es decir, incluso a quien suba el alquiler se le seguiría bonificando, aunque menos que actualmente.

La medida, avanzada por El País, y que ha podido confirmar elDiario.es, no está aún cerrada y requeriría contar con apoyo parlamentario, pero desde el Ejecutivo defienden que va “en línea con lo que siempre defiende el Gobierno”: “Incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no”. El presidente Pedro Sánchez anunció hace un mes una nueva bonificación fiscal del 100% en el IRPF para aquellos caseros que no suban el alquiler, con cientos de miles de contratos que se firmaron a precios más bajos durante la pandemia a las puertas de la renovación. La propuesta fue rechazada por la mayoría de socios parlamentarios, incluido Sumar.

El nuevo plan contempla, de este modo, una penalización para quien opte por subir los precios, que en los últimos cinco años han registrado incrementos de hasta el 40%, según los cálculos del socio minoritario de la coalición. De hecho, Sumar ya se ha mostrado en contra de esta idea, planteada en la mesa de negociación. “Los caseros ya disfrutan de un 50% de rebaja en el IRPF, por lo que desincentivar fiscalmente por subidas de alquiler solo es una reducción del privilegio”, apuntan voces de la formación, que consideran que esta, “como única medida, no tiene capacidad para frenar la espiral alcista de los precios”.

La Ley de Vivienda ya contempla determinados incentivos vía IRPF. Al margen del 50% general, que la norma estatal rebajó desde el 60%, se permite una deducción del 60% para quien rehabilite su vivienda; del 70% para quien alquile a jóvenes; o del 90%, si se baja el precio en cinco puntos. El principal hándicap que se ha encontrado el Ministerio de Vivienda es que estos premios solo aplican en zonas declaradas tensionadas, hasta ahora minoritarias y con el PP en contra de aplicarlas, salvo en Galicia, por lo que, en la práctica, estas medidas quedan sin efecto.

Para paliar el bloqueo, el Gobierno ya propuso hace más de un año una exención fiscal de hasta el 100% del IRPF para propietarios que alquilen sus viviendas en cualquier punto del territorio, haya sido o no declarado zona tensionada. La medida todavía no ha salido adelante y algunos expertos advierten que chocaría con el último anuncio de Sánchez, de llegar al mismo premio simplemente por no subir los precios, en lugar de bajar, como se había planteado previamente.

Con todo, la propuesta vuelve a mostrar las discrepancias en el seno del Gobierno en materia de vivienda. “Sumar considera que la solución a esta crisis no puede partir de la voluntariedad de una parte. En ese caso, de la buena voluntad del casero”, defienden desde la formación de Yolanda Díaz, que apuesta por una prórroga extraordinaria de los contratos como la “vía más eficaz para intervenir de inmediato el mercado del alquiler”. Una idea que, hasta ahora, ha rechazo el ala socialista del Ejecutivo.

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