
La sentencia del Supremo convierte al ex número tres del PSOE en el ministro de la democracia con más años de cárcel sobre sus hombros y libra de la prisión a Víctor Aldama, el empresario corruptor erigido ahora en referente antisanchista que pide a otros investigados seguir sus pasos
El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel y libra a Aldama de entrar en prisión
Otro golpe durísimo para el Gobierno. La histórica condena a José Luis Ábalos de 24 años de cárcel supera de largo las previsiones hechas en el Partido Socialista, que considera “desproporcionada” la sentencia y que tendrá que afrontar ahora la digestión política de ver a su exnúmero tres como el ministro de la democracia con mayor pena sobre sus hombros. Aunque en Ferraz y Moncloa se afanaron desde el estallido del caso en romper puentes con Ábalos para perimetrar el impacto de un caso de corrupción en el corazón del Ejecutivo, la resolución este lunes del Tribunal Supremo sobre el conocido como ‘caso mascarillas’ supuso otro torpedo en la línea de flotación de los socialistas, asediados en los juzgados por una cascada de casos.
Expulsado del partido y desterrado en su día al Grupo Mixto del Congreso tras negarse a renunciar a su acta, la figura de Ábalos resulta trascendental para entender la trayectoria política de Pedro Sánchez. Fue el hombre hoy condenado quien, cuando casi todo el mundo le había dado la espalda, le organizó al líder socialista las primarias en las que consiguió doblarle el brazo a todo el aparato de su partido para volver a proclamarse secretario general. Y un personaje central en la negociación de la moción de censura de 2018 que lo convirtió en presidente y que él mismo defendió en la tribuna contra la corrupción del PP de Mariano Rajoy.
De esos dos hitos políticos obtuvo como recompensa convertirse en uno de los hombres más poderosos del país: fue encumbrado por Sánchez como secretario de Organización del Partido Socialista y también como ministro de Transportes, el departamento con mayor presupuesto público de todo el organigrama del Ejecutivo. Una situación de privilegio que, según el Supremo, fue aprovechada para poner en pie una “organización” criminal para “obtener un común beneficio económico”.
Por esos hechos, el alto tribunal decidió este lunes condenarle por unanimidad a 24 años y tres meses de cárcel, un castigo exponencialmente superior al de otras sentencias históricas como la del ministro José Barrionuevo, condenado a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, malversación y falsedad documental en el Caso GAL, o Jaume Matas y Rodrigo Rato, condenados a nueve y cuatro años respectivamente también por escándalos de corrupción.
Aunque de manera oficial el PSOE y el Gobierno emitieron sendos comunicados de respuesta en los que acataba la resolución, entre las filas socialistas es generalizado el sentimiento de que el Tribunal Supremo ha vuelto a resultar un terreno “hostil” para el Ejecutivo con decisiones que consideran cuanto menos “discutibles” y que resaltan que se han sucedido desde la aprobación esta legislatura de la Ley de Amnistía. Para esa lectura el Partido Socialista no solo pone el foco en la elevadísima condenada a José Luis Ábalos, sino que también le otorga relevancia política y judicial al dictamen sobre Víctor Aldama.
El Supremo rebaja extraordinariamente la pena al empresario corrupto que se benefició con 3,7 millones de euros e incluso le exonera de entrar en prisión a cambio de trabajos para la comunidad. Una decisión contra la que varios dirigentes del Partido y ministros del Gobierno se lanzaron públicamente. “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora”, publicó en sus redes Óscar Puente. La portavoz de Ferraz, Montse Mínguez, planteó también en sus redes sociales: “24 años para Ábalos. 19 años para Koldo. 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.
Erigido ahora en referente del ‘antisanchismo’ y apadrinado por Vox o por Desokupa en las manifestaciones contra el Gobierno, Aldama quiso mandar un mensaje público este lunes a su salida del Supremo tras conocer su condena y quedar en libertad. “Estoy satisfecho, espero que los demás que vienen detrás, colaboren”. Un mensaje explícito, deslizado también desde la propia oposición, y que en el PSOE y en el Gobierno creen que es la principal moraleja que subyace del fallo judicial de este lunes.
Lo que temen en las filas socialistas es que el paso dado por el Supremo con el empresario corrupto, al que ni siquiera le reclama devolver los más de 3 millones de euros que se embolsó con el ‘caso mascarillas’, sea un aviso a navegantes para las causas que aún se encuentran en plena investigación. Y que figuras como Leire Díez, Santos Cerdán o Julio Martínez vean un claro incentivo en aportar en sus procedimientos munición contra el Gobierno para aliviar sus situaciones procesales.
Por el momento, la reacción de los socialistas es mantener el rumbo con el calendario electoral de 2027 y salir al paso de las voces, incluso de sus propios socios, que proclaman que la legislatura no da más de sí. “Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público. A lo largo de estos años, hemos construido equipos, actuado, e impulsado numerosas leyes y regulaciones en virtud de ello. Por eso lamentamos y condenamos sin matices unos comportamientos que claramente han atentado contra esos principios. Y nos comprometemos a seguir trabajando para construir una España ejemplar en la que la corrupción no sea aplaudida ni tolerada”, emitió Moncloa en una nota pública.
Este miércoles el presidente comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los casos que se amontonan en torno al PSOE y al Gobierno. Según fuentes del Ejecutivo, Sánchez asumirá su responsabilidad en casos como el de Ábalos o Cerdán, pero hará una diferenciación clara respecto a otros que los socialistas consideran directamente lawfare, como los casos de la pareja o el hermano del jefe del Ejecutivo. E intentará retratar la permisividad del PP de Feijóo con sus propios escándalos para defender que “la corrupción no solo define a quienes la cometen, sino que también retrata a quienes actúan y a quienes miran hacia otro lado”.
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