El relator asegura que España debía cumplir con el dictamen del Comité de Derechos Económicos y Sociales
El desahucio de Maricarmen retrata la crisis de la vivienda en España
El relator de la ONU en vivienda, el español Koldo Casla, ha compartido cuatro reflexiones un día después del desahucio de Maricarmen. Entre ellos, asegura que “la jueza debería haber suspendido temporalmente el desahucio para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe”. Hace unos meses, el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU decretó esas medidas cautelares y exigió a España detener el desahucio.
Concretamente, la ONU dio de plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional y solicitó que se suspenda o se ofrezca una alternativa habitacional adecuada. Nada de eso se ha cumplido y Maricarmen fue sacada de su casa.
El profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Essex y desde mayo empleado de la ONU lamenta que “la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado”. “No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa”, sentencia.
Pese a la resistencia de los manifestantes, este miércoles Maricarmen Abascal fue sacada en camilla de su casa en el barrio del Retiro, en la que vivía desde 1956. El contrato firmado por el padre y subrogado por la madre al fallecer el primero dejó de ser válido en 2007, a los dos años de morir la progenitora, según los propietarios de Urbagestión y el Supremo. La empresa se negó a negociar cualquier solución con la inquilina o con el Gobierno.
“No debe producirse un desahucio sin alternativa habitacional”, asevera Casla, que insiste en que “todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezca una alternativa viable y justa”. No fue el caso de Maricarmen, que dormirá finalmente en casa de familiares y a quien el gobierno de Ayuso tan solo propuso una residencia.
El relator de la ONU también afirma que “un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones de alquiler unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda”. “Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte”, sentencia.
El Defensor del Pueblo pide medidas
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha reclamado “medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables”. “Se hace también imprescindible que las administraciones ofrezcan soluciones que impidan situaciones como la vivida por María del Carmen Abascal”, dice el Defensor, que describe el caso como “una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder”.
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