La decisión del Alto Tribunal de frenar el derecho al voto de los nacionalizados con la llamada ley de nietos alienta la conspiración del pucherazo y suma un nuevo encontronazo entre el Ejecutivo y una parte de los jueces
El Supremo frena el derecho al voto de los nacionalizados con la ley de nietos
El año judicial arranca de nuevo bajo un clima de máxima tensión entre el Gobierno y una parte de los jueces. La decisión del Tribunal Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo abre un nuevo frente al Ejecutivo en un momento especialmente sensible: la víspera del acto de arranque del curso en los tribunales que preside cada año el rey Felipe VI ante un despliegue de togas y autoridades.
El veredicto de los jueces tendrá posiblemente unos efectos electorales limitados, dado que el porcentaje de nacionales españoles residentes en el extranjero que votan en las elecciones generales habitualmente apenas supera el 7% del total. Pero da vuelo y argumentos jurídicos a las teorías conspirativas de la derecha y la extrema derecha sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo a través de la ley que ha otorgado de momento la nacionalidad a 306.000 descendientes. Y, sobre todo, suma un nuevo episodio al capítulo de choques entre el Gobierno y el Poder Judicial apenas días después del encontronazo por el famoso informe policial sobre Ceuta.
En una breve intervención ante los medios en el Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, admitió este martes que en el Ejecutivo “no comparten” la decisión y reclamó al Supremo que dé “prioridad” a este asunto y resuelva sobre el fondo antes del próximo ciclo electoral. El tribunal adelantó este martes el fallo, todavía no se conocen los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos salvo que acrediten que son descendientes de exiliados. Está previsto que los autos que sustentan esta decisión se notifiquen en los próximos días.
En realidad, la Ley que establece el derecho a la nacionalidad a descendientes de españoles represaliados del franquismo fue aprobada el 5 de octubre de 2022 sin que la derecha del PP y la ultraderecha de Vox dijeran una palabra contra esta medida tras 15 meses de tramitación parlamentaria. Ha sido cuatro años después, al calor de un acuerdo de la Junta Electoral Central del pasado julio que declinaba intervenir sobre el modo en que se conceden las nacionalidades y sobre la aplicación del censo, cuando ambos partidos alentaron el bulo de un supuesto pucherazo electoral.
El asunto llegó al Supremo de la mano de Vox y del partido extraparlamentario Iustitia Europa, un habitual de la acusación popular en diferentes causas de trascendencia pública. Su tesis es que una instrucción de octubre de 2022 del Ministerio de Justicia realiza una “interpretación expansiva” de esa norma al establecer que basta con acreditar con documentación que el antepasado —progenitor o abuelo— salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 para que se presuma la condición de exiliado que exige la ley para acceder a la nacionalidad.
En realidad, esa instrucción es similar a otra dictada en 2008, después de que la primera ley de memoria reconociera el derecho a obtener la nacionalidad española a los hijos de exiliados y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Durante la vista, la Abogacía del Estado defendió que suspender provisionalmente las nuevas altas automáticas privaría de forma masiva de un derecho reconocido en la Constitución Española a miles de ciudadanos.
La interpretación de la amnistía
Aunque con una envergadura mucho más limitada, el freno del derecho al voto de los descendientes de españoles evoca otras decisiones del Supremo que han cuestionado iniciativas del Ejecutivo. El asunto más patente fue la ley de amnistía, una norma que ha soliviantado como ninguna otra a los jueces conservadores, mayoritarios en la carrera y en la cúpula judicial.
Pese a la claridad de la ley que ya cuenta con el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Alto Tribunal capitaneó las maniobras judiciales para impedir su aplicación. Los jueces de la Sala de lo Penal fabricaron una interpretación sobre la malversación para excluir de la ley a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, sus dos primeros potenciales beneficiarios.
El Supremo interpretó que esos altos cargos debían haber pagado de su bolsillo los gastos del referéndum y, por tanto, se habían ahorrado ese dinero incrementando su patrimonio. Sus delitos se declararon no amnistiables. Y así continúan a la espera de si el Tribunal Constitucional corrige esta decisión el próximo otoño tras avalar la constitucionalidad de la norma en junio del año pasado.
Además, meses antes de que esa norma fuera aprobada de forma definitiva, esos mismos magistrados de la Sala de lo Penal habían llegado incluso a imputar al expresident de la Generalitat por terrorismo, uno de los delitos no amnistiable según la ley pactada con Junts a cambio de la investidura. Esa vía fue anulada por culpa de los errores en la instrucción del juez Manuel García Castellón, quien incumplió los plazos de prórroga en la investigación.
Esta última decisión del Supremo sobre el voto exterior otorga, además, una nueva victoria en los tribunales a Vox, quien se ha convertido en un actor habitual en las causas que afectan al Gobierno o al entorno del presidente. Junto a otras organizaciones ultras como Manos Limpias o HazteOír, el partido de extrema derecha obtuvo su primer gran espaldarazo en la cúspide de la judicatura con la condena al ex fiscal general del Estado por la filtración de información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Con esa condena, también cuestionada por el Ejecutivo, el Supremo avaló la estrategia emprendida por la derecha política y judicial para que el entonces fiscal general fuera llevado al banquillo antes que el propio empresario, investigado desde 2024. En la apertura judicial de hace un año, Álvaro García Ortiz estaba a punto de ser juzgado por revelación de secretos. El acto se celebró también en medio de una tensión creciente derivada de su presencia institucional en un acto que se celebra en el mismo edificio que apenas unas semanas acabó acogiendo el juicio contra él.
Este jueves será su sucesora, Teresa Peramato, quien comparezca por primera vez para dar cuenta de la memoria de la institución. También será el tercer discurso solemne de apertura del año judicial de la presidenta del Supremo y del Poder Judicial, Isabel Perelló, alineada con posiciones muy corporativistas y poco dadas a la autocrítica. Este martes, nueve vocales progresistas del órgano le pidieron por carta que no se limite en su discurso a “presentar cifras o a trasladar responsabilidades a otras instituciones”.
El Supremo abre un nuevo frente al Gobierno en vísperas de la apertura del año judicial 2026
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