Los de Feijóo se apropian de una suspensión cautelar que deriva de sendos recursos de Iustitia Europea y de Vox contra una decisión de la Junta Electoral Central y que deja en el aire el derecho al voto de los recién nacionalizados como descendientes de exiliados
El Supremo frena el derecho al voto de los nacionalizados con la ley de nietos
“Teníamos razón”. Con estas dos solas palabras ha despachado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de buena parte de las personas que han adquirido la nacionalidad española a través de la llamada ‘ley de nietos’. Una medida que el alto tribunal no ha tomado por un recurso del PP, sino de los partidos Iustitia Europea y Vox, y que les sirve para alentar sus denuncias de un supuesto “pucherazo electoral” promovido por el Gobierno.
Las conspiraciones sobre la “ingeniería electoral” de Pedro Sánchez no son nuevas y se retrotraen casi hasta sus primeros meses como presidente. En los meses previos a las elecciones de 2023, las derechas alentaron expresamente los bulos sobre el voto por correo o la incidencia del voto exterior, y no dudaron en usar la palabra “pucherazo”.
Feijóo y los suyos implicaron expresamente en el supuesto complot a Correos, al Instituto Nacional de Estadística, al CIS o a la empresa Indra, encargada del recuento.
Aquellos comicios pasaron sin incidencias significativas. Con las urnas cerradas, y pese a que Feijóo no pudo gobernar por apenas un puñado de votos, las acusaciones decayeron. El voto de los residentes en el extranjero (CERA) cambió un diputado en aquellas generales: en Madrid y a favor del PP.
El ruido sobre las dudas ante los procesos electorales se redujo tras los comicios, al menos el que partía del primer partido de la oposición. Pero regresó cuando volvió a haber convocatorias a las urnas a finales de 2025 en Extremadura y en la primera parte de este 2026.
El PP y Vox no solo no han parado sus insinuaciones, sino que las han elevado de tono. Y el Tribunal Supremo ha tomado una decisión provisional que abona sus teorías.
El alto tribunal paralizó este martes de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’, lo que les podría privar de su derecho al voto en las elecciones autonómicas y generales previstas para 2027, salvo que acrediten documentalmente, tras un largo proceso burocrático, que son descendientes de exiliados. El Supremo no tiene ningún plazo concreto para dictar una sentencia definitiva.
El acuerdo judicial establece que quienes hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 continuarán la tramitación de su expediente de inscripción en el llamado Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Sin embargo, una vez finalizado el expediente, su inscripción quedará suspendida hasta que se dicte sentencia firme.
Hasta la emisión de la sentencia, también se suspende el derecho al voto para las personas que ya están inscritas bajo este mismo supuesto para los sucesivos procesos electorales que se convoquen.
Todo deriva de una ley de 2022 y de una instrucción posterior del Ministerio de Justicia que no fue recurrida en su momento por ninguno de los partidos que ahora pugnan por patrimonializar la decisión del Supremo. Sí lo llevó a los tribunales otra organización minoritaria, pero el TSJ de Madrid lo desestimó por falta de legitimidad.
No ha sido hasta este año cuando las derechas se han lanzado contra la norma. Pero Iustitia Europea y Vox no han recurrido ni la ley ni la instrucción de 2022, sino una decisión de la Junta Electoral Central del pasado 16 de julio. Un organismo administrativo que depende del Congreso de los Diputados y del que forman parte ocho magistrados del Supremo. Una de ellas, Pilar Teso, forma parte de la propia sala que ahora ha tumbado la decisión que ella aprobó.
PP: El Gobierno pretendía alterar las elecciones
La decisión del Supremo ha suscitado una guerra por llevarse el mérito. “El Supremo le acaba de dar la razón al PP, y el Gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades”, aseguró el martes en un videocomunicado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, responsable del argumentario interno tanto en este asunto y en otros de gran relevancia como la crisis de Ceuta.
Ezcurra es una de las portavoces más duras del PP. ‘Ayusista’ que ha escalado hasta la cúpula de la dirección nacional, dijo que “la justicia” ha impedido el “intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral”.
“Porque el Gobierno pretendía, con todo el descaro, alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder”, dijo la también eurodiputada sin aportar una sola prueba. “Hablamos de más de dos millones y medio de solicitudes, más de medio millón de nacionalidades ya concedidas y apenas un 2% de denegaciones. Todo deprisa, todo sin garantías. Y todo a pocos meses de unas elecciones. ¿Raro, no?”, se cuestionaba Ezcurra, quien obvió en su declaración enlatada que el papel del Gobierno en esta ley concluyó en 2022.
“Los españoles merecen saber que Sánchez ha utilizado una instrucción de la hermana de Óscar Puente para acelerar nacionalizaciones en masa, para rebajar garantías y alterar el censo electoral sin un debate parlamentario a la altura de una decisión de esa magnitud”, añadió la dirigente del PP, cuyo partido no mencionó una sola vez ninguna pega a la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática de la que nace el procedimiento ahora suspendido.
“La nacionalidad española es un honor que no se regala”, concluyó su mensaje Ezcurra. El problema es que el Supremo no ha suspendido ni puesto en duda el derecho a la nacionalidad española de esas personas, sino su inscripción en el censo electoral bajo el método acordado por la Junta Electoral.
Desde el Gobierno, el ministro Félix Bolaños aseguró “no compartir” la decisión de los jueces del Supremo y les pidió que tomen una decisión definitiva “lo antes posible”, ya que se trata de “lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto”.
Guerra con Vox
El PP lanzó a sus portavoces a reivindicar el teórico éxito cosechado en el Supremo, aunque su papel jurídico ha sido nulo. Tanto, que la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, optó por felicitar en redes sociales al otro partido que sí ha participado en los recursos, el minoritario y extraparlamentario Iustitia Europea.
Gamarra habla de un “trabajo colectivo que hace que hoy sea un gran día para la Nación”.
Las respuestas de Vox no se hicieron esperar. También en redes sociales, el partido de Santiago Abascal acusó al PP de no actuar, y recordó cuando el hoy líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, reclamaba como presidente de la Xunta de Galicia que se facilitara la participación en las elecciones de los descendientes de los emigrados al cono sur americano.
El tuit de Vox fue respondido por Ezcurra: “Pelear por medallitas es perder el tiempo”.
La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, salió al paso. Ante una sala de prensa vacía en el Congreso, lanzó su dardo al PP: “Unos se limitaron a avisarlo. Otros hemos logrado detener el objetivo de Sánchez de perpetrar un golpe en las próximas elecciones generales”.
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