La trama conspiranoica de Leire Díez, un torpedo en los cimientos del PSOE 2026

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpieron en la mañana del pasado 27 de mayo en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Durante 12 horas, los investigadores se incautaron de un enorme volumen de documentación. Hubo registros en otros domicilios y empresas. El análisis de esa información arrojará más luz sobre la magnitud de un caso que ha vuelto a tambalear los cimientos del partido. Por el momento, en los miles de folios que componen el sumario se agolpan los indicios de que el PSOE financió parte de una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno. 

El avance de esas investigaciones constata que la trama fracasó en su intento de torpedear los casos más comprometidos para los dirigentes socialistas. El exministro José Luis Ábalos, el ex fiscal general del Estado y el hermano del presidente del Gobierno ya han pasado por el banquillo y todo apunta a que su mujer lo hará próximamente. Pero los mensajes y audios intervenidos por orden de la Audiencia Nacional sí revelan los intentos de la trama presuntamente dirigida por el ex ‘número tres’ del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez por desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías. 

Así lo evidencia la intensa agenda de reuniones que esta última mantuvo con personajes muy variopintos a partir de abril de 2024, cuando Santos Cerdán le encargó desplegar una estrategia que tenía un plan dual. Por un lado, neutralizar las citadas causas judiciales. Y, por otro, destapar a la “policía patriótica” en la época del PP para mostrar cómo sus oscuras maniobras tuvieron a Pedro Sánchez como blanco y reforzar así su posición política. “Yo os digo cuál ha sido mi prioridad en todo esto: el presidente, porque sin eso no hay nada más”, escribió Leire Díez en un mensaje incautado por la UCO. 

Uno de los ejes de esa estrategia era, por tanto, desestabilizar cualquier procedimiento judicial o policial que pudiera afectar a los intereses del Gobierno y del PSOE. Especialmente, al entorno familiar del presidente. De hecho, el germen de estas actuaciones es una reunión que el entonces secretario de Organización del partido convocó en la sede de Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que Pedro Sánchez cancelara su agenda para decidir si continuaba en el cargo ante “la campaña de acoso” contra su esposa, que acababa de ser imputada por el juez Juan Carlos Peinado. 

Con ese objetivo, la trama se acercó a guardias civiles o empresarios imputados en diversas causas, como los hidrocarburos. Les ofrecían supuestos acuerdos favorables de la Fiscalía, destinos privilegiados o “protección” en sus procedimientos a cambio de información comprometedora sobre los responsables de sus investigaciones, que eran los mismos que lideraban las que afectaban al entorno del Gobierno: el teniente coronel de la UCO Antonio Balas y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. También intentaron encontrar trapos sucios de los instructores de las causas contra la mujer y el hermano del presidente, Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma. 

Asimismo, buscaron fallos en las instrucciones policiales que les permitieran crear un efecto dominó y anular las causas vinculadas al Gobierno, así como alimentar las dudas sobre el conjunto de las investigaciones ante la opinión pública. La trama no dudó en utilizar el soborno en ocasiones como medio para lograr sus fines, según la UCO. La realidad constata, sin embargo, que esa estrategia fue un absoluto fracaso. Todas las causas que la trama quiso desbaratar siguen en marcha. Algunas, como la del hermano de Sánchez, se están juzgando esta misma semana. Y las pocas que terminaron en archivo o absolución llegaron a ese desenlace por razones ajenas a la exmilitante, que actuó de la mano de aliados de dudosa reputación y arropada por mandos socialistas del más alto nivel.

Antes del encargo de Santos Cerdán en abril de 2024 —y de que el PSOE empezara a financiar sus actividades—, Leire Díez se había movilizado para torpedear causas que afectaban, principalmente, al socialismo andaluz, como los ERE, Isofotón o Aznalcóllar. La UCO sitúa el inicio de estos movimientos en 2020, meses después de que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández fuera imputado en el último de esos casos y tuviera que dejar su cargo (fue absuelto años después). Leire Díez y Vicente Fernández tenían una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público, donde la exmilitante era responsable de comunicación de ENUSA, la empresa pública del sector nuclear.

En paralelo, la UCO apunta a que ambos habrían puesto en marcha a partir de 2021 junto a Santos Cerdán y un empresario amigo de este —Antxon Alonso— una operativa para “orientar” expedientes de ayudas y rescates públicos dependientes de la SEPI. Para ello, se valían supuestamente de la capacidad de influencia que aún conservaba Vicente Fernández en el conglomerado público. A cambio, presuntamente, cobraban mordidas. Esta es la línea de investigación sobre la SEPI que investiga de forma simultánea la Audiencia Nacional. Santos Cerdán emitió este viernes un comunicado en el que negó su implicación en estos casos y acusó a la UCO de “destrozar personas”. 

Información sobre la brigada política

De vuelta a las maniobras de la trama conspiranoica, el otro eje de trabajo para defender al Gobierno tras la encomienda de Santos Cerdán fue conseguir material sonoro y documental que evidenciara cómo Pedro Sánchez había sido víctima de la policía política que actuó amparada por el Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy, así como trapos sucios de sus rivales políticos. “Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez. De Manos Limpias. El PP. Y la comisaría general de información”, le escribió la periodista Patricia López —ahora fallecida— a Leire Díez el mismo día que Sánchez amenazó con dimitir. 

Buscando pruebas de esas maniobras, Leire Díez se reunió con algunos de los protagonistas de ese grupo parapolicial que operó en la época del PP. El sumario acredita que se vio en dos ocasiones en julio de 2024 con el secretario de Estado de Seguridad de esa época, Francisco Martínez, quien se sienta ahora en el banquillo acusado por esas maniobras que forman el caso Kitchen. La exmilitante se presentó como una emisaria que “ha puesto el PSOE” y le ofreció un pacto con la Fiscalía para “sacarle” de esa investigación. A cambio, le pidió que colaborara aportando información para “limpiar” las instituciones y desentrañar operaciones policiales del pasado. 

Martínez le dijo en la segunda de esas reuniones que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había investigado en 2015 a Pedro Sánchez y había hecho informes sobre las saunas que regentaba su suegro, según un audio que consta en el sumario. El traslado de esa información no mejoró su situación procesal. La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros, en el ‘caso Kitchen’ por el que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional. 

Leire Díez también se alió con el comisario José Villarejo, al que ofreció un supuesto trato de favor en sus causas judiciales a cambio de que él aportara grabaciones, notas e informes que todavía no habían salido a la luz y que supuestamente implicaban a toda la cúpula del Gobierno de Rajoy e incluso al juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena en la citada brigada política. El supuesto acuerdo incluía un pacto con la Fiscalía que evitara la eventual entrada en prisión de Villarejo y que parte de su patrimonio fuera salvaguardado. 

Al final, esa alianza salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la exmilitante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. El sumario revela que el fiscal del caso rechazó cualquier acercamiento y apunta a la existencia de una reunión entre el abogado del comisario y el entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz, que el letrado negó en su declaración ante la UCO. Villarejo acumula varias condenas y tiene abiertos todavía varios procedimientos en la Audiencia Nacional. 

En esa cruzada, Leire Díez contó también con la colaboración de Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. Dolset ha recabado en los últimos nueve años abundante información sobre las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

De hecho, la investigación ha revelado que antes del encargo de Santos Cerdán, Leire Díez y Pérez Dolset llevaban tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Fue a partir de ese momento cuando el PSOE, bajo las órdenes de quien fuera su ‘número tres’, empezó a dar un soporte financiero y logístico a la trama. Leire Díez cobró —a través de empresas interpuestas— algo más de 43.000 euros en medio año. Además, el partido sufragó viajes suyos y de Pérez Dolset y alojó al menos 22 reuniones de la trama. Estos hechos son los que utiliza la UCO para señalar al PSOE como financiador. Pero también abren el interrogante sobre el alcance del conocimiento de estas maniobras en la cúpula del partido.

El sumario recoge algunos mensajes en los que la exmilitante hace referencias al “one” [uno, en inglés]. La UCO infiere que con ese apelativo “solo” pueden estar refiriéndose a Pedro Sánchez, si bien en la investigación judicial no constan por el momento indicios de que estas operaciones irregulares se hicieran por orden o con el conocimiento del secretario general del PSOE.

“Nunca he conocido ni se me ha informado de las andanzas de la señora Leire Díez. Ni lo avalé ni tuve información. Nunca lo hubiera tolerado”, dijo este viernes Pedro Sánchez desde Bruselas. En la última Ejecutiva del partido, el pasado lunes, el presidente pidió a sus dirigentes que salgan a defender contra viento y marea la acción del Gobierno y a difundir el mensaje de que una confluencia de intereses judiciales, políticos y mediáticos intenta tumbarlo con malas artes.

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