Fernando Camino deberá comparecer como investigado el próximo 3 de diciembre, 17 meses después de que la acusación popular solicitara la medida por primera vez
Operación Cirbelia: la investigación de la UCO a la pareja de Ayuso no arranca por falta de autorización del juez
El juez Antonio Viejo ha citado para el próximo 3 de diciembre a Fernando Camino, director de Quirón Prevención, para que declare como investigado por el presunto reparto de una comisión con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que ambos habrían obtenido de la compraventa de mascarillas en pandemia y de la que habrían ocultado su reparto, según una providencia del juzgado a la que ha tenido acceso elDiario.es.
El empresario y comisionista Alberto González Amador compró en 2020 una sociedad sin apenas valor por medio millón de euros a Gloria Carrasco, una farmacéutica de León casada con Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Los dos jueces del caso, la Fiscalía y la acusación popular sospechan que el precio de la sociedad se hinchó para ocultar un “soborno”.
La primera petición de la acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madridr para que declarara Fernando Quirón se remonta a mayo de 2025, 19 meses atrás. Ese verano de 2025 el caso sufrió un parón con la salida del juzgado de su primera instructora, Inmaculada Iglesias, que se jubiló. Su sustituto, Antonio Viejo, tardó meses en ponerse al día con el juzgado y ha sido apremiado por la Fiscalía y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que autorizara el acceso a datos bancarios y societarios de González Amador.
El pasado junio, Viejo accedió a que la Guardia Civil rastreara las cuentas de González Amador y de la mujer de Fernando Camino, la otra investigada en esta pieza separada del caso de fraude fiscal que sentará en el banquillo a la pareja de Ayuso. Pero en esa decisión, el juez no satisfizo todas las peticiones de los investigadores.
Dos son las líneas de investigación que se siguen en este sentido. La primera de ellas sostiene que Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención, ostentaba otro cargo además del que tiene en la empresa sanitaria. Camino era consejero de una empresa gallega llamada Mape y habría intercedido para que esta comprara 42 millones de euros en material sanitario de protección a una sociedad catalana. Lo habría hecho sabedor de que esa empresa de Cataluña habría acordado previamente pagar una comisión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso de un 4,5% por cada venta que obtuviera.
La compra de la sociedad de la mujer de Camino por parte de Alberto González Amador habría sido la forma de ocultar el porcentaje de la comisión que se llevaría el presidente de Quirón por haber facilitado la operación de compraventa de material sanitario desde su silla en el consejo de administración de Mape. Una cuarta parte de los 1.973.000 euros del pelotazo de González Amador, cerca de 500.000, habrían acabado de esta forma en el bolsillo de Camino.
La segunda tesis que estableció la primera jueza del caso pasa porque ese medio millón de euros por esa sociedad, llamada Círculo de Belleza SL, podía corresponderse con el “soborno” de Alberto González Amador por el incremento de la facturación a Quirón Prevención, que preside Fernando Camino. La sociedad apenas había facturado 30.000 euros en el ejercicio que precedió a la venta y su capital consistía en tres aparatos de depilación amortizados y un ordenador portátil.
González Amador trabaja con esta división de la empresa sanitaria desde 2017, pero el año que comenzó su relación con Isabel Díaz Ayuso aumentó su facturación por cuatro. El Grupo Quirón es el gran beneficiado de la política de gestión privada de la sanidad pública que desarrolla el Gobierno de Ayuso, con casi 1.000 millones de euros públicos de facturación al año.
Como adelantó elDiario.es en junio pasado, González Amador facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. Se trata de operaciones facturadas por sus sociedades Maxwell Cremona y Masterman & Whitaker por servicios de consultoría en los que Hacienda ha hallado “indicios de simulación” al canalizar el empresario parte de esos ingresos a través de la segunda de esas empresas, a la que la Agencia Tributaria ya calificó de “pantalla”.
Pese a los indicios recabados en la instrucción, a fecha de hoy solo han declarado en el juzgado por el presunto soborno Alberto González Amador y la antigua dueña de la empresa, Gloria Carrasco, la mujer del directivo de Quirón. Sus comparecencias presentaron serias contradicciones entre ellas, principalmente cuando intentaron dar cada uno su versión de por qué Círculo de Belleza, con tan poco valor, costó medio millón de euros. Esas discrepancias fueron el desencadenante para que la Fiscalía solicitara a la jueza dar un salto en la investigación en implicar a la UCO.
En la providencia por la que cita por fin a Camino, dictada el pasado 1 de octubre, el juez también da traslado a las partes para que se posicionen sobre la solicitud de la Agencia Tributaria de detener las inspecciones que abrió al propio Camino, a Quirón Prevención y a Helios Helthcare Spain a raíz de sus primeras averiguaciones, como marca la ley mientras existe una investigación judicial que se impone a la tributaria.
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